24 хв читання
Todas las guerras generan, de forma consciente o inconsciente, una narrativa oficial sobre sí mismas. Una pareja que se casa pocos días antes de que ambos partan al frente. Abuelas tejiendo redes de camuflaje. Esta es la narrativa con la que Occidente ha llegado a identificar la guerra. Es una narrativa verdadera y legítima; la retórica del coraje y la resistencia se ha convertido en la piedra angular de la forma en que Ucrania se presenta ante el mundo desde el inicio de la invasión a gran escala. Además, en un contexto de creciente fatiga frente a la guerra, ha demostrado ser especialmente eficaz para sostener la comunicación estratégica y la moral nacional.
Dicho esto, ¿dónde radica el problema de la narrativa heroica si no es falsa ni exagerada? El principal problema es que presentarla como el único marco explicativo posible del éxito de la resistencia ucraniana resulta insuficiente. La narrativa heroica responde a la pregunta «¿Es la sociedad civil ucraniana valiente y resiliente?», pero no a «¿Por qué y cómo el Estado ucraniano es capaz de resistir de manera indefinida en una guerra asimétrica?». Si el análisis se limita al coraje individual, se pasa por alto la explicación de cómo ha surgido un sistema de producción a gran escala o de qué manera se coordina la red militar en la línea del frente.
La principal explicación reside en las instituciones que impulsaron una transformación acelerada y convirtieron estos actos individuales de valentía de la sociedad civil en infraestructuras institucionales. Para comprender mejor por qué Kyiv decidió emprender estas rápidas transformaciones, cuál fue el punto de inflexión y por qué se implementaron precisamente estas transformaciones y no otras, es necesario remontarse a 2014 y a su expresión más acabada: Brave1. Analizar la creación de este ecosistema implica examinar la máxima expresión institucional mediante la cual Ucrania, bajo la presión de la agresión externa, construyó una arquitectura tecnológica multidimensional capaz de conectar, de forma horizontal y casi simultánea, a empresas emergentes, inversores, desarrolladores y estructuras estatales. En una jerarquía vertical y centralizada, estos actores habrían operado de manera lenta y burocrática.
No se trata de restar mérito a una parte para atribuírselo a otra, sino de señalar el problema de la forma en que los medios occidentales informan sobre la guerra. Al centrarse exclusivamente en la imagen del soldado valiente, esta narrativa suele dejar de lado el marco institucional — construido en gran medida desde la base como un movimiento de iniciativa ciudadana — que ha sido capaz de desarrollar una capacidad institucional sustentada en ese coraje.
Además, la idealización de la resistencia individual es políticamente peligrosa. Exime al agresor externo de responsabilidad y, hasta cierto punto, normaliza el sufrimiento de toda una sociedad al presentarlo de manera indirecta, casi como un rasgo cultural o una característica del carácter nacional. En lugar de mostrarse como la consecuencia directa de una invasión, en la que la sociedad agredida no tiene otra opción.
Según el periodista Peter Swope, la idealización mediática del sacrificio en combate acaba desviando la atención de la verdadera brutalidad de la guerra. Reconocerlo no disminuye el valor de lo que está haciendo la sociedad civil ucraniana; por el contrario, le devuelve su humanidad y su realismo, al mostrar que el sufrimiento no forma parte de su naturaleza.
Asimismo, la comunicación de guerra bajo el liderazgo del presidente ucraniano ha evitado construir una narrativa centrada en el individuo. Según un análisis realizado con NVivo, Zelenski pronunció la palabra «Ucrania» 1.726 veces y «pueblo» 1.236 veces durante los seis primeros meses de la guerra. El pronombre «yo», utilizado en sentido personal, prácticamente no apareció. Al enumerar los logros en sus discursos, no construye un culto a la personalidad, sino una identidad colectiva: emplea «nosotros» para referirse al pueblo ucraniano y «vosotros» para dirigirse a los defensores del país. Incluso el principal representante de la resistencia ucraniana ante Occidente ha estructurado su comunicación en sentido contrario, centrándola en la capacidad de acción colectiva y no en su propia capacidad de acción individual. Por tanto, una interpretación centrada en el individuo constituye una simplificación excesiva formulada desde el exterior, más que un reflejo de la manera en que Ucrania se explica a sí misma.
