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Las disputas históricas entre Ucrania y Polonia han vuelto a desplazarse desde los márgenes de las relaciones bilaterales hasta el centro del debate político. La reciente intensificaci ón de los debates históricos, acompañada de operaciones de información rusas y de una creciente agresión contra los ucranianos en Polonia, demuestra por qué esta cuestión ya no concierne únicamente a los historiadores. Las controversias en torno al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), Volinia y las exhumaciones influyen cada vez más en los debates sobre la integración europea de Ucrania, la cooperación en materia de seguridad y la seguridad de los ucranianos en Polonia. Sin embargo, la opinión pública en ambos países indica que las sociedades no necesariamente desean una confrontación: la mayoría de los ucranianos y polacos siguen considerando esencial la cooperación frente a la amenaza rusa.
Basándose en las experiencias polaco-alemana y germano-checa, este artículo propone un modelo de «desacuerdo gestionado»: un marco en el que los conflictos históricos no resueltos sean reconocidos, institucionalizados y contenidos, en lugar de permitir que paralicen las relaciones bilaterales.
«Ucrania no entrará en la Unión Europea con el banderismo», declaró Mariusz Błaszczak, exministro de Defensa y presidente del grupo parlamentario de Ley y Justicia (PiS), el 2 de julio de 2026. Once días después, los diputados del PiS presentaron al Sejm el proyecto de resolución n.º 2807, que insta al Gobierno a no dar su consentimiento a las siguientes etapas de la adhesión de Ucrania a la UE que requieran la unanimidad de los Estados miembros y vincula explícitamente esta exigenci a con la política ucraniana de conmemoración del UPA. El proyecto fue presentado por la oposición y no es vinculante, pero su propia aparición demuestra un intento de convertir una disputa histórica en un argumento a favor de un veto polaco.
El 26 de mayo de 2026, Volodymyr Zelenskyi concedió al Centro Independiente de Operaciones Especiales «Pivnich» la denominac ión honorífica «de los Héroes del UPA». Tres días después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia expresó su «indignación», aunque en la misma declaración advirtió contra el riesgo de permitir que las relaciones bilaterales se conviertan en rehenes de cada nueva disputa sobre el pasado. Sin embargo, la noticia ya se había convertido en objeto de un amplio debate público y político.
Al mismo tiempo, las polémicas históricas coincidieron cada vez más con actos de agresión contra los ucranianos en Polonia. Solo durante el primer semestre de 2026, la policía recibió 180 denuncias por delitos de odio contra ciudadanos ucranianos, un 30 % más que un año antes. En julio, dos hombres vinculados al partido Confederación grabaron e interrogaron a una empleada ucraniana en Poznań sobre Stepan Bandera; tras la publicación del vídeo, la mujer fue objeto de insultos y amenazas en internet. Rzeczpospolita, citando a la Unión de Ucranianos en Polonia, señaló que los aumentos de la agresión contra los ucranianos coincidían con las campañas políticas y con los períodos de intensificación de las controversias en torno a Volinia. Por tanto, en algunos casos, los agravios históricos se convierten en el lenguaje mediante el cual se justifica la agresión o se moviliza políticamente.
En este contexto, es especialmente importante que una crisis política no se convierta en motivo para detener los trabajos en los lugares de enterramiento. Entre el 13 de julio y el 7 de agosto de 2026, un equipo ucraniano-polaco llevó a cabo trabajos de exhumación en las antiguas aldeas de Ostrivky y Volia Ostrovetska, en Volinia, y halló los restos de 55 personas, entre ellas 26 niños. Hasta hace poco, algo así habría sido difícil de imaginar: en 2017, tras el desmantelamiento de un monumento al UPA en la localidad de Hrushovychi (Hruszowice, Polonia), la parte ucraniana dejó de conceder autorizaciones para los trabajos polacos de búsqueda y exhumación.
En aquel momento, una disputa en torno a un único lugar en Polonia bloqueó los trabajos de carácter humanitario en otros lugares de Ucrania (Stryjek, p. 258). Esta vez se logró evitar una ruptura gracias al Grupo de Trabajo sobre Enterramientos Dignos, que celebró cinco reuniones en 2025 y se convirtió en un espacio permanente para debatir las solicitudes, los plazos y la composición de las expediciones. Mientras tanto, a fecha del 7 de agosto de 2026, el permiso para Ostrivky seguía siendo el único concedido específicamente para la exhumación de las víctimas de la tragedia de Volinia.
