Por Vlasta Kovbasa
- Destrucción Medioambiental: La guerra de Rusia ha dañado gravemente los ecosistemas de Ucrania, contaminando el aire, el agua y el suelo, al tiempo que ha acelerado la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Las consecuencias a largo plazo se extienden más allá de las fronteras de Ucrania.
- Desastre de la Presa de Kajovka: La destrucción de la presa provocó inundaciones masivas, contaminó el suministro de agua y perturbó la agricultura. Los riesgos medioambientales y para la salud pública resultantes siguen aumentando.
- Contaminación por Minas Terrestres: Ucrania es ahora uno de los países más minados del mundo, con vastas zonas agrícolas inseguras. Las labores de desminado llevarán décadas y requerirán un importante apoyo internacional.
- Emisiones de CO2 Relacionadas con la Guerra: La actividad militar ha aumentado drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, empeorando aún más el cambio climático. El impacto se deja sentir en todo el mundo.
- Manipulación Rusa del Clima: Moscú ha explotado los mecanismos climáticos internacionales, incluyendo falsamente las emisiones de Crimea en los informes de la ONU para legitimar su ocupación de territorios ucranianos.
- Marco Jurídico Débil: El ecocidio no está reconocido como un delito internacional distinto, lo que limita la rendición de cuentas por la destrucción del medio ambiente durante la guerra. Las leyes vigentes no abordan la magnitud de los daños.
- Esfuerzos de Documentación de Ucrania: Ucrania registra sistemáticamente los crímenes de guerra contra el medio ambiente y aboga por que el ecocidio se incluya en el Estatuto de Roma. Estos esfuerzos pretenden garantizar justicia y reparaciones a largo plazo.
- Rendición de Cuentas y Reforma Legal: Se necesitan mecanismos jurídicos internacionales más sólidos para responsabilizar a Rusia del ecocidio, impedir que se siga destruyendo el medio ambiente y garantizar la indemnización por daños y perjuicios.
El aire contaminado por las emisiones de los cohetes, el suelo sembrado de minas, los bosques consumidos por las llamas y el agua envenenada por los productos químicos son solo una parte de la devastación medioambiental provocada por la agresiva guerra de Rusia contra Ucrania. Junto con las flagrantes atrocidades perpetradas contra el pueblo ucraniano, Rusia ha desencadenado catástrofes ecológicas impensables. Aunque a menudo se la describe como la víctima silenciosa de la guerra, la naturaleza ucraniana está a punto de gritar por su dolor y sufrimiento.
Exacerbación de la Triple Crisis Planetaria a Causa de la Guerra
La triple crisis planetaria — que abarca la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático — ya venía afectando a Ucrania, al igual que a cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, la invasión a gran escala de Rusia ha agravado considerablemente los problemas medioambientales existentes y ha dado lugar a otros nuevos.
Ucrania, que alberga el 35% de la biodiversidad de Europa, se enfrenta a un Estado agresor cuyos crímenes de guerra no solo cobran un devastador tributo humano, sino que también están provocando la destrucción de la flora y la fauna. Aproximadamente 600 especies animales y 750 variedades de plantas y hongos, inscritos en la Lista Roja de especies amenazadas, están ahora al borde de la extinción debido a la guerra a gran escala. Y no solo los animales ucranianos son los que sufren las consecuencias de las hostilidades: un número significativo de delfines están muriendo en aguas de Bulgaria, Rumanía y Turquía a causa de los sistemas de radar de los submarinos rusos, que perturban los ecosistemas marinos de los países vecinos. En este contexto, el papel de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de los países del Mar Negro, en particular, es fundamental para ayudar a Ucrania a documentar y evaluar los daños medioambientales sufridos.