Es importante señalar que 2022 marca el inicio de la invasión a gran escala, no el comienzo de la agresión rusa. Por ello, 2014, con la anexión de Crimea y la invasión rusa del este de Ucrania, fue el año en que Kyiv comprendió que ninguna garantía externa — diplomática, jurídica o militar — podía sustituir su propia capacidad de autodefensa. En consecuencia, es fundamental entender que la escalada territorial de la guerra en 2022 no supuso un «shock», ya que Ucrania llevaba ocho años invirtiendo en su propia infraestructura institucional antes de que esta se convirtiera en un factor decisivo para su resistencia.
Mientras Ucrania intentaba recuperar el control de Crimea, ya anexionada por Rusia, el entonces presidente Petro Poroshenko viajó a Estados Unidos para solicitar al Congreso un mayor suministro de ayuda militar letal, incluidos misiles Javelin. Sin embargo, la Administración Obama limitó la ayuda a asistencia estrictamente humanitaria y no letal (chalecos antibalas, gafas de visión nocturna y vehículos), rechazando las solicitudes de enviar apoyo militar letal. La casi total ausencia de apoyo exterior a Ucrania en los primeros años posteriores a 2014 se debió principalmente a la teoría militar de la «dominación de la escalada». Esta teoría, desarrollada por Herman Kahn, se representa mediante una escalera de cuarenta y cuatro peldaños: en el nivel inferior se sitúa una crisis de baja intensidad y, en el superior, una guerra nuclear total. La dominación de la escalada depende de la capacidad y la credibilidad del actor. Un actor puede dominar la escalada frente a su adversario cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones: disponer de una capacidad real para escalar el conflicto, ser creíble en cuanto a la posibilidad de hacerlo y que el adversario reconozca la posibilidad de ambas situaciones. Aplicada a la guerra en el Donbás, desde la perspectiva occidental, Rusia demostró esa dominación en Ilovaisk y Debáltseve, donde, independientemente de los avances ucranianos, Rusia desplegó capacidades adicionales y prevaleció. Ante cualquier escalada por parte de Ucrania, Rusia respondía con una escalada mayor. En consecuencia, Washington concluyó que cualquier ayuda sería contraproducente tanto para Estados Unidos como, sobre todo, para Ucrania.
Esta interpretación de los acontecimientos desde la perspectiva de la dominación de la escalada no es ni aislada ni retrospectiva. Existen importantes críticas por parte de centros de estudios especializados en seguridad acerca de cómo la aplicación defensiva de esta doctrina produjo precisamente el resultado que pretendía evitar. Según el Atlantic Council, la respuesta a la ocupación de Crimea fue «un error geopolítico de proporciones históricas que envalentonó a Vladímir Putin y preparó el terreno para la mayor invasión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial». La ausencia de escalada fue interpretada como un éxito de la disuasión. Sin embargo, en realidad constituyó una muestra de debilidad. Las advertencias verbales sin un coste real — o lo que James Fearon denomina cheap talk — no modificaron los cálculos del adversario, ya que no implicaban ningún compromiso. Las únicas señales que sí conllevan un coste son una movilización militar explícita o un compromiso público difícil de revertir. Entre 2014 y 2018, la Casa Blanca envió al Kremlin señales sin coste, sin llegar a convertirlas en señales costosas y creíbles. No fue hasta 2018 cuando Estados Unidos proporcionó por primera vez asistencia no letal mediante el suministro de misiles antitanque Javelin, una decisión a la que posteriormente se sumaron otros países, como la República Checa.
Las reiteradas declaraciones de la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y Alemania de que no intervendrían directamente en caso de una invasión rusa tuvieron un impacto significativo en el cálculo de costes de Rusia. Debido a la escasez de armamento letal y a la falta de implicación de los aliados occidentales, el mando militar ruso calculó que las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrían resistir de manera indefinida y, por tanto, estimó que los costes de una guerra contra Ucrania serían asumibles y limitados, sin generar consecuencias significativas para el país ni para su economía.
Numerosos análisis internacionales han señalado que la débil respuesta a la anexión de Crimea «envalentonó» a Rusia. Esta perspectiva del Kremlin confirma que la falta de compromiso occidental en 2014 fue suficiente para que el agresor concluyera que la guerra le reportaría más beneficios que costes. Asimismo, demuestra que no se trata de una percepción errónea de Ucrania respecto a sus aliados occidentales. El hecho de que dos actores con intereses completamente opuestos coincidan en que el apoyo prestado a Ucrania entre 2014 y 2021 fue insuficiente para generar una disuasión efectiva demuestra que se trata de un hecho constatado por ambas partes.