Sin embargo, los datos sociológicos no confirman una división simple entre dos sociedades mutuamente hostiles. En julio de 2026, el 84 % de los polacos consideraba que el Estado debía reaccionar ante la glorificación de personas responsables de crímenes contra los polacos, y el 77 % coincidía en que no es posible construir buenas relaciones sin afrontar el pasado. Al mismo tiempo, el 73 % estaba convencido de que los políticos polacos y ucranianos avivaban el conflicto en beneficio propio, el 80 % consideraba que Rusia era la principal beneficiaria de esta situación y el 75 % señalaba como prioridad la cooperación frente a la amenaza rusa.
Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv (KIIS) , realizada un mes antes, mostró que el 90 % de los ucranianos apoya una solución constructiva: el 57 % reconoce el derecho de cada Estado a tener su propia visión sin interferencias por parte del país vecino, el 33 % espera alcanzar un compromiso mediante comisiones de historiadores y solo el 5 % se muestra a favor de la confrontación. Incluso después del enfriamiento que se produjo una vez finalizado el período «romántico» de las relaciones entre ambos países en 2022 y 2023, las actitudes de los ucranianos hacia los polacos en 2025 se mantuvieron dentro del rango de tolerancia según la escala de distancia social del KIIS, sin un deterioro estadísticamente significativo en comparación con 2024.
Las tensiones en las relaciones polaco-ucranianas no pueden explicarse únicamente por cuestiones de política interna y por las opiniones existentes en Ucrania y Polonia. Rusia utiliza las contradicciones existentes como instrumento de presión sobre las relaciones bilaterales. En julio de 2026, el proyecto polaco de verificación de datos Demagog describió la difusión simultánea de materiales sobre Volinia, entre ellos documentos supuestamente «desclasificados», imágenes falsificadas y redes de bots, en vísperas del aniversario de la tragedia. El Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania advirtió por separado sobre una campaña del FSB que utilizaba documentos falsificados con el objetivo de profundizar la desconfianza entre Ucrania y Polonia.
Al mismo tiempo, las encuestas citadas anteriormente indican que las actitudes de la opinión pública son ambivalentes, pero no necesariamente confrontativas: tanto los polacos como los ucranianos conceden gran importancia al pasado, aunque, en su mayoría, no quieren que este socave la cooperación frente a la amenaza rusa.
Precisamente por esta razón, las disputas históricas entre Ucrania y Polonia no pueden permanecer en una dinámica de crisis políticas recurrentes. Polonia es uno de los principales socios de Ucrania en la lucha contra Rusia y en la cooperación en materia de defensa, y en las próximas etapas de la adhesión de Ucrania a la UE la posición de Varsovia también tendrá un peso procedimental, ya que algunas decisiones requerirán la unanimidad de los Estados miembros. Por tanto, la cuestión no consiste en cómo construir una memoria compartida, sino en cómo evitar que las disputas sobre el pasado bloqueen la cooperación en otros ámbitos cada vez que surjan.
Ucrania y Polonia han encontrado en más de una ocasión fórmulas políticas para conmemorar conjuntamente a las víctimas, pero con mucha menor frecuencia han logrado convertir estos acuerdos en proyectos permanentes. Entre 1994 y 2005, historiadores celebraron once seminarios bajo el título
«Ucrania y Polonia: cuestiones difíciles» y publicaron diez volúmenes sobre el conflicto de 1918 a 1947 [Mędrzecki, pp. 243–244]. Sin embargo, una vez concluido este ciclo, no quedó ninguna secretaría permanente, ningún presupuesto específico ni ningún mecanismo para incorporar sus resultados a los libros de texto, los programas de formación del profesorado y el debate político. La fórmula de conmemoración conjunta de las víctimas en Pavlivka en 2003 también fue interpretada de manera diferente: en Polonia, se entendió cada vez más como el inicio de un proceso tras el cual Ucrania todavía debía determinar la responsabilidad del UPA, mientras que en Ucrania se interpretó como un compromiso político que ya se había alcanzado [Stryjek, p. 262].
