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Venezuela lleva años ocupando un lugar recurrente en la agenda internacional: sanciones económicas, condenas diplomáticas, intentos de mediación fallidos y un régimen que, pese a todo, continúa en pie. A primera vista, el caso se presenta como un ejemplo más de crisis prolongada bajoun régimen autoritario resistente a la presión externa. Sin embargo, su persistencia expresa algo más que una dinámica de debilitamiento institucional interno.
Con el paso del tiempo, Venezuela se ha transformado en un espacio donde se ponen a prueba las capacidades reales del orden internacional para gestionar crisis políticas profundas. Las herramientas que durante décadas funcionaron como mecanismos de presión, como lo son las sanciones, el aislamiento y el reconocimiento selectivo, han mostrado resultados limitados, mientras actores externos ajustan sus estrategias y redefinen prioridades. El problema ya no es únicamente la eficacia de esos instrumentos, sino lo que su desgaste revela sobre un contexto global crecientementefragmentado y menos previsible.
Lejos de ser un caso excepcional, Venezuela ofrece una clave de lectura para comprender transformaciones más amplias. La selectividad del compromiso estadounidense, la vulnerabilidad europea frente a la erosión del respaldo externo, los vaivenes políticos y diplomáticos en América Latina y el aprendizaje de actores que observan en la resistencia prolongada una estrategia viable. En este sentido, el caso venezolano deja de ser únicamente una crisis latinoamericana y se convierte en un síntoma visible de los límites del orden contemporáneo.
Estas dinámicas encontraron una expresión particularmente visible en un acontecimiento reciente. La captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos del 2026 marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana. Este episodio alteró de manera sustancial un escenario que hasta entonces se había caracterizado por una dinámica de alternancia entre sanciones y diálogos fallidos, sin que ello se tradujera en cambios efectivos ni indujera una transición política. En este sentido, resulta un acontecimiento clave para el análisis, al permitir examinar cómo un conflicto prolongado derivó en una resolución excepcional por fuera de los mecanismos tradicionales de presión, habilitando una lectura sobre la eficacia de dichos mecanismos y sobre la evolución delorden normativo que los sustenta.
No obstante, antes de abordar sus implicancias, es pertinente reconstruir el entramado de decisiones y tensiones que hicieron posible este desenlace.
El chavismo surgió en Venezuela como un movimiento cívico-militar de orientación socialista y bolivariana, consolidándose en el poder con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999. Tras su fallecimiento en 2013, Nicolás Maduro asumió el liderazgo del país, extendiendo la permanencia del movimiento por más de 25 años. Este período ha estado marcado por una progresiva centralización del poder y un deterioro institucional que ha motivado múltiples condenas internacionales, incluyendo acusaciones de la ONU por crímenes de lesa humanidad, informes de detenciones arbitrarias y tortura, y un aislamiento diplomático creciente debido a la falta de garantías democráticas.
En este escenario de tensiones acumuladas, el calendario electoral de 2024 marcó el inicio de la fase más reciente y convulsa de la crisis. Una fecha clave es la del 28 de julio de 2024, que marca la celebración de elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral oficializó a Nicolás Maduro como vencedor para un tercer mandato. Los sectores opositores, encabezados por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunciaron fraude y falta de transparencia en la publicación de resultados, sosteniendo que el candidato González Urrutia había obtenido una mayoría significativa según sus propios conteos de actas disponibles. La negativa del CNE a publicar los datos alimentó acusaciones de manipulación del proceso electoral y desencadenó protestas en múltiples estados del país.
La respuesta de la comunidad internacional fue inmediata y diversa. El Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar y ampliar sus medidas restrictivas el 10 de enero de 2025, renovando sanciones a funcionarios del régimen venezolano y sancionando a 15 personas adicionales vinculadas al Consejo Nacional Electoral, al poder judicial y a las fuerzas de seguridad, por su papel en la represión post-electoral y el deterioro de la democracia. Estados Unidos, por su parte, también recurrió a ampliar medidas preexistentes. Ese mismo día, la OFAC sancionó a 8 funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad claves para el régimen, así como a altos funcionarios del ejército y de la policía que lideran entidades involucradas en la represión y violaciones de los derechos humanos. Asimismo, el Departamento de Estado amplió las ofertas de recompensa hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, así como una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por su ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Al mismo tiempo, Canadá y el Reino Unido adoptaron medidas similares.
