36 min de lecturaLas corrientes ideológicas continúan desempeñando un papel central en la vida política latinoamericana. En la región, las identidades políticas no se configuran únicamente a partir de programas económicos o preferencias electorales, sino también de memorias históricas, experiencias colectivas y narrativas arraigadas en ideas de soberanía, justicia social, antiimperialismo y relaciones con Estados Unidos.
Este trasfondo histórico e ideológico resulta importante para entender cómo los actores latinoamericanos interpretan los acontecimientos internacionales. Las intervenciones extranjeras, las revoluciones, las dictaduras militares, las transiciones democráticas y los conflictos de la Guerra Fría dejaron un vocabulario político en el que conceptos como no intervención, autodeterminación, dependencia y autonomía estratégica siguen teniendo una gran influencia. Como resultado, la izquierda y la derecha en América Latina suelen reflejar no solo posiciones políticas internas, sino también visiones contrapuestas del orden internacional, del papel de Occidente y de los límites de la influencia de las grandes potencias.
La invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 puso de manifiesto esta complejidad. En América Latina, los gobiernos, líderes políticos, medios de comunicación y la opinión pública no respondieron desde una única perspectiva regional. Por el contrario, la guerra generó interpretaciones diversas y, en ocasiones, contradictorias, moldeadas por intereses nacionales, marcos ideológicos y narrativas sobre soberanía, intervención y poder global.
Este artículo examina cómo estas tradiciones ideológicas y marcos narrativos han influido en las percepciones latinoamericanas sobre Ucrania y la guerra de Rusia. Primero, expone los factores históricos y políticos que moldearon la cultura política de la región; luego analiza las posiciones adoptadas por los países latinoamericanos en foros internacionales; y finalmente explora las narrativas políticas y mediáticas que contribuyeron a interpretaciones divergentes del conflicto.
A consecuencia de diversos factores, las divisiones ideológicas tradicionales de «izquierda» y «derecha» no pueden entenderse de forma tan lineal como en Europa, al haberse forjado tras experiencias históricas marcadas por la desigualdad estructural, la fragilidad institucional y una profunda influencia, tanto directa como indirecta, de conflictos externos. Estos factores reconfiguraron el alcance y sentido de dichas ideologías dentro de cada país. Estas etiquetas, que en otros contextos se articulan sobre partidos e instituciones relativamente estables, en Latinoamérica suelen entrelazarse con demandas por redistribución, reivindicaciones de soberanía y respuestas a crisis de diversa índole, lo que produce un mapa político más plural y menos predecible.
Durante la Guerra Fría, dicha complejidad se profundizó. La batalla ideológica entre las potencias de los bloques occidentales y orientales trajo como consecuencia la instauración de una serie de golpes de Estado ejecutados a través de intervenciones militares en el Cono Sur.
Este escenario se materializó en la denominada Operación Cóndor, donde, liderados por Estados Unidos, los regímenes dictatoriales de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina implementaron una coordinación represiva de terrorismo de Estado. Este modelo combinó autoritarismo, represión estatal y proyectos de desarrollo conservador, resultando en una serie de crímenes de lesa humanidad efectuados con coordinación transnacional en contra de sectores ideológicamente opuestos a Occidente.
Bajo este marco, fue Estados Unidos (a través de su Doctrina de Seguridad Nacional y otros instrumentos de influencia política y militar en la región) quien promovió la estigmatización de sectores de izquierda, movimientos sociales y sectores progresistas dentro de los propios Estados señalándolos como amenazas internas. Esta designación sirvió como justificación para otorgar apoyos financieros, de inteligencia y de entrenamiento a personal militar previo a la instauración de los distintos regímenes autoritarios a lo largo del continente, a fin de asegurar alianzas proestadounidenses en la región y eliminar la influencia soviética.
En paralelo, Centroamérica y el Caribe experimentaron sus propias dinámicas de intervencionismo bajo una lógica de confrontación mucho más directa. En esta región, Estados Unidos centró sus acciones en frenar cualquier proyecto político que amenazara su hegemonía o intereses directos mediante operaciones encubiertas, asfixia económica y financiamiento de fuerzas insurgentes. Así, en 1954, la CIA intervino orquestando el derrocamiento del presidente democrático Jacobo Árbenz en Guatemala, cuyas políticas de reforma agraria afectaron los monopolios de empresas estadounidenses y, por tanto, fueron estigmatizadas como una amenaza comunista.
En Cuba, tras el triunfo de la Revolución y, como represalia directa a la nacionalización de propiedades estadounidenses, se impuso un férreo embargo comercial, económico y financiero vigente hasta el día de hoy, diseñado para aislar a la isla y provocar el colapso del gobierno castrista.
Por su parte, el caso de Nicaragua demostró claramente el uso y financiamiento de fuerzas paramilitares durante la década de 1980, las cuales fueron empleadas para desestabilizar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el cual había derrotado previamente a la dictadura proestadounidense de Somoza en 1979. En ese sentido, Estados Unidos financió, armó y entrenó a la «Contra», una coalición de grupos insurgentes contrarrevolucionarios conformada en gran parte por exmiembros de la Guardia Nacional somocista.
Como se ha expuesto, la existencia de diversos discursos antiimperialistas en América Latina (tanto a nivel de los Estados como de sus espectros políticos) no responde solo a una adhesión ideológica abstracta, sino que ha dejado una huella profunda en los mismos principios de la diplomacia en la región, en particular en la tendencia a rechazar alineamientos automáticos con grandes potencias.
De este modo, muchos gobiernos de la región han priorizado la soberanía y la no subordinación a bloques, lo que se traduce en un discurso de «no alineamiento activo». Esto explica por qué, frente a conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, buena parte de la región tiende a condenar la invasión de forma diplomática, pero mantiene una postura crítica o ambigua hacia las sanciones y el envío de armamento, para no comprometer su margen de autonomía.
En este contexto, las posiciones de los Estados latinoamericanos suelen ser pragmáticas y matizadas: rechazan la violación de fronteras y la invasión militar, pero también se resisten a asumir costos económicos o políticos que perciben como impuestos por potencias externas. Esa mezcla de principios normativos (rechazo a la agresión) y cálculos de intereses nacionales (evitar sanciones) genera una política exterior que, desde fuera, puede parecer contradictoria o ambigua. Sin embargo, responde a una tradición histórica de preservar la autonomía y evitar servir como campo de batalla de grandes potencias. Esa lógica ayuda a entender por qué algunos gobiernos subrayan la necesidad de negociación y de salida diplomática, priorizando canales multilaterales y la neutralidad pública frente a la guerra.
No obstante, es fundamental precisar que esta herencia histórica compartida no se traduce en que América Latina actúe como un solo bloque. Si bien la defensa de la autonomía frente a las potencias es un denominador común, su aplicación práctica frente a la invasión rusa contra Ucrania y su impacto multidimensional revelan una profunda fragmentación, dependiente precisamente del gobierno de turno y su configuración ideológica. Por ejemplo, dentro del mismo espectro de la izquierda, conviven la condena frontal y el apego al derecho internacional (como es el caso de Chile); las posturas de mediación ambigua que evitan alienar a Moscú (como la diplomacia impulsada por Brasil); y el respaldo explícito a Rusia por parte de regímenes autoritarios (como Venezuela o Nicaragua), quienes instrumentalizan el discurso antiimperialista clásico no como un principio de neutralidad, sino como una herramienta de supervivencia política y confrontación directa con Occidente.