Por tanto, no se trata de una desconfianza infundada hacia sus aliados, sino de una evaluación realista de la situación basada en pruebas empíricas. Sobre esta base, Ucrania comenzó a tomar la decisión de no depender exclusivamente de acuerdos, actores externos, memorandos o incluso de organizaciones internacionales para garantizar su propia seguridad e integridad territorial. El proceso de Minsk, liderado por Francia y Alemania entre 2014 y 2015, reforzó aún más esta conclusión de Kyiv.
Si la reticencia de los aliados a suministrar armamento a Ucrania constituyó una señal militar de que Occidente no estaba dispuesto a asumir los costes reales de garantizar la seguridad de Ucrania, los procesos de Minsk demostraron lo mismo en el plano diplomático.
Se trató de planes de paz impulsados por el entonces presidente de Ucranique abarcaban una serie de áreas multidimensionales: seguridad, cuestiones humanitarias, asuntos económicos y aspectos políticos. El primer acuerdo se firmó en septiembre de 2014 tras la «tragedia de Ilovaisk», y el Minsk II en febrero de 2015. Aunque ambos acuerdos contemplaban un alto el fuego, la retirada del armamento pesado de la línea de contacto y un estatus especial para las regiones separatistas del Donbás bajo la supervisión de la OSCE, las violaciones del alto el fuego se registraron pocos minutos después de su entrada en vigor. Sin embargo, dado que el fracaso operativo de los acuerdos ya ha sido ampliamente documentado, lo que ha recibido mucha menos atención es por qué fueron diseñados de tal manera que, incluso mientras se implementaban, numerosos analistas daban por hecho que fracasarían. Los acuerdos no imponían obligaciones directas a Rusia, ya que Moscú se presentaba como mediador y no como parte beligerante, situándose al mismo nivel que Francia, Alemania y la OSCE, pese a que prestaba apoyo militar a las fuerzas separatistas sobre el terreno. El hecho de no reconocer a Rusia como parte del conflicto en los documentos, aunque en la práctica dirigía de forma demostrable el desarrollo del conflicto, permitió al Kremlin aumentar o reducir la intensidad de la invasión según le conviniera en cada momento: intensificar los combates cuando le interesaba presionar a Kyiv o reducirlos para aliviar la presión internacional sobre Rusia. Todo esto se produjo sin ningún coste político real, algo que habría ocurrido si Rusia hubiera sido reconocida como Estado agresor y como parte del conflicto.
Este defecto fundamental de diseño hizo que, con los Acuerdos de Minsk, se reprodujera el mismo resultado observado previamente en el ámbito militar: un compromiso sin costes reales, que dejaba abierta la posibilidad de incumplimiento. Del mismo modo que se emitieron advertencias verbales sin respaldarlas con armamento letal, también se establecieron marcos de compromiso que carecían de mecanismos vinculantes de aplicación.
Las conclusiones en los ámbitos militar y diplomático conducen al mismo resultado a través de dos líneas de razonamiento independientes: ni la ayuda militar — limitada por la doctrina de la dominación de la escalada — ni el marco diplomático — condicionado por acuerdos deficientemente diseñados —establecieron mecanismos efectivos de cumplimiento. Esta doble constatación explica por qué Kyiv llegó a la conclusión de que ninguna garantía externa podía sustituir su propia capacidad de autodefensa.
Por ello, las transformaciones institucionales de Ucrania — desiguales, imperfectas, pero progresivas y reales — comenzaron en 2014 y no en 2022. No fue la invasión a gran escala la que llevó a Ucrania a alcanzar estas conclusiones, sino la que las reafirmó. En consecuencia, la resistencia y la resiliencia de Ucrania desde 2022 no constituyen una respuesta espontánea, sino el resultado de un Estado que dedicó ocho años a construir una infraestructura institucional que el impacto de 2022 acabaría poniendo a prueba.
Ante la falta de una respuesta internacional a los acontecimientos en Ucrania, tanto Kyiv como la sociedad civil ucraniana emprendieron profundas transformaciones internas en el sector de la defensa, algunas de las cuales tuvieron que construirse desde cero. Estas tres transformaciones no pueden entenderse de manera aislada, ya que es precisamente su existencia simultánea la que explica por qué y en qué momento Ucrania decidió integrar estos tres elementos — que se habían desarrollado por separado durante casi una década — a partir de 2022. Este proceso condujo a la creación de Brave1, pero antes es necesario explicar los tres componentes que dieron origen a este ecosistema.