En paralelo, actores aliados del régimen expresaron su respaldo al gobierno venezolano, reconociendo el triunfo electoral de Maduro y cuestionando la legitimidad de las sanciones occidentales. Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, fue el primero en pronunciarse y categorizarlo como una «victoria histórica». El mismo fue seguido por comunicados de parte de Rusia, Irán, Nicaragua, y China entre otros. Rusia y China enfatizaron el principio de no injerencia en los asuntos internos, mientras reafirmaron su apoyo político y diplomático al gobierno, contribuyendo a amortiguar el impacto del aislamiento internacional promovido por Occidente. Por otra parte, 13 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, El Salvador y Perú, se sumaron a una declaración conjunta con otras naciones, expresando su preocupación respecto a la transparencia del proceso electoral y solicitando la publicación de las actas electorales y la verificación imparcial e independiente de los resultados.
Más allá de las repercusiones, el 10 de enero de 2025, Maduro fue investido formalmente para un nuevo período presidencial de seis años en un contexto de descontento social generalizado y amplias movilizaciones sociales bajo el lema de «Gloria al Bravo Pueblo». Las mismas fueron duramente reprimidas, existiendo denuncias e informes que documentan abusos generalizados a los derechos humanos, entre ellos asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas, detenciones y procesos penales arbitrarios, así como torturas y malos tratos a personas detenidas. En ese contexto, Machado y González Urrutia han exigido mayor presión internacional, agradeciendo públicamente el apoyo de sus socios y respaldando las estrategias de presión encabezadas por Estados Unidos, como nuevas sanciones y acciones militares, considerándolas necesarias para forzar un cambio político.
Tras la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025, un número creciente de analistas coincidió en una evaluación común: el régimen de sanciones, durante mucho tiempo considerado la principal herramienta de presión, no había logrado generar cambios políticos significativos. Con la llegada de una nueva administración en Estados Unidos, esta evaluación se tradujo en un giro hacia una mayor dependencia de instrumentos coercitivos directos. A lo largo de 2025, la política estadounidense incorporó cada vez más modalidades agresivas, incluidas operaciones encubiertas y acciones militares de alcance limitado. Al mismo tiempo, la crisis venezolana dejó de interpretarse principalmente como un problema democrático y pasó a considerarse, en mayor medida, una cuestión de seguridad regional, vinculada a los flujos migratorios, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Como resultado, la diplomacia fue perdiendo gradualmente su papel central como principal mecanismo de resolución del conflicto.
El panorama experimentó una transformación profunda a comienzos del 2026, cuando una operación militar liderada por Estados Unidos resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La intervención marcó un quiebre en la política venezolana y desató debates alrededor de cuestiones como la soberanía estatal, el derecho internacional y los límites de la intervención externa en América Latina. Las reacciones han sido heterogéneas, tanto por parte de los actores estatales como dentro de la sociedad civil, donde multitudinarias celebraciones por parte de la diáspora venezolana en distintos países convivieron con análisis y cuestionamientos con enfoque en los aspectos normativos y geopolíticos de la situación.
No obstante, la captura de Maduro no ha implicado la caída del régimen. Washington dejó en claro que la oposición no asumiría de inmediato el control del gobierno y que la transición sería gestionada bajo su tutela directa, descartando una salida encabezada por María Corina Machado en el corto plazo. En la práctica, ello implicó la aceptación de una continuidad institucional encabezada por Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta interina y se encuentra en negociaciones con el gobierno estadounidense.
Hasta el momento, Estados Unidos ha reinstalado su misión diplomática en Caracas, lo cual refleja un intento de reanudar canales de diálogo formal en una etapa de redefinición del vínculo bilateral. Asimismo, ha efectuado presión sobre el gobierno de Rodríguez, lo que se tradujo en el anuncio de una ley de amnistía para presos políticos, orientada a la liberación de personas detenidas por motivos políticos desde 1999. En paralelo, ha sido aprobada una nueva ley de hidrocarburos, que abre el sector petrolero a mayor inversión privada, un giro significativo en un país donde la nacionalización del sector había sido durante décadas un pilar central del proyecto político.