Ucrania, una economía predominantemente industrial, alberga numerosas minas de carbón, plantas químicas y fábricas industriales. Cuando estas instalaciones son atacadas, liberan componentes tóxicos que contaminan el agua, el aire y los suelos. Rusia ha estado explotando deliberadamente este método para infligir daños medioambientales a Ucrania, poniendo en peligro las actividades agrícolas y planteando importantes riesgos para la salud humana a largo plazo. La destrucción de instalaciones eléctricas en el este de Ucrania ha provocado la inundación de minas de carbón, contaminando aún más las aguas subterráneas. Los bombardeos de zonas urbanas han causado una contaminación atmosférica generalizada, ejemplificada por los ataques rusos contra los depósitos de combustible de Chernihiv, Borodianka, Vasylkiv, Rovenky y Mykolaiv. La capital de Ucrania se encuentra con frecuencia entre las ciudades más contaminadas del mundo, con un deterioro periódico de la calidad del aire debido a la liberación de productos de combustión procedentes de los ataques rusos. Al estar constantemente expuestos a la contaminación atmosférica inducida por la guerra, los ucranianos corren el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas inflamatorias a largo plazo, lo que pone de relieve un peaje humanitario duradero de la destrucción medioambiental.
El último, pero no menos importante, componente de la triple crisis planetaria — el cambio climático — se ve considerablemente agravado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la actividad antropogénica. Las emisiones de CO2 tienden a aumentar drásticamente a lo largo de todas las fases de la guerra, incluida la preparación y acumulación de tropas, la producción de armamento, la movilización de recursos humanos y materiales, el desplazamiento de refugiados y la reconstrucción posbélica de las regiones devastadas por la guerra. Durante los primeros 24 meses de la agresión rusa, las emisiones de CO2 vinculadas a la guerra ascendieron a 175 millones de toneladas métricas, lo que supuso unos 30.000 millones de euros en indemnizaciones por daños climáticos para el Estado agresor. Dada la naturaleza prolongada del conflicto y el potencial de crecimiento exponencial de las emisiones de CO2, la comunidad internacional debe actuar en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 de las Naciones Unidas sobre acción por el clima, exigiendo que Rusia rinda cuentas por su impacto ambiental derivado de la guerra.
Además, Rusia ha utilizado mecanismos medioambientales mundiales, como el Informe del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para legitimar su ocupación ilegal del territorio ucraniano. Desde 2015, Rusia ha incorporado las emisiones de Crimea en sus informes. Esta politización del sistema internacional de mitigación del calentamiento global es inadmisible. Tal como argumentó la delegación ucraniana en la COP29 de Bakú, esta práctica manipuladora viola la soberanía ucraniana y corre el riesgo de proporcionar datos poco fiables y duplicados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vulnerando la integridad del régimen mundial de cambio climático.
Exigir responsabilidades a los Estados por sus contribuciones al cambio climático derivadas de la guerra representa un desafío considerable, debido a la naturaleza transfronteriza de las emisiones de CO2 y a la dificultad de demostrar una relación causal directa entre las acciones del agresor y la progresión del cambio climático global. No obstante, mediante el establecimiento de una metodología sólida para cuantificar las emisiones de GEI vinculadas a la guerra y la creación de un marco jurídico que permita reclamar reparaciones por los daños relacionados con el cambio climático, el régimen internacional del cambio climático puede ampliarse para abordar las emisiones tanto en tiempos de paz como de guerra. En el caso de Ucrania, resulta imperativo garantizar que cualquier mecanismo de reparación por daños medioambientales incluya los daños relacionados con el cambio climático, en particular las emisiones de GEI. Rusia debe rendir cuentas por su contribución militar a la contaminación atmosférica, la cual no solo representa una amenaza para Ucrania, sino que también afecta de manera desproporcionada a los países del Sur Global, los más vulnerables al cambio climático. La Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas creada tras la guerra de Iraq contra Kuwait en 1991 y el posterior pago de reparaciones medioambientales por los vertidos de petróleo en el Golfo Pérsico pueden servir de referencia para cualquier mecanismo futuro para Ucrania.