Finalmente, es necesario considerar la influencia que ejercen los vínculos comerciales de América Latina con China y con Rusia, lo que puede condicionar el margen de maniobra de muchos gobiernos frente al temor a sanciones unilaterales. Actualmente, China se ha convertido en el segundo socio comercial de la región, con un flujo de importaciones y exportaciones que sobrepasó los 500 000 millones de dólares en 2022, implicando una dependencia de este mercado para materias primas, infraestructura y financiamiento.
En comparación, el comercio con Rusia es mucho más limitado, pero su presencia como proveedor de alimentos y energía (y como actor simbólico en discursos anti‑occidentales) influye en la disposición de ciertos gobiernos a adoptar posturas más cautelosas o críticas frente a potencias occidentales.
El contexto anterior puede dar luces sobre por qué la política exterior latinoamericana frente a conflictos globales suele ser reacia a los bandos rígidos y más propensa a estrategias de mediación y neutralidad relativa. Al mirar bajo este prisma de desconfianza hacia Occidente, es posible comprender por qué ciertos sectores y gobiernos latinoamericanos interpretan la guerra en Ucrania poniendo el foco de manera predominante en la expansión de la OTAN. Desde una perspectiva analítica, este encuadre genera una asimetría en la percepción del conflicto: al centralizar la discusión en el rol de la alianza de seguridad, las narrativas tienden a relegar a un segundo plano el debate sobre la soberanía territorial ucraniana y la agresión militar de Rusia.
El complejo contexto histórico, la constante búsqueda de autonomía y la idea de neutralidad analizados no solamente se limitan a las dinámicas propias de la región, sino que tienen una proyección directa en el escenario diplomático global. En este sentido, la invasión militar iniciada por Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, marcó un punto de inflexión en el sistema internacional, particularmente en las dinámicas de cooperación y seguridad. Ahora bien, respecto de América Latina, significó hacer presente su heterogeneidad histórica y desconfianza hacia los bloques hegemónicos en los principales foros multilaterales.
Si bien la región se encuentra geográficamente alejada del conflicto (y actualmente sus propias circunstancias económicas y políticas han relegado a un plano secundario el interés por el desarrollo de la guerra y sus consecuencias dentro de las agendas nacionales). En sus inicios, las resoluciones internacionales obligaron a los Estados latinoamericanos a tomar posiciones públicas al respecto. Estas respuestas no conformaron un bloque unificado, sino un espectro completo de posturas que evidencian cómo cada nación efectúa su balance interno entre sus principios normativos, alianzas estratégicas y reivindicaciones de soberanía ante bloques hegemónicos.
En consecuencia, esta sección prioriza las votaciones en foros multilaterales por encima de la retórica de los discursos de líderes latinoamericanos o de las declaraciones presidenciales. A diferencia de las declaraciones, un voto formal en un organismo internacional constituye un acto de política exterior que representa la posición oficial de un Estado y genera consecuencias diplomáticas concretas. Por ello, facilita la comparación sistemática, ya que implica respuestas individuales a los mismos textos dentro de los mismos plazos, reduciendo la subjetividad inherente a la interpretación de discursos de distinta naturaleza, extensión y propósito.
Uno de los foros multilaterales más relevantes se suscita dentro del esquema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras el veto ruso en el Consejo de Seguridad, la Asamblea aprobó la resolución ES-11/1, que exigía el cese de la invasión y la retirada de las fuerzas rusas de territorio ucraniano. Por un lado, se constituyeron bloques de países que respaldaron la resolución, entre los que destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Por otro lado, gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Bolivia optaron por la abstención, una postura que sería consistente en los diversos foros multilaterales y que reafirma vínculos políticos y estratégicos más estrechos con Rusia.
Por su parte, dentro del mismo organismo, el Consejo de Derechos Humanos propuso la suspensión de Rusia mediante una votación en la Asamblea General. En este sentido, naciones latinoamericanas, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, respaldaron la suspensión de Rusia, mientras que México optó por abstenerse junto con otro grupo de países. Nicaragua, en cambio, votó en contra de la moción, alineándose con Cuba, China, Siria y Bielorrusia.
En esta misma línea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución A/HRC/49/L.1, que se convirtió en la Resolución A/HRC/49/1, mediante la cual se creó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. Esta resolución condenó la grave situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario derivada de la invasión, y encargó a la Comisión documentar violaciones, recopilar pruebas, identificar a los responsables y preservar la evidencia para futuros procesos penales. En esa ocasión, Bolivia y Cuba fueron los únicos dos Estados latinoamericanos que se abstuvieron en esta votación.
Una tendencia similar se observó en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aunque la organización condenó la invasión rusa y posteriormente suspendió a Rusia como observador permanente, las votaciones reflejaron nuevamente divisiones dentro de la región. Mientras una mayoría de Estados apoyó estas medidas, países como Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Brasil, Honduras y México adoptaron posiciones más cautelosas mediante abstenciones o ausencias. Esto muestra que, si bien existía un amplio consenso regional en torno al rechazo del uso de la fuerza, persistían diferencias respecto al grado de aislamiento diplomático que debía imponerse a Rusia.
Los diversos posicionamientos adoptados por los países latinoamericanos en los foros multilaterales permiten distinguir al menos tres grupos principales, cuya alineación va más allá de una simple escala de mayor o menor cercanía con Rusia o Ucrania. Un primer grupo, integrado por Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, mantiene una postura consistente de no condena a lo largo de todos los foros examinados. Este grupo comparte rasgos políticos comunes, particularmente en términos de gobernanza y calidad democrática. Algunos casos corresponden a regímenes autoritarios, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras que otros presentan características híbridas o democracias deficientes y limitadas, como Bolivia (Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Libertad, 2025). Asimismo, Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen los principales socios de seguridad de Rusia en América Latina, manteniendo acuerdos de cooperación en materia de defensa que incluyen la venta de equipamiento militar, asistencia técnica y actividades de inteligencia. En particular, Venezuela se ha consolidado como el principal receptor de armamento ruso en la región.
Los diversos posicionamientos adoptados por los países latinoamericanos en los foros multilaterales permiten distinguir al menos tres grupos principales, cuya alineación va más allá de una simple escala de mayor o menor cercanía con Rusia o Ucrania. Un primer grupo, integrado por Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, mantiene una postura consistente de no condena a lo largo de todos los foros examinados. Este grupo comparte rasgos políticos comunes, particularmente en términos de gobernanza y calidad democrática. Algunos casos corresponden a regímenes autoritarios, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras que otros presentan características híbridas o democracias deficientes y limitadas, como Bolivia (Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Libertad, 2025). Asimismo, Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen los principales socios de seguridad de Rusia en América Latina, manteniendo acuerdos de cooperación en materia de defensa que incluyen la venta de equipamiento militar, asistencia técnica y actividades de inteligencia. En particular, Venezuela se ha consolidado como el principal receptor de armamento ruso en la región.
El segundo grupo está conformado por países que votaron a favor de las resoluciones de condena en la Asamblea General de las Naciones Unidas y respaldaron los mecanismos de investigación de derechos humanos, pero que se abstuvieron de sumarse a sanciones económicas o de ofrecer apoyo material a Ucrania. Entre ellos destacan Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Perú. Su postura refleja una adhesión a los principios del derecho internacional, sin que ello implique un alineamiento político o militar con alguno de los bloques en disputa. En este sentido, su voto en foros multilaterales puede interpretarse como un rechazo a la violación de normas internacionales más que como una toma de posición geopolítica.