En 2013, volvió a surgir la disputa sobre cómo definir los acontecimientos: una tragedia o una masacre, una limpieza étnica con rasgos de genocidio o parte de un conflicto más amplio que incluyó acciones organizadas contra los polacos por parte del UPA y medidas de represalia polacas. En 2015, Ucrania reconoció a la OUN (Organización de Nacionalistas Ucranianos) y al UPA como combatientes por la independencia, y en 2016, el Sejm polaco calificó los asesinatos de la población polaca como genocidio; estas diferentes valoraciones quedaron consagradas en una ley y en una resolución parlamentaria.
Los participantes en el debate «¿Cómo desminar la historia ucraniano-polaca?» identificaron este problema ya en 2016. Heorhii Kasianov, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad Maria Curie-Skłodowska (Polonia), sostuvo que un conflicto entre fuerzas políticas concretas se presenta erróneamente como un conflicto entre dos naciones. Mykola Kniazhytskyi, diputado ucraniano y copresidente del Comité de Relaciones Interparlamentarias con Polonia, advirtió: «Solo con la ayuda de los historiadores nunca lograremos deshacer este complicado nudo», mientras que Paweł Kowal, politólogo polaco, calificó el nivel institucional como la base de la reconciliación polaco -alemana En el mismo debate, Ihor Iliushyn, doctor, llamó la atención sobre otro problema: el diálogo se desarrolla bajo el patrocinio de instituciones estatales que no solo investigan el pasado, sino que también configuran las narrativas oficiales. Como resultado, un cambio de gobierno o de rumbo político puede modificar no solo el tono de la discusión, sino también la propia agenda del diálogo histórico. Los historiadores pueden establecer los hechos y explicar las discrepancias, pero solo los políticos deciden si un desacuerdo se convertirá en motivo para imponer una sanción diplomática o administrativa.
Varsovia y Berlín también compartían un trauma histórico extremadamente complejo: la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana, el desplazamiento de las fronteras, las expulsiones de la posguerra y las prolongadas reclamaciones de propiedad. Su modelo no eliminó todas las disputas, ya que las demandas de reparaciones siguen reapareciendo en la política polaca, pero creó una infraestructura de cooperación tan densa que el conflicto histórico no se convirtió en el único factor determinante de las relaciones bilaterales.
El primer elemento de este sistema fue la interacción política. El Tratado de Buena Vecindad de 1991 estableció que los jefes de Gobierno debían celebrar consultas al menos una vez cada seis meses, los ministros de Asuntos Exteriores y los responsables de sus ministerios al menos una vez al año, y que los demás ministerios mantendrían contactos regulares. A partir de 1997 comenzaron a celebrarse reuniones más amplias con la participación de los jefes de Gobierno y varios ministros; para 2006 ya se habían celebrado ocho reuniones de este tipo [Gardner Feldman, p. 238].
Como resultado, una crisis política no exigía crear de nuevo un canal de negociación cada vez que surgía. Este ya existía y podía utilizarse incluso cuando los gobiernos discrepaban sobre el pasado. El segundo elemento fue la participación de los jóvenes. La Oficina de Cooperación Juvenil Polaco-Alemana contó con una dirección binacional y financiación pública permanente. Entre 1993 y 2006, apoyó aproximadamente 48.000 intercambios, en los que participaron alrededor de 1,88 millones de jóvenes. Solo en 2009, más de 106.000 personas participaron en intercambios juveniles y escolares [Gardner Feldman, pp. 229–230].
El Consejo de Intercambio Juvenil Ucraniano-Polaco también está en funcionamiento, pero su alcance sigue siendo incomparablemente menor: entre 2016 y 2025, apoyó 640 proyectos, en los que participaron más de 21.000 personas. Esto equivale aproximadamente a 2.100 participantes al año. Por tanto, el problema no radica en la ausencia de una institución ucraniano-polaca, sino en el hecho de que, para la mayoría de los escolares, participar en este tipo de intercambios sigue siendo algo excepcional, mientras que los intercambios polaco-alemanes se han convertido en una experiencia generalizada.
