Mientras Ucrania se prepara para la contraofensiva y declara su inquebrantable voluntad de volver a tener Crimea bajo su control, aparecen en el orden del día los planes para la reintegración de la península tras la guerra. Entre una serie de retos sociales concomitantes, destaca la cuestión del colaboracionismo. A medida que pasa el tiempo, la distinción entre el compromiso inofensivo y los casos graves de colaboración se hace cada vez más borrosa. Aunque todavía no están claras las circunstancias en las que se retomará la península, la principal tarea del gobierno ucraniano es elaborar una estrategia temprana para reducir el posible conjunto de políticas.
Lucha contra el colaboracionismo: Evolución del marco jurídico
La primera estrategia para la desocupación de Crimea se publicó en 2021. Por primera vez, el Gobierno ucraniano articuló su política prevista hacia la península en un único documento. En concreto, se afirmaba que Ucrania pretende devolver Crimea por medios diplomáticos. Además, identificaba las líneas generales de trabajo del gobierno para desarrollar la legislación relacionada con la reintegración. También requería que el Gabinete de Ministros creara y aprobara una línea de acción específica para ejecutar la estrategia. El documento abarcaba las siguientes áreas de trabajo: economía, mecanismos de derechos humanos, política medioambiental, política de información y política social y humanitaria. Para fomentar el diálogo internacional y conseguir apoyo internacional, el documento estableció la plataforma de Crimea. Desde entonces, la plataforma de Crimea cuenta con la participación de políticos de los países aliados de Ucrania y ofrece un espacio para conversaciones multilaterales en 5 áreas clave: revertir la anexión rusa de Crimea, aplicar sanciones globales más duras contra Rusia, desarrollar la seguridad internacional y los derechos humanos, y combatir los efectos de la ocupación en la economía y el medio ambiente.
Sin embargo, tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el enfoque de la cuestión ha cambiado. Hoy en día, a diferencia de antes de 2022, Ucrania afirma estar preparada para recuperar Crimea empleando no solo medios diplomáticos, sino también la fuerza militar. Por lo tanto, en 2023 se modificó la estrategia para la desocupación de Crimea. La estrategia revisada incluye un plan más sistematizado sobre cuestiones relevantes, como el establecimiento de una administración militar, métodos integrales para superar las consecuencias de la militarización de la educación y el reciclaje de niños y jóvenes, el reconocimiento de documentos relativos a la propiedad, la obtención/restauración de documentos y las decisiones judiciales. Sin embargo, la cuestión más polémica es la definición de la responsabilidad de los colaboradores.
La primera ley ucraniana de lucha contra el colaboracionismo entró en vigor en la primavera de 2022 para llevar ante la justicia a los colaboradores de los nuevos territorios ocupados. Aunque no se proporciona la definición de “colaboracionismo”, la ley contiene una lista de actos ilegales que conllevan castigo. Esos delitos penales incluyen la propagación de la narrativa del Estado agresor, la realización de actividades económicas para ayudar a los rusos, la participación en la organización y celebración de elecciones ilegales, la participación voluntaria en formaciones armadas o paramilitares ilegales, etc. Desde entonces, la sociedad civil no ha dejado de criticarla en lo que respecta a la jurisdicción universal que se le atribuye. Simplificando, podemos distinguir tres categorías de colaboradores: la población de Crimea convertida ilegalmente en región autónoma de Rusia, la población de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida sin autorización por Putin en 2022, y la población de los territorios recientemente ocupados (regiones de Jersón y Zaporizhzhia). Los defensores de los derechos humanos argumentan que el enfoque relativo a la responsabilidad de Crimea debería ser diferente al de otros casos de colaboración. No les falta razón: debido a la duración de la ocupación, casi todos los habitantes de Crimea entran en la definición de ” colaboracionista ” de la ley.
Aunque en la estrategia revisada se reconoce que la amnistía sería una herramienta común de la política ucraniana hacia la península, aún no se ha desarrollado un marco jurídico preciso sobre la cuestión.