La primera transformación consistió en el abandono de la doctrina de mando centralizado en favor del mando orientado a la misión, una doctrina consolidada y ampliamente adoptada por las fuerzas armadas modernas. Este modelo pone el énfasis en la importancia de que los mandos confíen en sus subordinados, otorgándoles la autonomía necesaria para tomar decisiones críticas en tiempo real y adaptarse a las circunstancias sin depender de instrucciones rígidas y constantes. En 2014, el ejército ucraniano carecía de todas las características propias de este modelo: los distintos batallones no tenían iniciativa y tampoco existía una interoperabilidad efectiva entre ellos. Cuando llegaba la autorización para ejecutar un ataque, la oportunidad táctica ya se había perdido.
Con el apoyo de Estados Unidos y de algunos países europeos miembros de la OTAN, Ucrania creó por primera vez un cuerpo profesional de non-commissioned officers (NCO), una función que hasta entonces era prácticamente inexistente. Este fue el primer paso hacia la adopción de un modelo de toma de decisiones descentralizado y la construcción de un mecanismo de confianza mutua entre los distintos niveles de mando. Estas unidades adquirieron competencias fundamentales para perfeccionar el mando orientado a la misión: comprensión compartida de la situación, intención del comandante, órdenes de misión, iniciativa disciplinada y aceptación del riesgo, lo que les otorgó una ventaja significativa frente a Rusia.
El segundo grupo de reformas se basó en un cambio de prioridades en materia de adquisiciones y en el fin del monopolio estatal sobre la producción de armamento. Antes de 2014, Ukroboronprom (el conglomerado que agrupaba a las empresas del complejo militar-industrial ucraniano) decidía qué armamento debía desarrollarse, orientando la producción hacia la preservación de sistemas de armas de la época soviética en lugar de impulsar nuevas capacidades. Para una empresa de este tipo resultaba más rentable y sencillo seguir produciendo los mismos tanques y la misma munición sin modificar las líneas de producción que invertir en nuevas tecnologías, investigación, asumir riesgos y destinar más tiempo al desarrollo.Por ello, aunque se produjeron algunos cambios, estos fueron mínimos: en 2020, el 20 % de los proyectos de investigación y desarrollo llevaban veinte años o más en ejecución sin ofrecer resultados tangibles, funcionando como mecanismos para desviar fondos públicos. Ukroboronprom estuvo marcado por importantes escándalos de corrupción, una clasificación excesiva de la información y un proceso de toma de decisiones excesivamente centralizado: entre 2014 y 2020 solo se atendió el 13 % de las solicitudes del Estado Mayor para desarrollar o modernizar equipamiento militar.
A medida que salían a la luz diversos casos de corrupción dentro de Ukroboronprom, aumentó la presión ejercida por organizaciones anticorrupción de la sociedad civil ucraniana, especialmente NAKO, Independent Anti-Corruption Commission, una comisión independiente dedicada a supervisar la corrupción, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en apoyo de la seguridad nacional y la soberanía de Ucrania. Fue fundada en 2016 como una iniciativa conjunta de Transparency International Ukraine y Transparency International Defence & Security. Gracias a la presión de NAKO y de los socios occidentales, en 2017 Ukroboronprom se comprometió a someterse a una auditoría internacional. En 2018, además, asumió el compromiso de que dicha auditoría se ajustaría a las normas internacionales e incluiría una evaluación de su gobierno corporativo conforme a los estándares de la OCDE. NAKO participó directamente en la elaboración del proyecto de ley para reformar el conglomerado, presentando enmiendas concretas ante la Verjovna Rada antes de su aprobación, entre ellas la designación del Consejo de Ministros como única entidad responsable de gestionar las empresas de la industria de defensa transformadas, con el fin de minimizar los conflictos de interés, entre otras medidas.
El resultado fue una ley promulgada por Volodímir Zelenski en 2021, que estableció la transformación de Ukroboronprom en una sociedad anónima conforme a los estándares de gobierno corporativo de la OCDE. Con un único accionista — el Estado, representado por el Consejo de Ministros — la ley dispuso la reestructuración corporativa de sus 118 empresas, hasta entonces dispersas con el objetivo explícito de introducir estándares modernos de gobierno corporativo para protegerlas de los riesgos de corrupción, los conflictos de interés y la influencia política directa, así como de facilitar la creación de empresas conjuntas con socios nacionales y extranjeros, la transferencia de tecnología y la atracción de inversión directa, incluida la extranjera, destinada a la fabricación de armamento moderno.