El tercer elemento fue la educación. La Comisión Polaco-Alemana de Libros de Texto lleva funcionando desde 1972. En 1976 preparó las primeras recomendaciones para los autores de libros de texto, en 1995 publicó una edición revisada y en 2001 diecinueve investigadores polacos y alemanes elaboraron un manual bilingüe para docentes. La Comisión celebró más de treinta conferencias especializadas y posteriormente unió los esfuerzos para producir un libro de texto conjunto [Gardner Feldman, pp. 211 – 212].
Esto era precisamente lo que faltaba en el diálogo polaco-ucraniano de los historiadores. La conferencia «Preguntas difíciles» generó una enorme cantidad de investigaciones, pero sus resultados no se tradujeron de manera sistemática en materiales para profesores, programas escolares y un trabajo educativo bilateral sostenido. Ahora ha surgido la posibilidad de colmar parcialmente esta laguna mediante el proyecto polaco-alemán-ucraniano del Instituto Georg Eckert, que está trabajando en recomendaciones y materiales para la enseñanza de una historia transnacional compartida.
El cuarto elemento fue la financiación. La Fundación para la Cooperación Polaco -Alemana se creó en 1991. Para 2001, había apoyado aproximadamente 4.600 proyectos en los ámbitos de la cultura, la educación, la ciencia, el aprendizaje de idiomas, las asociaciones entre ciudades, la ecología y el desarrollo local [Gardner Feldman, p. 230]. Para 2008, se habían establecido más de 600 asociaciones entre ciudades y municipios polacos y alemanes [Gardner Feldman, pp. 225 –226].
Esto cambió la propia estructura de la relación. Ya no estaba sostenida únicamente por Varsovia y Berlín, sino también por escuelas, universidades, ciudades, fundaciones, museos, organizaciones cívicas y administraciones locales. Cuando los gobiernos centrales entraban en conflicto, los demás niveles de cooperación no desaparecían con él. El quinto elemento fue claramente visible durante la crisis de 2004. El Fideicomiso Prusiano (Preußische Treuhand), que representaba a algunos de los alemanes expulsados de los territorios cedidos a Polonia después de la guerra, amenazó con presentar demandas judiciales para reclamar la restitución de bienes. El Sejm polaco respondió promoviendo una exigencia de reparaciones de guerra a Alemania. A pesar del acalorado debate político sobre la cuestión, los gobiernos procedieron a resolver la controversia jurídica no mediante resoluciones parlamentarias recíprocas.
En su lugar, remitieron la cuestión de las reclamaciones individuales sobre bienes a un grupo conjunto de abogados, que en noviembre de 2004 concluyó que tales reclamaciones no tenían base jurídica [Gardner Feldman, pp. 212–213].
Esto no eliminó las demandas políticas. Los políticos polacos todavía pueden volver a plantear la cuestión de las reparaciones, especialmente durante las campañas electorales, mientras que Alemania sigue insistiendo en que no existe fundamento jurídico para nuevas reclamaciones. Sin embargo, la disputa sobre los bienes no se convirtió en motivo para poner fin a ningún otro contacto. Tiene su propio nivel político y jurídico separado, mientras que la cooperación en materia de defensa, economía, educación y ámbito local tiene los suyos.
La magnitud de esta infraestructura es evidente en las relaciones actuales: más de tres millones de jóvenes han participado en intercambios, más de 500 asociaciones entre ciudades están en funcionamiento, alrededor de dos millones de personas estudian alemán en Polonia y Polonia se ha convertido en el quinto socio comercial de Alemania; estas cifras son citadas por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Sin embargo, entre 2019 y 2023 no se celebraron consultas intergubernamentales, la disputa sobre las reparaciones permaneció abierta y los controles fronterizos mutuos en 2025 afectaron duramente a las comunidades fronterizas.
Una encuesta de CBOS realizada en octubre de 2025 reveló un panorama mixto: el 25 % de los polacos describió las relaciones como buenas, el 18 % como malas y el 48 % como neutrales, mientras que el 63 % apoyó la exigencia de reparaciones. A pesar de ello, en junio de 2026, los dos países firmaron un acuerdo de defensa.