Estos debates implican que la normativa legal en este ámbito está en pañales. Con el fin de diseñar una política orientada a la búsqueda de soluciones, se han creado una serie de nuevas instituciones, como el Consejo Consultivo para la Desocupación y Reintegración de Crimea y de la Ciudad de Sebastopol.
El caso especial del colaboracionismo en Crimea
El principal reto radica en que la población de la península liberada no puede recibir el mismo trato que la de otros territorios desocupados. Estos son algunos de los factores que lo explican.
- Imposición del “orden ruso”. A pesar de que un número considerable de rusos abandonará la península como consecuencia de los tratados bilaterales, la mentalidad de los ciudadanos ya está profundamente alterada. Por medios ilegales (sustitución de la lengua ucraniana por la rusa, obstaculización del disfrute de la cultura, creación de organizaciones juveniles especiales militaristas, persecuciones, deportaciones, etc.).
Los rusos llevan casi una década lavando el cerebro a la población. La “rusificación” de los habitantes de Crimea se originó hace siglos, con la conquista de la península de Crimea por el Imperio ruso en 1783, y continuó en la época soviética, encontrando su punto culminante en la deportación de la población autóctona de la península: los tártaros de Crimea. Tras la expulsión de tártaros, griegos, búlgaros y alemanes de Crimea en junio de 1945, la región perdió su estatus de república autónoma y se incorporó como territorio a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR). Aunque en 1954 Nikita Jruschov, el nuevo líder de la Unión Soviética, transfirió Crimea a la RSS de Ucrania por razones prácticas (por ejemplo, para facilitar un suministro estable de agua a la península), fue el momento en que se produjo un cambio masivo en la composición de la población. Las familias rusas se trasladaron a la península, mientras que el regreso de la población autóctona a Crimea antes de 1989, cuando las autoridades finalmente les permitieron volver, era imposible. Los nombres tártaros de Crimea, griegos y alemanes de la gran mayoría de ciudades, pueblos, montañas y ríos se cambiaron para que sonaran más parecidos a los rusos. Así, tras proclamar su independencia, Ucrania heredó un territorio bastante rusificado. Podemos comprobarlo en las estadísticas: Según el IRI, en 2013, el 23% de los encuestados estaba a favor de que Crimea se separara y se entregara a la Federación Rusa. Además, el 40% se consideraba ruso independientemente de su pasaporte. Este hecho no hace sino subrayar la importancia de una política meditada.
- Cambio forzado de la demografía. Según las autoridades ucranianas, unas 100.000 personas han abandonado oficialmente la península, a la que han entrado 150.000 procedentes de Rusia durante 8 años de ocupación. Sin duda, esos datos no son exactos (por ejemplo, no hay estadísticas relativas al traslado forzoso de personas a las profundidades del territorio de Rusia). Anteriormente, en 2018, el Comisionado del Presidente de Ucrania para los Asuntos del Pueblo Tártaro de Crimea, Mustafa Dzhemilev, sugirió que el número real de personas que emigran a Crimea desde Rusia oscila entre 850.000 y 1 millón. Además, tras el inicio de la invasión a gran escala y la puesta en marcha de la movilización, se ha producido una nueva oleada migratoria desde la península. Esto implica que los ciudadanos ucranianos que se quedaron en los territorios se ven superados en número y suprimidos por los recién llegados rusos. La única forma que tienen de sobrevivir es adaptarse. Esto conduce a un mayor nivel de residentes de mentalidad prorrusa y neutral (“en contra de ambos”). Esta cuestión se convertirá en un escollo en la reconstrucción de posguerra y requerirá un enfoque equilibrado a la hora de determinar el castigo antes del regreso de los ciudadanos ucranianos a la península.