El Crimen del Ecocidio
A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido objetivo de las guerras, ya sea deliberadamente, como las campañas de tierra arrasada, la guerra meteorológica, o como “daños colaterales.” La guerra de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo de ello y, sin embargo, el mundo sigue sin conceder suficiente importancia a los crímenes de guerra contra el medio ambiente. Resulta paradójico que, a pesar de la creciente preocupación ambiental reflejada en el discurso europeo y en las narrativas de numerosos líderes occidentales, los crímenes contra la naturaleza sigan sin estar plenamente contemplados en los estatutos de los tribunales internacionales. Aunque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) establece su jurisdicción sobre cuatro crímenes principales[1], no reconoce los crímenes contra el medio ambiente como una categoría distinta. El documento solo contiene una mención explícita al medio ambiente en el documento, incluida en la sección relativa a los crímenes de guerra. Sin embargo, la ambigüedad en la definición de lo que constituye exactamente un “daño generalizado, duradero y grave” al medio ambiente, su umbral alto[2] y su yuxtaposición con una posible ventaja militar son contraproducentes para una protección suficiente de la naturaleza durante las hostilidades.
El término “ecocidio”, acuñado en la década de 1970, ha sido debatido desde entonces entre juristas internacionales y activistas medioambientales, que abogaron por su reconocimiento oficial como “actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzcan daños graves y generalizados o a largo plazo en el medio ambiente…”. Esta definición fue propuesta en 2021 por el Grupo Independiente de Expertos convocado por la ONG Stop Ecocide para su inclusión en el Estatuto de Roma, ante la previsible reacción contraria de las grandes empresas. La campaña también ha sido respaldada por los pequeños Estados insulares, como Vanuatu, Fiyi y Samoa, que se encuentran entre los más vulnerables a las consecuencias devastadoras del cambio climático.
En 2024, Bélgica se convirtió en el primer país de la UE en tipificar oficialmente el ecocidio como delito en su nuevo Código Penal. Asimismo, varios países europeos, como Francia, los Países Bajos y España, han presentado proyectos de ley para criminalizar el ecocidio dentro de sus respectivas legislaciones nacionales. La UE está avanzando en esta dirección con la adopción, en 2024, de la Directiva sobre Delitos Ambientales, sobre delitos contra el medio ambiente. Tras la destrucción de la presa de Kakhovka en junio de 2023, Ucrania está a la vanguardia de la defensa de que el ecocidio se reconozca como delito internacional.
Ucrania ya ha reconocido el delito de ecocidio en su legislación nacional. En 2001, fue incorporado al Código Penal en su artículo 441, lo que abrió la posibilidad de enjuiciamientos a nivel nacional. El delito se define como la “destrucción masiva de la flora y la fauna, el envenenamiento del aire o de los recursos hídricos, así como cualquier otra acción que pueda causar un desastre medioambiental.” En la actualidad, los fiscales ucranianos investigan 14 casos calificados oficialmente de ecocidio, entre ellos uno por los atentados contra el Instituto de Física y Tecnología de Járkiv. Sin embargo, el número total de procesos penales por crímenes de guerra rusos contra el medio ambiente supera los 200. Cabe destacar que toda la información sobre crímenes de guerra contra el medio ambiente se documenta meticulosamente para su posterior inclusión en el Registro de Daños de Ucrania, creado bajo los auspicios del Consejo de Europa, con el fin de facilitar posibles reparaciones. Irónicamente, el Código Penal de Rusia también tipifica el delito de ecocidio, conteniendo una definición casi idéntica, lo que subraya crudamente la hipocresía del Estado agresor. Ante esta contradicción, se necesitan medidas internacionales más decididas para lograr la inclusión del ecocidio en el derecho penal internacional o para redactar una convención sobre el ecocidio, que garantice que las atrocidades contra la naturaleza no queden impunes e impida que los Estados agresores manipulen la agenda medioambiental.