Esta distinción es relevante porque permite comprender por qué estos países condenan la invasión en el contexto de foros multilaterales, pero mantienen una distancia prudente respecto a las consecuencias prácticas del conflicto. En este sentido, es sumamente importante considerar que, en la mayoría de los países de la región, involucrarse en sanciones económicas o en el suministro de recursos a Ucrania implicaría comprometer relaciones comerciales o consensos políticos difíciles de sostener económicamente. Así, su comportamiento expresa un reconocimiento al respeto del derecho internacional sin asumir los costos de una confrontación directa con actores de peso global.
Finalmente, el tercer grupo se compone de México y Brasil, y destacan por presentar una ambivalencia compleja en la que se condena la invasión sin participar activamente en sanciones, al tiempo que se presentan cuestionamientos más contundentes hacia Occidente y las asimetrías de poder existentes en el sistema internacional. Figuras políticas como Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador han sido críticos con la responsabilidad compartida de Estados Unidos y la Unión Europea en el conflicto, particularmente en lo que respecta a la expansión de la OTAN y a la ausencia de una diplomacia preventiva más activa por parte de Occidente (Nugent, 2022 y LA TIMES, 2022). Por otra parte, la postura contenida de ambos países se deriva, en parte, de tradiciones diplomáticas arraigadas: «Brasil ha mantenido históricamente la autonomía como elemento esencial de su gran estrategia, mientras México ha defendido tradicionalmente la Doctrina Estrada, centrada en la no intervención».
Estos patrones de votación no deben leerse simplemente como una escala de simpatía hacia Rusia. En muchos casos, reflejan un esfuerzo regional más amplio por preservar la autonomía en un orden internacional asimétrico. Sin embargo, este mismo marco también puede hacer que ciertas narrativas, especialmente aquellas que enfatizan la expansión de la OTAN o la responsabilidad occidental, resulten políticamente más persuasivas, incluso cuando oscurecen la soberanía de Ucrania y la agencia de Rusia como agresor.
Siguiendo esta premisa, podría sostenerse que estas posiciones inconclusas constituyen una forma de buscar autonomía frente a las grandes potencias, especialmente si se considera que «algunas regiones de América Latina y el Caribe han conservado cierta nostalgia por el mito de la URSS como defensora frente al imperialismo occidental, y que Moscú ha buscado aprovechar esa nostalgia para generar apoyo, presentando sus acciones en Ucrania como una respuesta defensiva frente a la expansión occidental».
En este sentido, los organismos multilaterales no solo sirven como espacios para alcanzar consensos sobre asuntos internacionales; también actúan como un instrumento para cuestionar perspectivas dentro del orden internacional y las asimetrías de poder que este incorpora. Entre las principales críticas figuran la aplicación selectiva de las normas internacionales, la escasa rendición de cuentas de las grandes potencias por violaciones del derecho internacional y la atención desigual que se presta a determinadas crisis en función de su relevancia estratégica para los países occidentales. Así, la cautela mostrada por gobiernos como los de Brasil y México respecto de la guerra en Ucrania puede interpretarse menos como una expresión de apoyo a Rusia y más como un intento de evitar alinearse con cualquiera de los polos de poder del sistema internacional.
Si bien el análisis de las votaciones en organismos multilaterales ayuda a revelar las posiciones formales de cada Estado, lo cierto es que las diferencias entre las posturas de los países latinoamericanos no pueden explicarse únicamente por intereses estratégicos o vínculos diplomáticos con las partes involucradas. Detrás de cada posición también existen marcos ideológicos profundos que han moldeado la percepción del conflicto desde distintos ángulos. Por ello, resulta necesario examinar las principales narrativas políticas que surgieron en la región en torno a la invasión rusa de Ucrania y la forma en que estas narrativas fueron reforzadas e instrumentalizadas por distintos actores mediáticos.
La respuesta de los gobiernos latinoamericanos ante la invasión rusa no puede reducirse a una simple alineación de preferencias geopolíticas; en gran medida, refleja la activación de marcos ideológicos con profundas raíces históricas en la región.
Para estructurar el análisis, resulta útil distinguir dos posiciones: primero, la de apoyo explícito a Rusia y, segundo, la llamada «neutralidad activa», que, aunque difieren en intensidad, comparten una arquitectura narrativa de fondo.
El bloque de apoyo explícito: la soberanía como marco selectivo
En Venezuela, Cuba y Nicaragua, la guerra fue enmarcada de manera sistemática dentro del repertorio ideológico del antiimperialismo latinoamericano, aunque con énfasis distintos que revelan las diferentes bases de legitimidad de cada régimen.
Nicolás Maduro anunció «todo su respaldo al presidente Putin en la defensa de la paz, de su pueblo y de su patria», enmarcando la invasión como parte de un proceso en el que «el imperio norteamericano y la OTAN pretenden, por la vía militar, acabar con Rusia». Su discurso privilegia el concepto de multipolaridad como horizonte normativo, lo que le permite presentar la invasión no como un acto de agresión, sino como una respuesta a un orden mundial desequilibrado, un encuadre coherente con la autoidentificación del chavismo como actor del Sur Global en conflicto con Occidente.
Miguel Díaz-Canel recurrió a un repertorio distinto, aunque funcionalmente convergente: el de la seguridad legítima. Al sostener que el conflicto «podría haberse evitado si se hubieran atendido las demandas de garantías de seguridad de Rusia», el discurso cubano desplaza la carga moral desde el agresor hacia quienes supuestamente lo forzaron a actuar. Este encuadre responde a una lógica particular, ya que La Habana ha construido históricamente su política exterior sobre la doctrina de no intervención y la defensa de la soberanía nacional. En este caso, sin embargo, aplica estos principios de manera asimétrica, invocando la soberanía rusa frente a la OTAN, pero no la soberanía ucraniana frente a Rusia, lo que muestra que la selección de principios jurídicos no es neutral, sino ideológicamente orientada.
Daniel Ortega, en Nicaragua, adoptó la posición más explícita de los tres al respaldar el reconocimiento ruso de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, responsabilizando a la Unión Europea y a Estados Unidos de «cercar y amenazar a Rusia» desde 2014.
Pese a estas diferencias de enfoque, con Maduro priorizando el marco geopolítico de la multipolaridad y Díaz-Canel apelando al marco jurídico de la seguridad colectiva, Ortega adoptó la versión más pura de la narrativa rusa. Esta postura se explica, en parte, por el hecho de que Nicaragua carece del capital diplomático que Cuba y Venezuela han acumulado en foros multilaterales y, por tanto, tiene menos necesidad de mantener la apariencia de una política exterior autónoma.
Más allá de ello, los tres convergen en la movilización de un repertorio conceptual compartido, antiimperialismo, multipolaridad y soberanía selectiva, heredado de tradiciones políticas regionales de larga data y lo suficientemente flexible como para absorber y justificar una invasión territorial en Europa del Este.
El alcance de estos repertorios más allá del bloque bolivariano responde a una dimensión histórica que estructura las percepciones políticas en sectores significativos de América Latina y el Caribe. Esto se expresa a través de la nostalgia soviética, es decir, la representación de la Unión Soviética y, por extensión, de Rusia como su sucesora geopolítica, como un contrapeso necesario frente a la hegemonía estadounidense.
Esta representación no es marginal: durante décadas, la URSS fue percibida por sectores de la izquierda latinoamericana, movimientos de liberación nacional y ciertos círculos intelectuales como el único actor capaz de limitar la intervención estadounidense en la región. Tras su disolución en 1991, esa memoria colectiva adoptó la forma de nostalgia, que Moscú ha buscado reactivar e instrumentalizar estratégicamente desde entonces.