- Las peculiaridades de la política de la Federación Rusa. Merece la pena considerar por separado la persecución de los grupos desleales al nuevo gobierno. Torturas, asesinatos, penas de prisión injustificadamente largas y falta de tratamiento médico son las consecuencias más comunes para quienes discrepan de la política rusa. La Federación Rusa recurre a la represión de ciudadanos ucranianos por miedo a la resistencia en la Crimea ocupada temporalmente, así como aplica registros y confiscaciones irrazonables, casos penales fabricados, en particular, a representantes del pueblo indígena de la península: los tártaros de Crimea. Desde el comienzo de la ocupación rusa de Crimea, al menos 18 personas han sido condenadas por “participación en el batallón tártaro de Crimea”, que fue incluido en la lista rusa de “organizaciones terroristas”. Sin embargo, no se ha demostrado la implicación de los tártaros de Crimea condenados en este grupo.
Economía y derecho: La estrategia no está clara
Así pues, la cuestión del colaboracionismo es compleja y requiere un análisis detallado. Aunque este artículo no pretende ofrecer una comprensión exhaustiva del problema, intentaremos examinar dos categorías controvertidas de colaboradores: los hombres de negocios y los abogados (principalmente juristas y procuradores). Ambas categorías se encuentran entre las más numerosas en cuanto al número de personas que practican el colaboracionismo involuntario.
“Colaboracionistas económicos”. El procesamiento de los colaboracionistas empresariales requiere una comprensión ampliada de las necesidades de supervivencia durante la ocupación, ya que sin empresas básicas en funcionamiento es inevitable que se produzca una grave crisis humanitaria. En particular, esto se aplica a los trabajadores de los sectores de empleo tradicionales de la región. Por ejemplo, teniendo en cuenta estas consideraciones, los casos de posguerra de colaboracionistas económicos evitaron con frecuencia ser procesados después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la mayoría de los contratistas que se emplearon para construir proyectos de defensa alemanes en Flandes Occidental (Bélgica) sólo recibieron una atención limitada por parte del gobierno e incluso de los civiles tras la liberación, debido al carácter industrial de la región (los sospechosos evitaron el castigo o recibieron un castigo más leve).
Escenario. En relación con este tema y las especificidades de Crimea, debemos tener en cuenta varios puntos. En primer lugar, hay algunas áreas de actividad empresarial vitales para la vida sostenible, en particular la industria alimentaria. El sector agrícola se ve perjudicado por la escasez de agua dulce provocada por la anexión, que obstaculiza la labor de los trabajadores y perturba la vida de los civiles. La misma delicadeza debe aplicarse a la cooperación en la industria de servicios del turismo. Según la información disponible, el turismo, el mayor sector de la economía de Crimea antes de 2014, ahora se ha degradado, provocando la pérdida de puestos de trabajo. Crimea se ha convertido gradualmente en un “sanatorio” para rusos ricos. En segundo lugar, incluso antes de 2014, el desempleo era una de las mayores preocupaciones de la población. Desde 2014 se viene produciendo el desplazamiento de pequeñas y medianas empresas por parte de empresarios de la Federación Rusa. Además, miles de rusos se trasladaron e instalaron tras la anexión. Siguen quitando puestos de trabajo a los lugareños, lo que anima a algunos de ellos a aceptar cualquier ocupación para sobrevivir. Por último, la actual política rusa de militarización de la isla también complica el proceso de identificación de los culpables de colaboracionismo. Al subordinar la vida de la península a sus necesidades militares, crear bases militares y desarrollar infraestructuras militares, Rusia obliga a la población a cooperar con su complejo militar-industrial.
publicado por los periodistas de radiosvoboda.org y krymr.com.
Fuente: radiosvoboda.org
Por lo tanto, la disposición de la legislación ucraniana relativa a “la realización de actividades económicas en colaboración con el Estado agresor”, con el correspondiente castigo en forma de penas de prisión o multas, es demasiado dura. Al examinar los casos de colaboracionistas económicos de la Segunda Guerra Mundial, los jueces prestaban más atención a si la empresa se enriquecía gracias a la ocupación o si funcionaba para proporcionar trabajo y artículos de primera necesidad a la población. Este concepto sigue siendo válido hoy en día. El castigo por realizar negocios debe ser atenuado y diferir del que rige para otros territorios ocupados liberados.