El último componente de Brave1 fue el desarrollo de una cultura de innovación en torno a los drones. Hasta 2014, las Fuerzas Armadas de Ucrania no disponían de ningún dron moderno. Lo más parecido era el Tupolev Tu-143, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de reconocimiento táctico de corto alcance desarrollado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En consecuencia, para entonces ya era prácticamente ineficaz para las operaciones militares modernas. La respuesta a esta carencia no provino del Ministerio de Defensa, sino de la sociedad civil y de los voluntarios. Durante la invasión rusa del este de Ucrania, Volodýmyr Kochetkov-Sukach y otros colaboradores fundaron Aerorozvidka, una organización no gubernamental que colabora estrechamente con las Fuerzas Armadas de Ucrania y se dedica a construir o modificar drones comerciales, adquiridos en establecimientos de venta al público, para adaptarlos a su empleo en un contexto militar. Al mismo tiempo, se creó Come Back Alive, una de las mayores organizaciones no gubernamentales de Ucrania, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de vehículos no tripulados, equipos de inteligencia y la formación de militares.
Con el tiempo, ambas organizaciones evolucionaron hasta desempeñar un papel fundamental en estas transformaciones. Aerorozvidka fue pionera en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados multirrotor, como el octocóptero R18, capaz de transportar cargas útiles o realizar lanzamientos de munición de precisión, con despegue vertical, una autonomía de vuelo de 40 minutos y una capacidad de carga de 5 kg. Por su parte, Come Back Alive se convirtió en una de las primeras organizaciones en obtener una licencia para adquirir en el mercado internacional bienes de uso militar y de doble uso, incluido armamento letal.
Sin embargo, el hecho de que surgieran de la sociedad civil y no de una estructura estatal supuso importantes limitaciones y puso de manifiesto la necesidad de crear Brave1. La integración del armamento desarrollado por empresas emergentes de la sociedad civil fue lenta y desigual. Por ejemplo, el VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) de reconocimiento Furia, desarrollado en 2014 por la empresa Athlon Avia, con sede en Kyiv, no fue adoptado oficialmente hasta 2019. La innovación existía, pero tardó construir un puente entre esos avances y las instituciones encargadas de formalizarlos.
Por lo tanto, los tres pilares principales que sustentaron la creación de Brave1 son:
Así, el problema no era la falta de voluntad política ni de legislación, sino la ausencia de un ecosistema capaz de integrar estas tres transformaciones en un sistema que pudiera operar al ritmo que exige una guerra a gran escala.
Este ecosistema institucional es también una de las principales razones por las que la ayuda militar y financiera de los aliados ha resultado tan eficaz. Aunque en algunos aspectos esta ayuda es esencial, ya que Ucrania sigue dependiendo en gran medida de los sistemas de defensa antiaérea suministrados por Estados Unidos – especialmente de los sistemas Patriot – para proteger su infraestructura crítica. Sin embargo, si se considera esta ayuda como el único factor explicativo de la resiliencia del país, se pasa por alto la propia capacidad de acción de Ucrania y este ecosistema en desarrollo. Dicha ayuda ha funcionado de manera indispensable como multiplicadornon; sin embargo, solo puede operar sobre una base que ya existe dentro del país. Si la infraestructura institucional no existiera y no pudiera integrar, operar y desplegar la ayuda de forma efectiva, esta habría sido mucho menos eficaz de lo que es ahora.
La plataforma se lanzó oficialmente en 2023 como una iniciativa conjunta del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, el Ministerio de Defensa de Ucrania, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania y el Ministerio de Economía de Ucrania.
Hasta la fecha, es la única plataforma tecnológica que actúa como puente de cooperación entre las empresas de tecnología de defensa, el Estado y las fuerzas armadas, así como con inversores, organizaciones voluntarias, medios de comunicación y todos aquellos que están ayudando a acercar a Ucrania a la victoria a través de la tecnología. Su objetivo principal es crear una vía rápida, libre de la burocracia que entorpece la toma de decisiones, para el desarrollo de tecnologías de defensa, que abarque todas las etapas de su creación, desde la idea inicial hasta la certificación militar formal.
Hasta la fecha, es la única plataforma tecnológica que actúa como puente de cooperación entre las empresas de tecnología de defensa, el Estado y las fuerzas armadas, así como con inversores, organizaciones voluntarias, medios de comunicación y todos aquellos que están ayudando a acercar a Ucrania a la victoria a través de la tecnología. Su objetivo principal es crear una vía rápida, libre de la burocracia que entorpece la toma de decisiones, para el desarrollo de tecnologías de defensa, que abarque todas las etapas de su creación, desde la idea inicial hasta la certificación militar formal.