El agotamiento de la presión normativa y la capacidad del régimen venezolano para sostenerse en el tiempo plantean una pregunta inevitable: ¿Qué ocurre cuando los mecanismos que estructuraron la respuesta internacional pierden eficacia y el actor que históricamente los garantizó redefine su formade involucrarse? En este sentido, el caso venezolano no puede analizarse sin examinar el rol de Estados Unidos, cuya posición ha sido central tanto en la construcción como en la erosión de ese entramado normativo.
En este marco, la segunda administración de Donald Trump se ha caracterizado por una concepción de la política exterior menos anclada en la promoción de reglas multilaterales y más orientada a la obtención de resultados estratégicos inmediatos, observable en su National Security Strategy (NSS). Entre sus rasgos distintivos se encuentran la priorización de intereses de seguridad nacional, la instrumentalización de la presión y la cooperación internacionales en función de objetivos domésticos, así como una mayor disposición a recurrir a herramientas coercitivas directas en detrimento de mecanismos diplomáticos tradicionales. Este enfoque no supone necesariamente una renuncia explícita al liderazgo internacional, pero sí una reformulación de sus fundamentos, desplazando el énfasis desde la preservación de un orden normativo global hacia una lógica que prioriza el hard power y la gestión pragmática de amenazas percibidas.
Durante décadas, la capacidad estadounidense para articular presión diplomática, sanciones económicas y reconocimiento político se apoyó no sólo en su superioridad material, sino en su rol como garante central del orden liberal internacional. En ese marco, la promoción de transiciones democráticas, aún cuando respondía a intereses estratégicos, se inscribía dentro de una arquitectura más amplia de normas compartidas, alianzas estables y compromisos sostenidos en el tiempo. El caso venezolano, sin embargo, pone de manifiesto las crecientes dificultades de Estados Unidos para sostener este tipo de estrategias prolongadas en un contexto de polarización doméstica, desgaste institucional y sobreextensión de sus compromisos globales (Saunders, 2026; Hyde & Saunders, 2025). En este contexto, incluso cuando conserva una capacidad material significativa, su poder tiende a ejercerse de forma más s electiva, reactiva y transaccional, debilitando su función como proveedor de bienes públicos globales y como pilar de previsibilidad internacional.
La política de Estados Unidos hacia Venezuela reflejó cada vez más un cambio de enfoque. En lugar de centrarse principalmente en la restauración democrática mediante sanciones, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición, Washington avanzó hacia una estrategia más pragmática, centrada en la estabilidad, la seguridad y el ejercicio de una influencia directa sobre actores clave dentro del régimen. En este marco, Venezuela pasó a ser tratada menos como un caso de resolución normativa y más como un conflicto a gestionar mediante aquellos instrumentos que resultaran más eficaces. Este cambio también puso de relieve los límites de la prolongada dependencia de la oposición del reconocimiento internacional. Aunque los líderes opositores conservaron una legitimidad externa significativa, ese apoyo por sí solo resultó insuficiente para alterar los equilibrios de poder internos mientras el régimen continuara controlando los principales recursos coercitivos, económicos e institucionales del Estado. En un sentido más amplio, el caso venezolano ilustra una transformación más general en la política internacional: la legitimidad democrática sigue teniendo importancia simbólica, pero ya no es suficiente por sí sola para determinar los resultados políticos cuando no está respaldada por un control efectivo sobre el terreno.
El caso sirve así como un indicador del estado actual del liderazgo estadounidense. La política de Washington hacia Venezuela refleja una transformación sutil pero estructural en la forma en que Estados Unidos ejerce su poder a nivel internacional. Se trata de un liderazgo cada vez más condicionado por limitaciones internas, costos estratégicos y prioridades inmediatas, lo que impulsa un desplazamiento desde la ambición de sostener un orden normativo global hacia una lógica de gestión pragmática de riesgos y preservación de intereses vitales.