Abogados. El castigo de los abogados por colaboracionismo siempre ha sido una cuestión problemática. Por un lado, la práctica legal de los abogados justifica el régimen y constituye un acto directo de colaboracionismo. Por otro, los civiles de los territorios ocupados no deben quedar sin protección jurídica. Desde 1945, las normas jurídicas han ido evolucionando hacia la promoción de los derechos humanos, justificando así en ocasiones la continuación de las actividades profesionales durante la ocupación. De acuerdo con la práctica desarrollada, los gobiernos no deben ignorar por completo la influencia de las instituciones de ocupación establecidas de facto. En particular, la actividad de los abogados en los territorios temporalmente ocupados no debería ser ilegal en sí misma, porque pone en peligro a la población civil.
En el caso de Crimea, uno de los ámbitos de la actividad jurídica que no debe perseguirse es la protección de los derechos humanos. Los rusos presionan a los abogados que protegen a los presos políticos mediante intimidaciones, detenciones, multas y privando a los defensores de Crimea de sus abogados. Sin embargo, como la cuestión de la distinción entre grupos de abogados castigados y no castigados sigue sin resolverse, los responsables políticos ucranianos deberían prestar más atención a la práctica mundial. Podemos echar un vistazo más de cerca a las decisiones del CEDH relativas a este tema. Por ejemplo, en el caso “CHIPRE contra TURQUÍA”, el CEDH se remitió a la Opinión Consultiva sobre Namibia investigada por la CIJ para afirmar que “el derecho internacional reconoce la legitimidad de determinados acuerdos y transacciones jurídicas en tal situación, … cuyos efectos sólo pueden ignorarse en detrimento de los habitantes del territorio” y justificar así la actividad de los tribunales de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), “aunque reconociendo validez únicamente a aquellas decisiones cuyos efectos sólo pueden ignorarse en detrimento de los habitantes de dicho territorio”. Posteriormente, este principio fue reiterado en el asunto “MOZER c. LA REPÚBLICA DE MOLDOVA Y RUSIA”: “Las decisiones adoptadas por los tribunales de entidades no reconocidas, incluidas las decisiones adoptadas por sus tribunales penales, pueden considerarse “lícitas” a los efectos del Convenio siempre que cumplan determinadas condiciones. Ello no implica en modo alguno el reconocimiento de las aspiraciones de independencia de dicha entidad “.
Escenario. La solución de la cuestión depende en gran medida de la forma en que se retome la península de Crimea. Ucrania debe combinar la aclamación de su poder con la manifestación de misericordia hacia los habitantes de Crimea. El asunto requiere una institucionalización preliminar del proceso para minimizar después el desconcierto y las percepciones erróneas entre los ejecutivos del personal y la sociedad civil. Por lo tanto, una política de información equilibrada constituye el núcleo del éxito de la reintegración.
No es de extrañar que algunas de las decisiones judiciales sean reconocidas como válidas. Aunque suene trillado, Ucrania no dispone de recursos para reconsiderar todos los casos. Esto requiere concesiones mutuas que los ucranianos que regresan a la península pueden considerar dolorosas (por ejemplo, el reconocimiento de diversos actos establecidos por la legislación rusa, lo que puede suponer una amenaza a la hora de resolver disputas como el solapamiento de derechos de propiedad). Por lo tanto, ya es hora de que se conciba un mecanismo especial de cooperación entre las OSC y el gobierno que proporcione un espacio para las deliberaciones públicas. Las OSC acumularían ideas y apoyo públicos y contribuirían a generar consentimiento.
Así pues, el castigo a los colaboracionistas por parte de Ucrania sería una experiencia única, ya que será la primera vez que un procedimiento de este tipo tenga lugar en Europa a tal escala. Esta tarea brinda a Ucrania ciertas oportunidades (por ejemplo, mostrar su disposición a promover los derechos humanos y fomentar sentimientos favorables a lo largo de la península), al tiempo que implica también crecientes peligros. El punto de partida clave es la evolución de las relaciones entre las OSC y el Estado, ya que la participación de las ONG evitará que el Estado adopte decisiones generalizadas demasiado alejadas de la población.
Marharyta Hlybchenko
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