De este modo, la operación discursiva que Rusia desplegó para justificar la invasión de Ucrania ante las audiencias latinoamericanas se apoyó deliberadamente en esta nostalgia. Al presentar sus acciones como una «respuesta defensiva» frente a la expansión de la OTAN, Moscú reactivó un esquema narrativo ya instalado: el de una potencia no occidental que resiste el avance de un Occidente hegemónico. Bajo esta lógica, Rusia ocupa simbólicamente el lugar que la URSS ocupó durante la Guerra Fría como contrapoder histórico, y la guerra en Ucrania queda reencuadrada no como una agresión territorial, sino como un episodio más de esa resistencia antiimperialista. En este sentido, la continuidad con el vocabulario de la Guerra Fría no es accidental; forma parte de la estrategia de comunicación de Rusia hacia la región.
Esta memoria, sin embargo, opera con matices distintos en la región. En Cuba, donde la alianza con la URSS fue durante décadas la principal garantía de supervivencia del régimen, la identificación entre Rusia y el papel histórico de la Unión Soviética tiene una carga emocional e institucional particularmente intensa, ya que no se trata simplemente de una analogía geopolítica, sino de una memoria de dependencia mutua. En Venezuela y Nicaragua, en cambio, el vínculo es más ideológico que histórico, al invocar el nombre de la URSS como una imagen de antiimperialismo que estos regímenes utilizan para legitimar sus propias trayectorias políticas. En países como México o Argentina, la nostalgia soviética opera de manera más difusa, principalmente a través de tradiciones intelectuales y académicas de izquierda que, durante la Guerra Fría, establecieron vínculos teóricos o simbólicos con el mundo socialista y que, en 2022, tendieron a procesar la guerra mediante categorías heredadas de ese período.
El mayor valor estratégico de esta idea para los fines de Moscú es su capacidad de funcionar sin ser formulada explícitamente. Los actores latinoamericanos no necesitan expresar simpatía por Putin o por su organización política; basta con que activen el esquema de una «potencia no occidental que resiste a Occidente» para que la narrativa rusa encuentre un marco receptivo. Así, la nostalgia soviética no funciona como una ideología consciente, sino como una estructura interpretativa latente, que los discursos examinados en las secciones anteriores, tanto los de apoyo explícito como los de neutralidad activa, activaron con distintos grados de deliberación.
Los casos de México y Brasil son analíticamente más ricos, precisamente porque ilustran cómo tradiciones diplomáticas con vocación universalista pueden producir, bajo determinadas condiciones, efectos prácticos similares a los del alineamiento proactivo. Ambos gobiernos se presentaron como neutrales o mediadores, pero sus discursos pusieron en circulación marcos interpretativos del conflicto que coincidieron en aspectos sustantivos con la narrativa rusa. La diferencia con el bloque de apoyo explícito no radica en el contenido del encuadre, sino en su presentación: en lugar de apoyar a Rusia, se criticaba a Occidente; en lugar de justificar la invasión, se equiparaban las responsabilidades.
En México, Andrés Manuel López Obrador renunció explícitamente a adoptar sanciones económicas contra Rusia alegando el principio de «buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo», encuadrando su posición en la Doctrina Estrada y en la tradición de no intervención que desde los años treinta estructura la política exterior mexicana. Este encuadre, sin embargo, tuvo una dimensión ideológica adicional que lo distingue del mero legalismo: legisladores del partido gobernante Morena constituyeron un «Comité de Amistad México-Rusia» en el Congreso, en cuya ceremonia inaugural el embajador ruso agradeció públicamente que México «nunca va a unirse» a las sanciones. La superposición entre un principio diplomático de larga data, la no intervención, y gestos de afinidad política hacia Moscú es lo que caracteriza la posición mexicana: no un simple pragmatismo, sino una convergencia entre tradición jurídica y afinidad ideológica. Lo relevante es que esa convergencia no requirió una decisión explícita de apoyar a Rusia; solo bastó con aplicar consecuentemente un principio preexistente para producir un resultado que Moscú pudo aprovechar.
El caso de Lula da Silva en Brasil ilustra una variante aún más compleja de esta dinámica. En abril de 2023, durante una gira por China y Emiratos Árabes Unidos, Lula afirmó que Estados Unidos debería dejar de «incentivar» la guerra y «comenzar a hablar de paz», señalando a Washington y a la Unión Europea como actores que «contribuían» a la continuidad del conflicto mediante el envío de armas a Ucrania. La reacción internacional fue reveladora de la naturaleza objetiva del encuadre utilizado, ya que el portavoz de la Casa Blanca acusó a Lula de «repetir como un loro la propaganda rusa y china», mientras que el canciller ruso Serguéi Lavrov, que visitaba Brasilia esa misma semana, agradeció a Brasil su «clara comprensión de la génesis de la situación». Que el mismo discurso recibiera simultáneamente la reprobación de Occidente y el elogio de Moscú no implica que Lula actuara como agente de la propaganda rusa; lo que sí permite inferir es que el marco interpretativo que utilizó, al equiparar las responsabilidades del agresor con las de los proveedores de armas, era funcionalmente compatible con los intereses rusos independientemente de la intención con que fue formulado.
Esta tensión entre posición formal y efecto práctico también se observa en el comportamiento de Brasil en foros multilaterales. Brasilia condenó la invasión en la ONU, pero también votó a favor de una investigación sobre el ataque al gasoducto Nord Stream, y Lula sugirió que Ucrania debería contemplar ceder Crimea como parte de una negociación. Este patrón, condena formal combinada con equidistancia práctica, refleja la tensión entre dos tradiciones de la política exterior brasileña: el multilateralismo que impide el alineamiento incondicional y la vocación de liderazgo del Sur Global que busca posicionar a Brasil por encima de los bloques. Ilustra cómo marcos ideológicos preexistentes, en este caso la ambición de autonomía estratégica, pueden generar, sin premeditación, encuadres del conflicto que resultan más favorables a Rusia de lo que el voto formal en la ONU sugeriría.
En conjunto, los discursos del bloque de la «neutralidad activa» comparten una estructura narrativa de fondo: la expansión de la OTAN como causa del conflicto, Occidente como corresponsable y la búsqueda de la paz sin condena explícita como posición éticamente superior. Esta estructura no fue importada directamente desde Moscú, sino activada por agendas nacionales propias; sin embargo, resultó funcionalmente convergente con los intereses rusos en los foros multilaterales. Comprender por qué estos discursos encontraron apoyo doméstico y no generaron mayores costes políticos internos requiere examinar el ecosistema mediático en el que se produjeron y circularon.
La percepción latinoamericana sobre la guerra en Ucrania no se formó exclusivamente a partir de los posicionamientos diplomáticos de los gobiernos, sino que también fue moldeada por un ecosistema mediático en el que la propaganda rusa, la desinformación y la polarización ideológica digital operaron con notable eficacia. Analizar este ecosistema es relevante para el argumento central, porque permite entender el mecanismo por el cual narrativas favorables a Rusia encontraron audiencia más allá de los círculos oficialistas, apoyándose en infraestructuras mediáticas preexistentes y en predisposiciones culturales ya establecidas. En este apartado se distinguen dos fenómenos relacionados, pero diferenciables: las operaciones de desinformación atribuibles a actores prorrusos identificables y las narrativas ideológicas que circularon autónomamente, apoyándose en tradiciones políticas regionales.