No obstante, antes resulta necesario explicar en detalle cómo funciona Brave1 en su conjunto para comprender su impacto y desarrollo. El proceso de solicitud lo inician los propios desarrolladores al registrarse en el portal del Fondo Ucraniano de Startups (USF, por sus siglas en inglés), un procedimiento relativamente sencillo y con mínima burocracia. Existe un proceso de selección que excluye a las empresas con vínculos con Rusia o con antecedentes cuestionables en materia de cumplimiento fiscal o legalidad. Antes de Brave1, no existía un punto único de acceso para los desarrolladores de tecnología de defensa, lo que dificultó el trabajo de muchos fabricantes en las primeras etapas de desarrollo. Una vez aprobado, el proyecto se remite a un comité de unos 80 expertos con experiencia científica, técnica y militar. Cada proyecto se asigna a tres de estos expertos, quienes lo evalúan según diversos criterios — escalabilidad, relevancia para la seguridad nacional, aplicabilidad en el frente, etc. — y le otorgan una puntuación, con un umbral mínimo de 6 puntos. Los proyectos que se sitúan en el 50% inferior no son aceptados. El 50% superior pasa a ser participante oficial de Brave1, con el estatus conocido como «BRV1». Y de ese grupo, solo el 20-25% superior resulta elegible para recibir subvenciones, que oscilan entre 50,000 y 200,000 dólares por producto, no por empresa, lo que significa que una misma empresa con varios desarrollos en curso puede solicitar múltiples subvenciones simultáneamente.
Según cifras oficiales, para abril de 2025, Brave1 había distribuido unos 30 millones de dólares en aproximadamente 500 subvenciones. Para los desarrolladores extranjeros, en 2025 se puso en marcha la iniciativa «Test In Ukraine», ofreciendo la oportunidad de probar sus sistemas en condiciones reales de combate junto a unidades ucranianas con amplia experiencia sobre el terreno. Hasta la fecha, 45 empresas se han sumado a esta iniciativa. Por último, para ser validados, los productos ucranianos necesitan un Número de Catálogo OTAN (NSN, por sus siglas en inglés) que permita su adquisición por parte del Estado. Este es un proceso que puede tardar hasta dos o tres años en países de la UE o en Estados Unidos.
Sin embargo, para acelerar la innovación, Brave1 acompaña a los desarrolladores a lo largo de este proceso, reduciendo el plazo a dos o tres meses. En su primer año, Brave1 funcionó principalmente como un programa de subvenciones, otorgando 186 ayudas por valor de 3 millones de dólares destinadas a financiar el desarrollo de ideas y prototipos, en lugar de productos terminados. Una de las empresas beneficiarias de estas subvenciones describió a Brave1 como un «inversor ángel» gubernamental, por conceder pequeñas subvenciones a nuevos proyectos, empresas emergentes e investigación y desarrollo en fase inicial. Otra empresa elogió a la plataforma por ayudarles a organizar pruebas de campo de sus productos en colaboración con unidades de las Fuerzas de Defensa. Dos años después, en 2025, el número de inventos se había multiplicado; sin embargo, el cambio más significativo fue lo que esto había permitido: proyectos reales y terminados, listos para su despliegue. Debido al elevado número de estos proyectos, en abril de 2025 se lanzó Brave1 Market, una plataforma en línea donde las unidades militares pueden iniciar sesión y consultar el catálogo disponible de más de mil productos, que van desde drones hasta herramientas basadas en inteligencia artificial. Las compras se realizan igual que en una tienda en línea convencional, haciendo el pedido directamente con el presupuesto de la unidad, lo que permite ahorrar el tiempo que tradicionalmente conlleva el proceso de adquisición.
Al observar el funcionamiento de Brave1, resulta evidente que ha integrado con eficacia las reformas documentadas. En el comité de expertos, la composición ha pasado de personal militar a personal civil, y cada proyecto se evalúa caso por caso. Antes de las reformas de 2014, una orden debía recorrer toda la cadena de mando antes de poder ejecutarse. En Brave1, ni el personal civil ni el militar espera al otro; no existe una jerarquía rígida. Esto ha permitido que un proyecto pase del registro a la obtención de una subvención en cuestión de semanas, en lugar de años – un proceso que antes llevaba mucho más tiempo bajo el antiguo sistema del Estado Mayor General. Además, permite que las tecnologías más necesarias en el contexto del conflicto lleguen al campo de batalla con mucha mayor rapidez, sin que la respuesta táctica se vea retrasada por el paso del tiempo.