El Concepto de Efectos Reverberantes
El principio de proporcionalidad, uno de los pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH), limita los actos de guerra que puedan causar daños desmesurados en relación con la ventaja militar esperada por la parte atacante. La aplicación de este principio es, por naturaleza, subjetiva, ya que corresponde al mando militar determinar si la ventaja esperada de una operación justifica los daños infligidos. En la práctica, la aplicación de este principio suele dejar de lado una consideración fundamental. Los cálculos de proporcionalidad suelen centrarse en los posibles daños directos e inmediatos, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo inextricablemente ligadas al ataque: los llamados ”efectos reverberantes.” En el caso de la destrucción de la presa de Kajovka, estos efectos se manifiestan en la destrucción de la fauna, la contaminación del suelo y los problemas de salud a largo plazo. Del mismo modo, la contaminación generalizada por minas terrestres pone en peligro la economía y la agricultura ucranianas, lo que, a su vez, compromete la seguridad alimentaria mundial. Si además de los daños inmediatos se tienen en cuenta los efectos indirectos, la naturaleza flagrante y desproporcionada del ecocidio ruso en Ucrania se hace aún más evidente.
Destrucción de la Presa de Kajovka
A pesar de que el derecho internacional no tipifica el ecocidio como un delito autónomo, la destrucción de la presa de Kajovka por las fuerzas rusas constituye una violación grave del DIH en virtud del artículo 56 del Protocolo Adicional I, que prohíbe los ataques contra una serie de instalaciones, incluidas las presas. Haciendo caso omiso de las disposiciones de los Convenios de Ginebra, Rusia ataca deliberadamente infraestructuras estratégicas y potencialmente peligrosas, como los ataques contra las presas de Pechenihy y Oskil, en la región de Kharkiv, y la prolongada ocupación de la central nuclear de Zaporizhzhia. Una gestión inadecuada de las instalaciones por parte de los ocupantes podría provocar un accidente nuclear en la central, lo que acarrearía enormes costes humanos y medioambientales que se extenderían mucho más allá de las fronteras ucranianas.
En los días posteriores a la destrucción deliberada de la presa de Kajovka, varios Estados condenaron el ataque como una espantosa catástrofe medioambiental, pero hasta ahora solo Ucrania lo ha calificado de acto de ecocidio. Un análisis de las reacciones de la comunidad internacional reveló que las condenas más enérgicas procedían de las capitales de Europa del Este y de algunos países balcánicos, mientras que el resto prefirió adoptar un tono más neutral, evitando señalar con el dedo.
Este embalse, uno de los más grandes de Europa, proporcionaba agua potable a más de 700.000 personas. Los habitantes de la región de Jersón lo llaman ahora “mar muerto“ y se enfrentan directamente a las nefastas consecuencias de esta estrategia rusa de militarización del agua. La central hidroeléctrica destruida desempeñaba un papel crucial, ya que servía para múltiples propósitos: suministraba agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporiyia, regaba las tierras agrícolas del sur de Ucrania y generaba energía. Junto con la interrupción de estos procesos cruciales y el aumento de los riesgos de catástrofe nuclear, también desencadenó una cascada de problemas medioambientales, sociales y económicos a largo plazo.
La inundación generalizada derivada de la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka dispersó materiales tóxicos, residuos industriales, aguas residuales y fauna muerta, contaminando la región del Mar Negro, a la que las autoridades ucranianas han calificado como un “vertedero y cementerio de animales.“ Este tipo de catástrofes incrementa significativamente el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica, como el cólera, la diarrea, la fiebre tifoidea y la hepatitis A, lo que suscita graves problemas de salud pública. Asimismo, las inundaciones afectaron a muchas de las reservas naturales de Ucrania, algunas de las cuales pertenecen a la Red Esmeralda, zonas protegidas en virtud del Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa. Cerca de 600.000 hectáreas de tierras agrícolas enfrentan el riesgo de desertificación debido al colapso de los recursos hídricos destinados al riego.