El primer elemento a considerar es la ventaja estructural que los medios rusos tenían en la región antes de que comenzara la guerra. RT en Español fue creado en 2009, antes que canales europeos equivalentes como DW o France 24 en español, lo que le permitió construir audiencias consolidadas con anterioridad a sus competidores. Esta ventaja de primogenitura es analíticamente significativa porque indica que, cuando estalló la invasión, RT no tuvo que construir audiencias desde cero, sino activar redes de difusión ya existentes. El contraste con el escaso desarrollo de medios europeos o ucranianos en español, que sí debieron construir presencia en condiciones de urgencia, contribuye a explicar la asimetría informativa que caracterizó la cobertura del conflicto en la región.
Un análisis del Digital Forensic Research Lab del Atlantic Council documentó que la palabra clave más frecuente en los subtítulos de RT en Español era «USA», y que sus contenidos en Facebook se orientaban sistemáticamente más hacia Estados Unidos que hacia países latinoamericanos concretos. Según la investigadora Iria Puyosa, «el hilo conductor de la comunicación de RT en la región es el cuestionamiento del imperialismo estadounidense». Este hallazgo es clave para entender la lógica de penetración de RT en la región, ya que su mensaje no es primariamente «prorruso» en un sentido positivo, sino antiestadounidense. Esta distinción importa porque amplía considerablemente el espectro de audiencias potenciales. Por ejemplo, en contextos donde la desconfianza hacia Washington atraviesa el espectro político, incluidos sectores progresistas, movimientos sociales o círculos académicos críticos, el encuadre antiestadounidense de RT puede resultar ideológicamente legible y atractivo con independencia de cualquier simpatía hacia Rusia. La guerra en Ucrania le dio a RT un nuevo objeto sobre el que proyectar ese marco preexistente, y la nostalgia soviética descrita en el apartado anterior proporcionó el sustrato histórico que hacía ese mensaje culturalmente reconocible.
Este mecanismo de adopción sin coordinación explícita se observa también en el plano académico. El investigador Vladimir Rouvinski documenta que, en universidades y think tanks de México y Argentina, algunos analistas presentan como perspectiva propia marcos interpretativos del conflicto alineados con el discurso oficial ruso, incluido el uso del término «operación militar especial» en lugar de «invasión». Su observación central es que «sus narrativas cambian cuando cambian las de Moscú». Este fenómeno, documentado especialmente en México y Argentina, dos de los países con tradiciones académicas de pensamiento crítico latinoamericano más sólidas, no implica necesariamente que esos actores sean agentes conscientes de la propaganda rusa. Sugiere, más bien, que el marco interpretativo que Moscú proyecta, antiimperialismo y multipolaridad, es suficientemente coherente con tradiciones intelectuales preexistentes como para ser adoptado sin fricción crítica, lo que lo convierte en un canal de influencia más persistente que la propaganda directa.
La intensidad de estas operaciones fue mayor en los países con mayor afinidad política hacia Moscú, pero su alcance geográfico fue regional. Según un informe de 2023 del United States Institute of Peace, las campañas de desinformación rusas en América Latina se intensificaron significativamente tras las invasiones de 2014 y 2022. Nicaragua emergió como un caso extremo y cualitativamente distinto de los demás, ya que, a diferencia de México o Brasil, donde la influencia operaba principalmente a través de mediadores autónomos, en Nicaragua la infraestructura mediática prorrusa está directamente imbricada con el poder político. Medios vinculados al entorno familiar de Daniel Ortega, como JP+, acumularon más de 800 000 suscriptores en YouTube con un viraje editorial que coincidió con el inicio de la invasión, mientras que Telesur, con mayor alcance regional, alineó sistemáticamente su cobertura con la narrativa rusa. Esta imbricación entre medios y poder es analíticamente relevante porque borra la frontera entre desinformación externa e interna: en estos contextos, la propaganda rusa no necesita penetrar desde afuera porque ya opera desde adentro, a través de estructuras mediáticas controladas por aliados domésticos.
Un elemento que complejiza aún más este panorama es que la desinformación no requirió de medios estatales rusos directos para circular eficazmente. Un análisis de la Brookings Institution mostró que siete de las quince cuentas más retuiteadas en el ecosistema informativo analizado eran influencers independientes en español sin afiliación formal a RT o Sputnik. Los marcos narrativos prorrusos habían sido internalizados por actores autónomos en grado suficiente como para reproducirse sin coordinación explícita con Moscú. Una propaganda que puede prescindir de sus propios canales de distribución es, en cierto sentido, más robusta y más difícil de contrarrestar que aquella que depende de fuentes identificables.
La guerra en Ucrania marcó además un punto de inflexión en el uso de inteligencia artificial con fines de desinformación bélica. El 16 de marzo de 2022, tres semanas después del inicio de la invasión, circuló un vídeo generado con IA que mostraba al presidente Zelenski solicitando a sus soldados que depusieran las armas. El material se distribuyó a través de canales de Telegram prorrusos y fue publicado brevemente en el sitio web de Ukraine 24, que denunció un ciberataque. Los expertos lo calificaron como el primer deepfake «utilizado de forma intencionada y ampliamente engañosa» en un conflicto armado. La importancia analítica de este caso no radica en que el vídeo fuera convincente, ya que fue desacreditado con relativa rapidez, sino en el elemento de incertidumbre que introdujo: a partir de ese momento, la posibilidad de que cualquier imagen o declaración oficial pudiera ser fabricada quedó instalada en el debate público, con efectos potencialmente más duraderos que el propio contenido falso. Una investigación de la University College Cork, que analizó cerca de 5 000 tuits sobre deepfakes durante los primeros siete meses de 2022, concluyó que estos estaban siendo utilizados sistemáticamente para sostener teorías conspirativas y erosionar la confianza en los medios convencionales, un efecto que trasciende el contenido de cada pieza individual y afecta la confianza general en la información.
En América Latina, este tipo de contenido encontró condiciones favorables de recepción allí donde el encuadre oficial del conflicto ya producía ambigüedad. El proyecto ATAFIMI documentó que dos vídeos de TikTok generados con IA, ambos relacionados con reclutas ucranianos, superaron los tres millones de visualizaciones en México sin ninguna advertencia de las plataformas. Que México sea el caso con mayor alcance documentado en la región no es un detalle menor, ya que es uno de los países donde la posición gubernamental ya producía un encuadre equidistante del conflicto. Esto sugiere una sinergia entre el discurso político oficial y el ecosistema de desinformación: en contextos donde el gobierno no identifica a un agresor claro, el contenido que humaniza o desacredita al ejército ucraniano encuentra menos resistencia cultural y menor disposición al escrutinio crítico por parte de las audiencias.
A este panorama se sumó la migración de la desinformación hacia plataformas de mensajería tras las sanciones europeas contra RT y Sputnik. Una red de canales de Telegram distribuyó cerca de 84 000 mensajes en español que mezclaban contenido falso con noticias reales. Esta táctica de mezcla deliberada es analíticamente significativa porque convierte la desinformación en un problema de coste: los lectores que quieren distinguir lo verdadero de lo falso deben invertir más tiempo y capacidad crítica en cada pieza de contenido, lo que la literatura especializada denomina «fatiga factual», llevando a muchos usuarios a optar por la narrativa que mejor encaja con sus predisposiciones previas. Este mecanismo favorece sistemáticamente los marcos interpretativos ya instalados, entre los cuales el antiimperialismo latinoamericano ocupa un lugar central. Además, un estudio publicado en la revista ICONO 14 confirmó que la estrategia más utilizada durante los primeros meses del conflicto fue el contexto falso, es decir, imágenes reales recontextualizadas con descripciones engañosas, con un pico de producción durante las dos primeras semanas de la invasión.