Como se ha analizado anteriormente, los principales problemas de Ukroboronprom eran la lentitud, el secretismo y el hecho de que el conglomerado decidía qué producir en función de sus propios intereses, y no de las necesidades de la guerra. Brave1 supera estos problemas de varias maneras. Su plataforma permite que miles de desarrolladores y empresas emergentes compitan por la misma subvención bajo un sistema de puntuación igual para todos, alejándose de la práctica de priorizar a una empresa sobre otra por intereses ajenos al desarrollo tecnológico. En consecuencia, sus criterios se basan en lo que realmente se necesita en el frente en este momento, y no en lo que resulta más fácil de producir. Los criterios oficiales y la puntuación los establecen distintos expertos con conocimiento directo del combate. Cada proyecto se analiza y evalúa según las necesidades específicas del momento.
No obstante, hasta ahora hemos explicado cómo las empresas y los desarrolladores se conectan con el Estado. Es precisamente el Sistema de Bonificación del Ejército de Drones el que explica cómo las acciones individuales de cada soldado en el frente pueden impulsar y mejorar la producción de todo un país, determinando qué se debe producir dentro del país.
El Sistema de Bonificación del Ejército de Drones responde a la pregunta de quién decide qué productos del Brave1 Market deben producirse en mayores cantidades y en qué momento. Solo quienes están en primera línea saben qué modelo específico de dron es más eficaz contra el sistema de guerra electrónica más reciente de Rusia, que evoluciona constantemente.
Este mecanismo, puesto en marcha en 2025, establece que cada unidad ucraniana que elimine objetivos militares rusos mediante drones y aporte evidencia en vídeo recibe una cantidad determinada de puntos en función del daño infligido. Estos «e-puntos» pueden canjearse en Brave1 para adquirir nuevos drones ucranianos o el equipamiento que más necesiten en ese momento. La entrega se gestiona a través de DOT-Chain Defense, lo que suele demorarse unos 10 días, o 6 si el producto está en stock. Según las fuentes más fiables, se conceden 20 puntos por cada ataque que cause daños y 40 por cada ataque que provoque la destrucción, aunque los puntos varían en función de las prioridades militares actuales. En la actualidad, con el fin de adaptarse a las necesidades de la línea de frente, los puntos se otorgan no solo por la eliminación de fuerzas enemigas y la interrupción de operaciones de minado, sino también por misiones de reconocimiento y logística. Cada punto equivale aproximadamente a 10 000 grivnas — 224 dólares al tipo de cambio actual. En 2025 se destinaron 4 000 millones de UAH al equipamiento solicitado por las unidades en solo 2,5 meses, y se alcanzaron hasta 820 000 objetivos enemigos.
Pero lo verdaderamente significativo es el sistema de puntos: mientras que eliminar a un soldado enemigo otorga 12 puntos, capturarlo con la ayuda de un dron equivale a 120 puntos. Aunque entre los analistas existe debate sobre la legitimidad de un sistema de puntos y sobre si deshumaniza el conflicto, este diseño no es arbitrario. En virtud de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, existe la obligación de proteger a los prisioneros de guerra, evacuar a los heridos y minimizar el sufrimiento y las bajas durante el combate. En la práctica, se trata de una tarea complicada, pese a que estas obligaciones son jurídicamente vinculantes, ya que suele resultar más difícil y costoso capturar a un soldado que matarlo. El sistema de puntos resuelve este dilema, convirtiendo el cumplimiento de las normas internacionales en un empeño que vale la pena para los soldados, al tiempo que permite a Ucrania utilizar a los soldados capturados para negociar un intercambio de prisioneros de guerra con Rusia.
El sistema ofrece varias ventajas estratégicas que demuestran la rápida transformación de las instituciones militares de Ucrania. Cada vídeo verificado proporciona datos únicos del campo de batalla que alimentan de forma progresiva el aprendizaje, dejando atrás, de una vez por todas, la obsoleta organización de estilo soviético de años anteriores. El acceso directo al equipamiento a través de Brave1 elimina el sistema burocrático y lento documentado anteriormente, que había sido hasta ahora el mayor obstáculo. La capacidad del soldado para adquirir equipamiento le otorga una ventaja estratégica, ya que conoce de primera mano qué es lo que más se necesita en cada momento. El seguimiento y la verificación generan resultados medibles, determinando qué tipos de drones son más eficaces y en qué tipos de combate, puesto que los pedidos de mayor volumen se basan en evidencia operativa y no en intereses económicos. Esta ventaja ha dado lugar a algo que empresas como Ukroboronprom no habían logrado crear: un sistema que se adapta y mejora constantemente, al estar conectado directamente con quienes emplean el armamento en la primera línea del frente.