Entre las consecuencias más graves de este flagrante acto de ecocidio se encuentra el desplazamiento masivo de minas terrestres. Se estima que vastas áreas de tierra han quedado contaminadas con explosivos, lo que podría derivar en el abandono de tierras de cultivo y en significativas pérdidas para la producción agrícola.
Contaminación por Minas Terrestres: la Seguridad Alimentaria en Riesgo
Es común encontrar titulares en la prensa que sostienen que Ucrania se ha convertido en el país más minado del mundo. Según las estimaciones más recientes, se sospecha que 139.000 kilómetros cuadrados de tierra siguen contaminados, una superficie equivalente aproximadamente al tamaño de Carolina del Norte o tres veces la superficie de Suiza. Las minas terrestres y otros artefactos explosivos no solo infligen daños inmediatos a la vida humana, sino que también crean efectos reverberantes que persisten durante décadas, incluso siglos, después de que se firmen los acuerdos de paz y se depongan las armas.
Ucrania alberga un tercio de los suelos más fértiles del mundo, conocidos como Chernozem, y su economía depende en gran medida de la agricultura, proporcionando recursos esenciales a Europa y a los países del Sur Global. Sin embargo, como demuestran las muestras de suelo tomadas en la región liberada de Kharkiv, debido a los constantes bombardeos y minados, la tierra está muy contaminada con elementos tóxicos, como mercurio y arsénico. Con aproximadamente 500.000 hectáreas de tierras agrícolas que necesitan desminado, el futuro del granero de Europa está en peligro. A pesar de la catástrofe humanitaria y medioambiental en curso, Ucrania sigue esforzándose por evitar una crisis alimentaria global, suministrando productos esenciales a regiones altamente dependientes de su producción agrícola, como Mozambique, Siria, Yibuti y Palestina.
No obstante, incluso las operaciones de desminado posteriores, orientadas a la recuperación de tierras para su uso productivo, no siempre garantizan el respeto al medio ambiente. Para mitigar la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad y la contaminación localizada, las estrategias de acción humanitaria contra las minas deben tener en cuenta las condiciones medioambientales locales y ajustarse a las Normas Internacionales de Acción contra las Minas. La Estrategia de Acción Antiminas de Ucrania, lanzada en junio de 2024, aborda estas consideraciones medioambientales, que se incorporarán en mayor medida a las actividades de varios operadores de desminado. El apoyo de los socios internacionales resulta crucial, considerando que el costo total estimado para el desminado del territorio ucraniano asciende a aproximadamente 37.500 millones de dólares.
Eco-Devastación: la Guerra de Rusia contra las Reservas Naturales de Ucrania
Desde 2014, Rusia ha convertido las reservas naturales ucranianas en objetivos estratégicos. Actualmente, más de 500 están bajo ocupación y más de 800 han sufrido daños irreversibles, incluyendo humedales protegidos por la Convención de Ramsar y áreas de conservación de la Red Esmeralda. Al menos ocho reservas de la biosfera de la UNESCO se encuentran en Ucrania, y dos de ellas están bajo la brutal ocupación rusa. Entre ellas se encuentran dos de las mayores y más emblemáticas de Europa: Askania-Nova y la Reserva del Mar Negro (Chornomorsky). La primera está considerada la estepa más antigua del mundo y alberga más de 3000 especies animales, muchas de ellas raras y en peligro de extinción. Sin embargo, el poder ocupante, establecido en la primavera de 2023, no hace ningún esfuerzo por preservar la singular diversidad natural. En su lugar, empezaron a utilizar maquinaria pesada y a cavar zanjas en las estepas vírgenes y prístinas de Askania.