Narrativas anti-OTAN y polarización ideológica digital
Junto a la desinformación basada en hechos fabricados o imágenes recontextualizadas, la percepción latinoamericana del conflicto fue moldeada por marcos interpretativos que simplificaron en exceso el contexto geopolítico de la guerra. El más extendido de ellos es la narrativa anti-OTAN, que atribuye la causa del conflicto exclusivamente a la expansión occidental hacia el este de Europa. A diferencia de la desinformación factual, este tipo de narrativa no opera mediante hechos inventados, sino mediante simplificación causal: toma un debate real y legítimo dentro de la literatura de relaciones internacionales, el papel de la expansión de la OTAN en la arquitectura de seguridad europea, y lo convierte en la única explicación del conflicto, relegando otras variables, como la soberanía ucraniana como factor autónomo, la trayectoria de agresión rusa previa a 2022, desde Chechenia y Georgia hasta la anexión de Crimea en 2014, y las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional. El resultado es una estructura causal que transforma una invasión territorial en una disputa geopolítica simétrica en la que ambas partes aparecen como igualmente responsables.
Que esta narrativa haya tenido mayor tracción en América Latina que en otras regiones no resulta sorprendente, considerando que se apoya en el mismo sustrato ideológico que la nostalgia soviética: la representación de Occidente, y de la OTAN como su brazo militar, como una amenaza estructural antes que como una garantía de seguridad colectiva. Según el Reuters Institute, la guerra «creó un terreno fértil para la difusión de estas narrativas» en el mundo hispanohablante. Julio Montes, cofundador de Maldita.es, describe el mecanismo con precisión: «el consumidor de RT o Sputnik ya es un consumidor que ha entrado y que consume esos contenidos porque previamente ha sido convencido de determinados relatos». La desinformación prorrusa no creó las predisposiciones ideológicas de sus audiencias latinoamericanas, sino que las aprovechó. El antiimperialismo histórico regional, la desconfianza hacia la OTAN como instrumento de Washington y la memoria del papel soviético como contrapeso fueron el sustrato sobre el cual las narrativas rusas encontraron terreno fértil. Lo que hizo el conflicto en Ucrania fue actualizar y reactivar ese sustrato, no construirlo desde cero.
Que esta narrativa haya tenido mayor tracción en América Latina que en otras regiones no resulta sorprendente, considerando que se apoya en el mismo sustrato ideológico que la nostalgia soviética: la representación de Occidente, y de la OTAN como su brazo militar, como una amenaza estructural antes que como una garantía de seguridad colectiva. Según el Reuters Institute, la guerra «creó un terreno fértil para la difusión de estas narrativas» en el mundo hispanohablante. Julio Montes, cofundador de Maldita.es, describe el mecanismo con precisión: «el consumidor de RT o Sputnik ya es un consumidor que ha entrado y que consume esos contenidos porque previamente ha sido convencido de determinados relatos». La desinformación prorrusa no creó las predisposiciones ideológicas de sus audiencias latinoamericanas, sino que las aprovechó. El antiimperialismo histórico regional, la desconfianza hacia la OTAN como instrumento de Washington y la memoria del papel soviético como contrapeso fueron el sustrato sobre el cual las narrativas rusas encontraron terreno fértil. Lo que hizo el conflicto en Ucrania fue actualizar y reactivar ese sustrato, no construirlo desde cero.
El resultado combinado de los discursos políticos, la infraestructura mediática prorrusa y la polarización ideológica digital fue la construcción de una percepción del conflicto en la que la invasión quedó frecuentemente encuadrada como un episodio más en la disputa entre grandes potencias, con responsabilidades simétricas o incluso invertidas respecto de las establecidas por el derecho internacional. Esta construcción no fue idéntica en todos los países ni igualmente intensa, pero condicionó el espacio de lo políticamente posible para los gobiernos de la región en los foros multilaterales analizados en la sección anterior: la ausencia de condena explícita resultó menos costosa domésticamente en contextos donde la narrativa pública dominante no identificaba a un agresor claro.
Es precisamente a la luz de esta poderosa maquinaria propagandística sostenida por el Kremlin que resulta necesario examinar cuál es, en realidad, la naturaleza material e institucional del régimen de Putin.
Dentro del debate político contemporáneo se ha instalado la tendencia, especialmente visible en ciertos sectores de izquierda, a equiparar a la actual Federación Rusa con la Unión Soviética. Esa identificación suele apoyarse en dos elementos: la herencia territorial y la idea de una continuidad histórico-política entre ambos Estados.
Dentro del debate político contemporáneo se ha instalado la tendencia, especialmente visible en ciertos sectores de izquierda, a equiparar a la actual Federación Rusa con la Unión Soviética. Esa identificación suele apoyarse en dos elementos: la herencia territorial y la idea de una continuidad histórico-política entre ambos Estados.
Una ruptura decisiva se encuentra en la naturaleza misma del proyecto político. La Unión Soviética justificaba su existencia mediante una ideología marxista-leninista de pretensión universal, por definición internacionalista y orientada a una transformación histórica global. Su legitimidad descansaba en la promesa de abolir las clases sociales, superar el capitalismo y expandir el socialismo más allá de sus fronteras. Aunque la práctica soviética estuvo llena de contradicciones, su lenguaje de legitimación seguía remitiendo a un horizonte universalista: la historia conducía a un orden superior, al que la URSS, mediante el socialismo, aspiraba a llevar a la humanidad.
En cambio, la Rusia contemporánea no se articula en torno a una promesa emancipadora universal, sino a una lógica nacional-estatal de corte conservador. El discurso del Kremlin ha ido desplazándose hacia la idea de Rusia como «Estado-civilización», una comunidad histórica particular que debe defender su soberanía, su singularidad cultural y su esfera de influencia frente a Occidente. En este marco, categorías como el Russkiy mir o «mundo ruso» cumplen una función de cohesión simbólica y geopolítica: no convocan a la revolución mundial, sino a la preservación de una identidad nacional ampliada y supuestamente amenazada.
Este giro es crucial porque cambia el tipo de sujeto político que el régimen pretende movilizar. La URSS hablaba en nombre de la clase y del futuro histórico de la humanidad; la Rusia de Putin habla en nombre de la nación, la tradición y la supervivencia de un orden propio. No se trata de un simple cambio de discurso, sino de un giro en la forma misma de legitimidad del poder. En ese sentido, el putinismo no persigue abolir el orden existente para construir otro universal; más bien, busca restaurar autoridad, disciplina y jerarquía en nombre de la soberanía y de una continuidad histórica construida selectivamente por el Kremlin.
Otro quiebre estructural aparece en el lugar ocupado por la religión. La URSS se definió, durante gran parte de su trayectoria, como un Estado oficialmente ateo y desplegó campañas sistemáticas contra las instituciones religiosas, las jerarquías eclesiásticas y la influencia pública de la fe. Esa política no fue solo un rasgo cultural del régimen, sino parte de un proyecto más amplio de subordinación de toda autoridad simbólica al Estado socialista. El ateísmo soviético buscó construir una modernidad secular en la que la religión dejara de competir con el partido como fuente de sentido, verdad y legitimidad.
La Rusia actual opera en sentido contrario. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha sido reincorporada al núcleo de la identidad nacional y desempeña un papel relevante en la legitimación del poder político. Más que un actor puramente religioso, funciona como soporte moral e ideológico del régimen, ayudando a traducir la autoridad estatal en términos de tradición, continuidad histórica y valores «tradicionales» compartidos. De este modo, la religión deja de aparecer como una fuerza a erradicar y pasa a ser un recurso útil para cohesionar a la sociedad, disciplinar conductas e impulsar el conservadurismo al diferenciar a Rusia de un Occidente descrito como decadente o moralmente corrupto.