Por tanto, el logro del modelo polaco-alemán no consiste en la desaparición de los conflictos históricos. Su logro reside en la capacidad de continuar cooperando cuando el sentimiento público se deteriora y determinados políticos utilizan el pasado para movilizar a los votantes. En junio de 2026, Johann Wadephul calificó estas relaciones de «amistad consolidada» y recordó las palabras de Władysław Bartoszewski sobre el valor de la «cotidianidad y normalidad» entre vecinos.
El caso germano-checo deja aún más claro que la reconciliación no implica necesariamente producir una valoración histórica compartida. Las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del Acuerdo de Múnich, los decretos de Beneš, la expulsión de los alemanes de los Sudetes y las reclamaciones de bienes. La Declaración de 1997 sobre las Relaciones Mutuas y su Desarrollo Futuro no derogó los decretos de Beneš —actos de la posguerra en virtud de los cuales una parte sustancial de la población germanoparlante de Checoslovaquia perdió la ciudadanía y sus bienes— ni estableció una valoración jurídica compartida de la expulsión. En su lugar, ambas partes mantuvieron sus propias posiciones y acordaron que las cuestiones no resueltas del pasado no debían lastrar las relaciones actuales.
Junto con este límite político, se establecieron instrumentos de trabajo específicos: el Fondo Germano-Checo para el Futuro, al que Alemania aportó 140 millones de marcos y la República Checa el equivalente a 25 millones, quedó bajo gestión conjunta. Hasta 2024, el Fondo había apoyado más de 14.000 proyectos por un valor superior a 2.200 millones de coronas checas y, solo en 2024, financió 771 proyectos, de los cuales más de 300 estaban dirigidos a los jóvenes.
El Foro de Debate Germano-Checo funcionó paralelamente a este, reuniendo a historiadores con políticos, representantes de partidos, periodistas y activistas. Como resultado, el conocimiento experto no quedó confinado a la comunidad académica, sino que pasó a formar parte de un discurso público más amplio y sirvió como condición previa para el consenso entre las élites políticas [Gardner Feldman, pp. 288–289].
El conflicto de 2026 en torno al primer congreso de la Asociación de Alemanes de los Sudetes en la República Checa —una organización que representa a los alemanes expulsados de Checoslovaquia y a sus descendientes— demostró hasta qué punto esta estructura era resistente. Para los partidarios del diálogo, la reunión en Brno era una señal de normalización, mientras que los críticos del evento la consideraban una amenaza de retorno de las propiedades y de reivindicaciones políticas. Los altos niveles del Gobierno checo se distanciaron oficialmente del evento, la Cámara de Diputados adoptó por mayoría de votos una resolución crítica que pedía la cancelación del congreso y unos tres mil participantes se encontraron con aproximadamente el mismo número de manifestantes.
A pesar de los acontecimientos, el primer ministro Andrej Babiš continuó las negociaciones con Markus Söder y Friedrich Merz; las relaciones económicas no fueron revisadas y los gobiernos prorrogaron el funcionamiento del Fondo hasta 2037. Alemania sigue representando aproximadamente un tercio de las exportaciones checas, mientras que Baviera representa aproximadamente una cuarta parte del comercio germano-checo. Una disputa políticamente acalorada no se convirtió en una crisis comercial, gubernamental o transfronteriza.
Bajo las condiciones de operaciones de información rusas dirigidas, esta capacidad para contener los conflictos es aún más importante para Kyiv y Varsovia de lo que lo fue para Praga y Berlín en la década de 1990.
La primera conclusión se refiere a la distinción entre procedimientos. El Acuerdo de 1994 ya regula la búsqueda, la exhumación, la reinhumación y la protección de los lugares conmemorativos, por lo que el Grupo de Trabajo sobre Enterramientos Dignos no debería debatir la clasificación histórica de cada víctima, sino mantener un registro bilingüe abierto de las solicitudes, publicar un calendario anual de los trabajos y explicar por escrito los retrasos.
Las disputas sobre monumentos deberían remitirse a un grupo separado de abogados, expertos en patrimonio y representantes de las comunidades, que establecería la titularidad, el estatus jurídico y el procedimiento para restaurar un determinado lugar. El mecanismo jurídico polaco-alemán de 2004 puede aplicarse al problema que provocó la crisis en Hrushovychi: una decisión sobre un monumento ya no se convertiría en una sanción contra las exhumaciones.