Diversos informes revelan que Rusia también se dedica a la deportación ilegal de animales del Libro Rojo de la reserva a Crimea, ocupada temporalmente, así como al territorio del Estado agresor. Amenazar la supervivencia de estas especies es una flagrante violación de los acuerdos internacionales, incluida la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de la que son signatarios tanto Ucrania como Rusia.
Además, numerosos parques naturales y bosques se ven afectados de manera recurrente por incendios provocados por acciones militares o sabotajes deliberados. Por ejemplo, durante la presencia rusa en la Reserva de la Biosfera Radiológica y Ecológica de Chornobyl, los ocupantes impidieron deliberadamente que se extinguieran los incendios bloqueando el trabajo de los bomberos. La Reserva de la Biosfera en torno a la península de Kinburn ha registrado al menos 449 incendios forestales debido a las continuas hostilidades. Los incendios también han destruido la totalidad de la zona protegida del Parque Nacional de Dzharylhach.
El Papel de la Comunidad Internacional
Ucrania se ha posicionado como líder en la documentación de crímenes de guerra ambientales y busca establecer un estándar global para la investigación del ecocidio. Si bien los delitos ambientales pueden ser perseguidos dentro del marco de los crímenes de guerra o el genocidio — particularmente cuando la destrucción del medio ambiente conlleva una pérdida masiva de vidas humanas — estas disposiciones continúan priorizando la protección de las personas sobre la de la naturaleza. El papel de la comunidad internacional debería consistir en idear un mecanismo jurídico para exigir responsabilidades a los autores de ecocidio.
Una opción clave es la incorporación del ecocidio como delito autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la que Ucrania se convirtió en el 125º miembro el 1 de enero de 2025. Esto abriría vías para procesar a los autores individuales, incluidos líderes políticos y mandos militares, por cualquier acto futuro de ecocidio, ya que la CPI no puede procesar retroactivamente delitos cometidos con anterioridad.
Establecer una definición clara y precisa del ecocidio permitiría que los delitos contra el medio ambiente se aborden no solo como componentes de los crímenes de guerra, que requieren un umbral alto de violencia y conocimiento de las consecuencias, sino también como delitos autónomos cometidos en tiempos de paz. Además, los Estados que ratifiquen una nueva disposición que reconozca el ecocidio como delito podrían enjuiciar a sus autores en virtud del principio de jurisdicción universal. También pueden introducirse reformas en el derecho internacional humanitario, proporcionando una definición más detallada de ecocidio en los Convenios de Ginebra y estableciendo un umbral más alto para los cálculos de proporcionalidad, incluidos los efectos de reverberación medioambiental. Ucrania también podría solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia a través de la resolución de la Asamblea General de la ONU para aclarar el derecho internacional vigente en materia de crímenes de guerra contra el medio ambiente.
Reconocer el ecocidio como un delito distinto también abriría perspectivas de reparación para las víctimas, especialmente a la luz de los amplios esfuerzos de Ucrania por documentar los daños medioambientales, incluso a través de la plataforma EcoZagroza desarrollada por el Ministerio de Protección Medioambiental y Recursos Naturales. En consonancia con el Pacto Medioambiental para Ucrania, se debería desarrollar, con la ayuda de expertos internacionales, una metodología específica para la recopilación de datos y la posterior cuantificación de los daños, con el fin de incorporarlos al Registro de Daños de Ucrania.
Conclusión
El ecocidio es un crimen que atenta contra el futuro del planeta. A diferencia de otros crímenes de guerra, el ecocidio trasciende fronteras y generaciones, lo que hace imprescindible su reconocimiento internacional para garantizar que los perpetradores de estos delitos no queden impunes. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la lucha de Ucrania contra los crímenes ambientales del agresor, ya que este respaldo no solo protege el patrimonio natural ucraniano, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente y la estabilidad climática global para las generaciones futuras.
[1] Genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión.
[2] El umbral alto se refiere a la naturaleza acumulativa de la definición: requiere que el daño del acto sea simultáneamente “generalizado, duradero Y grave.”
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