La relevancia política de este giro no debe subestimarse. En la URSS, la religión era vista como un obstáculo para la construcción del nuevo orden. En la actualidad, la religión opera como una herramienta para sacralizar el orden político. Allí donde el proyecto soviético intentaba reemplazar la fe por la racionalidad socialista, el régimen actual la reintroduce como mecanismo de legitimación y de cohesión moral dentro del discurso público. La diferencia no es de grado, sino de sentido histórico.
La diferencia económica es decisiva. El sistema soviético se apoyaba en la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, la planificación centralizada y el control estatal de los precios, los salarios, la producción industrial y la distribución de bienes. Ese modelo no estaba orientado a maximizar la rentabilidad privada, sino a organizar la economía en función de objetivos políticos fijados por el Estado, siendo la centralización burocrática un rasgo constitutivo del sistema soviético.
La Rusia actual, por el contrario, funciona dentro de una estructura capitalista de mercado, aunque fuertemente condicionada por el poder político y por formas de intervención estatal en sectores estratégicos. La propiedad privada es central, la acumulación de capital sigue lógicas de rentabilidad y el peso de los grupos empresariales es decisivo. Ahora bien, lo que distingue al régimen actual es que esa acumulación no se realiza en un mercado plenamente autónomo, sino en un entorno donde el acceso al poder, la lealtad política y la protección presidencial son factores estructurales fundamentales. Por eso se habla con frecuencia de capitalismo oligárquico o de capitalismo patrimonial, más que de un simple capitalismo de libre mercado.
Sectores estratégicos como la energía, la infraestructura o la industria de defensa permanecen bajo fuerte control estatal, pero ese control no equivale a planificación socialista. Más bien, expresa una combinación de autoridad política, extracción de rentas y subordinación de actores económicos clave. En consecuencia, la estructura económica rusa no prolonga la experiencia soviética: la reemplaza por un orden capitalista autoritario, marcado por una fuerte concentración de la riqueza y un alto grado de dependencia respecto del poder político.
En conjunto, estas tres transformaciones muestran con claridad que la Federación Rusa contemporánea es un Estado capitalista, nacionalista y conservador, con rasgos autoritarios y una utilización instrumental de la religión y del poder geopolítico. Aunque conserva ciertas referencias simbólicas al pasado soviético, su doctrina política, su estructura institucional y su modelo económico no guardan semejanza alguna con el proyecto socialista de la URSS. Precisamente por eso, la pregunta relevante no es si ambos regímenes son equivalentes, sino por qué ciertos actores siguen interpretándolos, en mayor o menor medida, como si lo fueran.
Como se ha sostenido a lo largo de este artículo, América Latina y el Caribe no cuentan con «la izquierda» como un bloque uniforme, sino con múltiples tradiciones, sensibilidades y repertorios interpretativos que solo de manera aproximada pueden agruparse bajo esa etiqueta. En ese sentido, la equiparación entre la Rusia capitalista y conservadora de Putin y la extinta Unión Soviética rara vez aparece formulada de modo explícito en documentos oficiales de sectores de izquierda. Más bien, sobrevive como un conjunto de marcos históricos compartidos que operan a nivel social, presentes en la cultura política electoral, la militancia de base, espacios de opinión afines y, ocasionalmente, en la retórica de ciertos liderazgos.
Bajo esta premisa, pueden identificarse al menos cuatro corrientes interpretativas que ayudan a explicar por qué una parte del espectro político sigue mirando a Rusia a través del prisma soviético. Estas no son excluyentes entre sí; por el contrario, suelen coexistir y reforzarse dentro de las mismas coaliciones, combinándose según la coyuntura y la posición de cada actor frente a Estados Unidos, la Guerra Fría o las disputas geopolíticas contemporáneas.
Puede entenderse como un vínculo emocional, ideológico e histórico profundo con la Unión Soviética. Su peso se explica porque, para amplios sectores de la izquierda, aquellos que vivieron la Guerra Fría o se formaron políticamente bajo su relato, la URSS representa un símbolo imborrable del ideal socialista, del apoyo logístico a los movimientos de liberación y del financiamiento de revoluciones y procesos políticos en la región. La memoria soviética, por tanto, no se agota en la nostalgia por un Estado desaparecido, sino que condensa una imagen de potencia, disciplina y posibilidad histórica.
Esta nostalgia es alimentada de manera intencional por el propio aparato comunicacional del Kremlin. Al utilizar estratégicamente la estética soviética, como la exhibición de banderas rojas con la hoz y el martillo en los desfiles del Día de la Victoria o la exaltación de la «Gran Guerra Patria», el gobierno ruso apela a la memoria afectiva de la izquierda internacional. Por ejemplo, en 2024, el Día de la Victoria funcionó como un acto político de fuerte carga simbólica. A través de él, el Kremlin no solo conmemoró la derrota del nazismo en 1945, sino que también buscó conectar esa victoria soviética con la Rusia de Putin y con la guerra en Ucrania.
Para estos sectores, el apoyo a Rusia no siempre es un respaldo a su modelo económico oligárquico actual, sino un acto de lealtad histórica hacia la potencia que fue clave en sus luchas.
Esta postura es más pragmática. Reconoce que Rusia ya no es socialista, pero la valida como heredera del peso geopolítico soviético. Parte del hecho de que la URSS fue, durante décadas, un contrapeso real a la hegemonía estadounidense y de que, tras su caída en los años noventa, se consolidó un orden unipolar. En ese marco, el resurgimiento ruso abrió, para ciertos sectores políticos, la posibilidad de imaginar un nuevo orden multipolar, en el que pesan la capacidad militar de Rusia, su poder de veto en la ONU y su disposición a desafiar la arquitectura de seguridad occidental.
En este sentido, la política interna conservadora de Putin queda en un segundo plano frente a la utilidad estratégica de Moscú como contrapeso o freno frente a Estados Unidos, o a Occidente, y sus aliados. Esta lógica es evidente al observar la relación entre Rusia y ciertos gobiernos latinoamericanos que buscan contrarrestar la presión estadounidense. Al respecto, Cuba y Venezuela han mantenido vínculos con Moscú no por afinidad ideológica con el putinismo, sino por su capacidad de ofrecer respaldo energético, militar y diplomático en contextos de aislamiento o sanciones. Como ejemplo concreto, en noviembre de 2024, Rusia y Venezuela firmaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad y energía, reforzando una relación definida menos por el socialismo que por la necesidad de supervivencia en el entorno geopolítico actual.
En este marco interpretativo, el mundo se divide de manera binaria entre las fuerzas del imperialismo occidental, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y quienes se resisten a él. Esta lógica reactiva condiciona el respaldo a la Federación Rusa como un apoyo dado por oposición, no por adhesión positiva a su modelo social o político. Rusia es defendida y asimilada al imaginario de resistencia que alguna vez encarnó la URSS simplemente porque se enfrenta a los mismos adversarios, aunque lo haga desde otro lugar histórico y con una estructura estatal completamente distinta.