La segunda conclusión es que el diálogo histórico requiere continuidad e independencia. El Congreso Histórico Polaco-Ucraniano, que reunió a alrededor de un centenar de investigadores en mayo de 2026, debería transformarse en un consorcio de universidades, instituciones académicas y organizacionescívicas, con una secretaría conjunta y un consejo académico independiente. Como muestra Heorhii Kasianov en su libro Memory Crash, la política de la historia no es únicamente obra de los historiadores, sino también una lucha por el uso del pasado para legitimar a héroes, víctimas y objetivos políticos contemporáneos [Kasianov, 2022]. Cuando las instituciones estatales de la memoria abren simultáneamente archivos, organizan investigaciones y dan forma al relato oficial, una disputa sobre el UPA o Volinia se convierte rápidamente en una cuestión de dignidad nacional y lealtad política, más que únicamente en una cuestión de fuentes y hechos.
Esto no significa que las instituciones de la memoria deban ser excluidas del diálogo. Pero no deberían ser sus únicos árbitros: en ese caso, un cambio de orientación política trae consigo un cambio en la agenda, la terminología y las consecuencias prácticas del debate. Por lo tanto, el diálogo histórico debería confiarse a un consorcio independiente de instituciones, mientras que los Institutos Ucraniano y Polaco de la Memoria Nacional deberían proporcionar documentos y expertos sin determinar unilateralmente las conclusiones ni vincularlas a decisiones diplomáticas. El resultado anual debería consistir en una revisión de los hechos acordados, los puntos de divergencia y las lagunas en las fuentes, junto con materiales para profesores; un foro separado debería reunir periódicamente a investigadores con diputados de distintos partidos, periodistas y activistas locales.
El tercer paso consiste en ampliar radicalmente la cooperación juvenil. Entre 2016 y 2025, el Consejo Polaco-Ucraniano involucró a más de 21.000 participantes, un promedio de aproximadamente 2.100 al año; en comparación, el resultado polaco-alemán a lo largo de 35 años ya se mide en millones de participantes. Por lo tanto, un objetivo operativo para 2028 podría consistir no en copiar mecánicamente la escala alemana, sino en al menos duplicar la cobertura polaco-ucraniana, hasta 150 proyectos y 5.000 participantes al año. Con las tarifas actuales de reembolso para los intercambios de siete días, esto supondría un presupuesto del orden de 3 millones de euros anuales; la proporción específica de las contribuciones debe ser acordada por los gobiernos, aunque, dadas sus diferentes capacidades financieras, la parte polaca podría ser mayor o combinarse con fondos de la UE y de donantes. Lo que debería financiarse no son viajes puntuales, sino asociaciones de al menos tres años entre las mismas escuelas, museos y comunidades, ya que fue la repetición, y no el número de encuentros ceremoniales, lo que convirtió los intercambios polaco-alemanes en infraestructura social.
Por último, ninguna institución financiaría todo este trabajo: el actual Consejo de Intercambio Juvenil cubre únicamente un área, mientras que los trabajos de búsqueda, las traducciones de fuentes, los museos locales y la formación de profesores dependen de convocatorias separadas y de decisiones políticas. Esta laguna podría cubrirse mediante una Fundación para la Cooperación Polaco -Ucraniana, con un consejo de administración paritario y una secretaría binacional independiente. Un presupuesto inicial de 20 millones de euros para cinco años, es decir, 4 millones al año, permitiría pasar de decenas de eventos de exhibición a convocatorias de subvenciones plurianuales. La fundación debería financiar museos y lugares conmemorativos locales, traducciones de fuentes, formación de profesores, un catálogo digital de lugares de enterramiento y proyectos cívicos, con especial atención a diversos aspectos del patrimonio histórico polaco-ucraniano.
Las experiencias polaco-alemana y germano-checa no demuestran que los estados puedan producir una memoria única. Demuestran que incluso un desacuerdo agudo puede mantenerse dentro de ciertos límites si se aplican reglas diferentes a los enterramientos, los monumentos, la investigación y las respuestas políticas. Y ese es el camino que Ucrania y Polonia podrían seguir.
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