Cada soldado actúa de forma independiente, adquiriendo el equipamiento y decidiendo cuándo y cómo atacar. El cambio radica en que estas decisiones individuales, aunque dispersas, se han formalizado en datos que determinan qué se produce a escala nacional. No se trata de un desarrollo repentino, sino de la acumulación de transformaciones que se han institucionalizado en el contexto de una guerra asimétrica.
El contraste con Occidente no radica en que este haya tardado en adaptarse, sino en que, cuando finalmente lo hace, reconoce abiertamente el origen de dicho conocimiento. Esto invierte la lógica habitual de los flujos y refuta empíricamente el relato que presenta a Ucrania como receptora pasiva de ayuda: Ucrania está generando un modelo institucional que el sistema internacional importa cada vez de forma más activa.
En Alemania, el número de grandes proyectos de adquisición de armamento aprobados por el Ministerio de Defensa ha aumentado de 55 a 97 en tan solo un año, una cifra récord. El propio Gobierno alemán ha afirmado que el crecimiento de la inversión en defensa se debe en parte a las lecciones aprendidas de la guerra ruso-ucraniana, lo que impulsa una implementación más rápida de las medidas de defensa críticas.
En el caso de Estados Unidos – un país tradicionalmente considerado exportador, más que importador de doctrina militar – la Unidad de Innovación en Defensa (DIU, por sus siglas en inglés) puso en marcha en junio de 2025 el Proyecto G.I., una iniciativa diseñada para acelerar rápidamente el desarrollo, las pruebas y el despliegue de sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) y tecnologías de apoyo, con un fondo de 20 millones de dólares. Se trata de una iniciativa que, según varios expertos, se inspira en la rápida innovación de Ucrania en el campo de batalla. El objetivo es que las empresas de desarrollo mantengan un contacto constante con los operadores de drones, en lugar de hacerlo principalmente con los responsables de adquisiciones, eludiendo así la jerarquía existente. La relación entre la DIU y Brave1 no es casual: en 2023 ya se había coorganizado en Varsovia un foro sobre el futuro de los sistemas no tripulados, con la participación del director de la DIU. Incluso se ha reconocido que el principal objetivo es reducir los plazos de entrega, algo que ya se había identificado y corregido en Ucrania.
Lo significativo de las transformaciones que están teniendo lugar en otros países u organizaciones fuera de Ucrania es la dirección del proceso de aprendizaje: están adoptando explícitamente el diseño institucional que Ucrania está desarrollando bajo la presión de la guerra. Lo que se adopta no es el valor individual ucraniano, sino procedimientos específicos adaptados al contexto único de cada país: plazos de adquisición más cortos, comisiones más horizontales y canales más directos entre el desarrollador y el operador.
Si la resistencia ucraniana existiera únicamente gracias a este «heroísmo» individual, no habría una doctrina militar que exportar o replicar en otros países para sortear dicha burocracia. Ucrania no solo está resistiendo; está exportando instituciones de guerra a actores de los que tradicionalmente dependía para aprender. El flujo tradicional de conocimiento militar en las relaciones transatlánticas — de las potencias mundiales a países más pequeños como Ucrania — se está invirtiendo de manera constante.
La principal pregunta de investigación era: ¿a través de qué infraestructuras institucionales el valor disperso en la sociedad ucraniana se ha formalizado en una capacidad capaz de sostener una guerra asimétrica indefinidamente? El origen de la respuesta se remonta a 2014, cuando Kyiv comprendió con claridad que ninguna garantía externa puede sustituir a la autodefensa, lo que obligó a iniciar transformaciones paralelas pero convergentes. Y que, ya bajo la presión vivida durante la invasión a gran escala, se han desarrollado mecanismos eficaces para las instituciones bélicas.
Esto también pone en cuestión los relatos que presentan el apoyo militar y financiero occidental como la única explicación de la resistencia ucraniana. Aunque esta ayuda es, en efecto, esencial en muchos casos, tal como se ha argumentado, solo es posible gracias a un marco institucional que Ucrania está construyendo por sí misma. Sin este ecosistema, la ayuda habría sido menos eficaz.
Lo que también se ha demostrado es que estas innovaciones no son anomalías que solo funcionan en un contexto bélico, sino modelos reproducibles y exportables que ya se están poniendo a prueba en otros países que actualmente se encuentran en paz. Asimismo, el estudio de caso de Brave1 demuestra cómo, incluso partiendo de un aparato estatal centralizado, lento y sumido en escándalos de corrupción, es posible construir sistemas horizontales de innovación en defensa que se adapten a las realidades del momento.
Para Occidente:
Para la UE:
Para Ucrania:
_03.jpeg){kind=link}