Esta postura ayuda a explicar una paradoja recurrente: ciertos movimientos de izquierda, al leer la política internacional casi exclusivamente en clave de confrontación con Estados Unidos, terminan justificando o minimizando prácticas del Kremlin que en otro contexto denunciarían sin vacilación. Así, la represión de minorías sexuales, las restricciones a la disidencia, el endurecimiento del control sobre la vida pública y la consolidación de un conservadurismo moral oficial quedan relativizados o directamente subordinados a la prioridad geopolítica de enfrentar a Occidente. El problema no es solo ético, sino también analítico: cuando toda acción del Kremlin se interpreta como una respuesta legítima al poder occidental, desaparece la capacidad de distinguir entre resistencia antihegemónica y autoritarismo interno. Dentro de esta misma lógica, el extractivismo, la centralización militarizada de la economía y la subordinación de la sociedad al poder estatal pasan a segundo plano. El antiimperialismo, de este modo, deja de funcionar como crítica del poder y se convierte en una gramática de alineamiento que produce una forma de ceguera selectiva.
Esta lógica permite que el antiimperialismo prorruso siga encontrando en Moscú una figura de resistencia, aunque el contenido real del régimen ruso sea capitalista, nacionalista y autoritario, y no guarde relación sustantiva con el proyecto soviético.
Esta visión, minoritaria, identifica y entiende a la Rusia contemporánea como la misma URSS, no como su equivalente o sucesora, sino como una continuidad casi literal. Esta categoría no suele estar presente en las coaliciones gobernantes de la izquierda moderna, sino que se concentra en sectores de militancia comunista más ortodoxa y fuertemente ideologizada. Allí, la historia parece leerse con categorías congeladas de la Guerra Fría, lo que produce una mimetización entre los actores contemporáneos y los del siglo XX.
Dentro de esta lectura, la confrontación del Kremlin con Occidente se interpreta como una continuación de la lucha de clases o de la expansión internacional soviética. Incluso narrativas como la supuesta «desnazificación» de Ucrania se presentan como análogas a la victoria de 1945, borrando las diferencias entre la guerra antifascista histórica y la política exterior rusa del presente. Para estos sectores, cualquier crítica a Moscú es descartada automáticamente como propaganda proimperialista, sin entrar en el fondo de la naturaleza capitalista e imperial del propio Estado ruso actual.
El problema de esta identificación no es solo analítico, sino también político. Al superponer Rusia sobre la URSS, se borra por completo la mutación del régimen ruso. En lugar de leer el presente, se proyecta sobre él una matriz histórica ya cerrada.
A la luz de lo anterior, resulta interesante observar cómo la Rusia contemporánea es capaz de aprovechar simultáneamente todas estas interpretaciones en su favor. La razón no es que Moscú siga siendo soviética, sino que su política de símbolos, su confrontación con Occidente y su reutilización selectiva de la memoria histórica le permiten circular entre distintos marcos interpretativos sin quedar confinada a ninguno de ellos.
En países como Cuba o Venezuela, estas categorías se entrelazan de manera compleja. Mientras las cúpulas gubernamentales operan bajo la pragmática del antiimperialismo prorruso y la continuidad geopolítica, firmando acuerdos petroleros o militares para sobrevivir al aislamiento estadounidense, las bases militantes y la maquinaria comunicacional estatal recurren a menudo a la nostalgia soviética o incluso a la identificación directa para dotar a esas alianzas transaccionales de una pátina épica y revolucionaria. Es en esa intersección entre necesidad geopolítica y memoria histórica donde sobrevive el espejismo de la continuidad.
El análisis de los antecedentes históricos, los foros diplomáticos y las narrativas mediáticas presentado en este artículo demuestra que la respuesta de América Latina frente a la guerra en Ucrania no es un accidente ni una simple reacción pragmática. Por el contrario, el conflicto ha funcionado como un catalizador que expone las raíces profundas de la cultura política regional. La forma en que América Latina decodifica el escenario internacional contemporáneo está atravesada y determinada por las memorias del siglo XX: las intervenciones extranjeras, la asimetría económica y el respaldo a dictaduras. Esta historia consolidó una desconfianza estructural hacia las potencias occidentales que, hasta el día de hoy, sigue actuando como un eje esencial dentro del debate público y el manejo de la política exterior.
Entender esta base histórica es clave para explicar por qué la región no actuó como un bloque unificado frente a la invasión. En su intento por equilibrar el respeto al derecho internacional con sus propios intereses estratégicos, los Estados latinoamericanos mostraron una profunda fragmentación. El espectro abarca desde el respaldo de regímenes autoritarios que ven en Moscú un salvavidas político y material, hasta la condena diplomática de países que buscan proteger sus economías evitando sumarse a las sanciones. Un punto de particular interés es la postura de «neutralidad activa» asumida por potencias como Brasil o México. Aunque nace de un esfuerzo legítimo por mantener autonomía y no subordinarse a las agendas del Norte, en la práctica esta doctrina de no intervención termina generando una equiparación asimétrica que diluye las responsabilidades entre el Estado agresor y el Estado invadido.
Es precisamente sobre esta base discursiva preexistente donde el ecosistema mediático y diplomático ruso logró operar con gran eficacia. El éxito de la desinformación y de plataformas como RT o Sputnik en la región no consistió en crear una simpatía hacia Rusia desde cero. Su verdadera habilidad fue instrumentalizar el antiimperialismo clásico latinoamericano. Al enfocar el origen de la guerra casi exclusivamente en la expansión de la OTAN y en el papel de Occidente, la narrativa oficial del Kremlin encajó perfectamente en esquemas de lectura ya instalados en sectores políticos locales. Así, logró transformar una invasión que vulnera los principios elementales de la soberanía territorial en un relato geopolítico donde Rusia asume, de manera distorsionada, el papel histórico de potencia defensiva o de fuerza opuesta al hegemonismo estadounidense.
Este entramado narrativo revela la mayor contradicción analítica e ideológica expuesta en este artículo: la paradoja que atraviesa a diversos sectores de la izquierda latinoamericana. Como se detalló al desmitificar la doctrina política del putinismo, la tendencia a observar a la Federación Rusa contemporánea a través del prisma de la extinta Unión Soviética no se sostiene sobre ninguna afinidad material o institucional. Se basa, más bien, en lealtades emocionales congeladas en el tiempo y en un uso utilitario de la memoria histórica. Al establecer la oposición a Estados Unidos como el único medidor absoluto de validez geopolítica, una parte del antiimperialismo latinoamericano pierde su foco analítico y deviene en una postura reactiva que omite elementos cruciales de su campo de visión.
Bajo esta lectura binaria del mundo, las características reales del Estado ruso actual quedan en un punto ciego. Se invisibiliza el hecho de que se trata de un régimen fundamentado en el capitalismo oligárquico, de corte nacional-conservador y fuertemente autoritario, elementos que representan una ruptura total con los ideales de redistribución e igualdad del proyecto socialista. El problema de leer el presente usando únicamente las categorías de la Guerra Fría es que anula la capacidad de distinguir: se confunde lo que podría ser una postura crítica y necesaria ante las asimetrías del orden occidental con la validación de un proyecto imperial expansivo impulsado por otra gran potencia global.
En definitiva, las percepciones de América Latina frente a la agresión rusa contra Ucrania evidencian que la región sigue procesando los conflictos del siglo XXI a través de los mapas del siglo pasado. El interés por mantener un margen de maniobra propio y no alinearse automáticamente con los dictados de Occidente sigue siendo un pilar vital de la tradición diplomática latinoamericana. Sin embargo, el desafío contemporáneo que deja esta crisis es lograr que esa defensa de la soberanía sea consistente en todos los frentes. El objetivo no implica renunciar al pensamiento crítico frente a los centros de poder tradicionales, sino asegurar que el deseo de autonomía no se transforme en un argumento retórico que, ya sea por afinidad histórica o por rechazo a Estados Unidos, termine tolerando las transgresiones de nuevos actores en la arena global.
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