Las transformaciones analizadas hasta aquí no se limitan al caso venezolano ni a la relación bilateralcon Estados Unidos. Por el contrario, reconfiguran los márgenes de acción de regiones enteras que, desde posiciones distintas, han estado históricamente insertas en el orden internacional liberal. América Latina y Europa representan dos espacios particularmente ilustrativos para observar estos efectos: la primera, como región directamente afectada por la crisis venezolana y por la evolución de la política estadounidense; la segunda, como actor que construyó buena parte de su proyección internacional sobre la vigencia de normas, coordinación transatlántica y previsibilidad estratégica.
Si bien sus capacidades y vínculos con Estados Unidos son sustancialmente diferentes, ambas regiones enfrentan hoy una tensión común. La redefinición del liderazgo estadounidense, junto con la erosión de los mecanismos normativos tradicionales, altera las condiciones bajo las cuales podían reaccionar, proyectar influencia o garantizar la estabilidad. Desde esta perspectiva, el análisis regional permite captar cómo un mismo cambio estructural produce impactos diferenciados: en América Latina, reconfigurando alineamientos políticos y respuestas frente a la crisis; en Europa, exponiendo vulnerabilidades estratégicas y límites crecientes a su capacidad de acción externa.
En América Latina, los efectos de la crisis venezolana y de la redefinición del compromiso estadounidense se manifiestan de manera inmediata, pero no homogénea . La intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 actuaron como un catalizador que volvió visibles tanto las divisiones políticas preexistentes como la dificultad regional para articular respuestas colectivas frente a decisiones de alto impacto adoptadas por actores externos.
Las reacciones oficiales ante la intervención pusieron de relieve un mapa regional fragmentado. Varios gobiernos, entre ellos Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay, expresaron su rechazo a laacción militar unilateral, invocando principios de soberanía, no intervención y respeto al derecho internacional. En comunicados y declaraciones públicas emitidas durante los días posteriores a la operación, estas posiciones subrayaron la preocupación por el precedente que una intervención deeste tipo podría sentar para la región. Al mismo tiempo, otros Estados adoptaron posturas explícitamente favorables a la intervención estadounidense, interpretándola como una oportunidad para desarticular un régimen autoritario que consideraban ya irreformable. Gobiernos como los de Argentina, Paraguay, Perú y El Salvador manifestaron su respaldo al accionar de Washington, destacando la necesidad de poner fin a la crisis venezolana incluso mediante medidas excepcionales.
El respaldo de ciertos gobiernos latinoamericanos a la intervención estadounidense no responde auna motivación única. Por un lado, en países como Argentina, Paraguay y El Salvador, se observa el predominio de una lógica de afinidad política e ideológica con la administración Trump, caracterizada por una política exterior alineada con Washington, una orientación conservadora, un distanciamiento respecto de los gobiernos de izquierda de la región y la adopción de agendas centradas en la seguridad, el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, en casos como Perú, Ecuador, Panamá y Chile (teniendo en cuenta a su presidente electo), el impacto de la crisis venezolana sobre sus propias sociedades fue un factor de mayor peso para determinar su apoyo a la intervención. Esto se debe a la presión migratoria, su impacto sobre los servicios públicos y la frecuente asociación de la inmigración con problemas de seguridad interna, preocupaciones expresadas por distintos funcionarios a lo largo de los años. En estos contextos, la intervención fuepercibida menos como una cuestión normativa y más como una vía para reducir una fuente externa de inestabilidad doméstica. Esto no descarta la coexistencia de afinidad ideológica, como en el casode Chile luego de las elecciones presidenciales de 2025.
Entre ambos polos, varios países optaron por posiciones más cautelosas. Estados como Panamá o República Dominicana evitaron pronunciamientos categóricos, limitándose a llamados generales a la estabilidad, al diálogo y a la restitución de la democracia, una estrategia que revela la búsqueda de preservar márgenes de maniobra diplomática en un contexto de elevada incertidumbre. Esta diversidad de respuestas no sólo refleja diferencias ideológicas, sino también evaluaciones divergentes sobre los costos y beneficios de alinearse o no con una potencia que ha demostrado una disposición selectiva y cambiante a intervenir en la región.
Sin embargo, lo relevante no es únicamente la persistencia de la fragmentación, un rasgo ya recurrente en la región, sino el contexto en el que esta fragmentación opera hoy. Ese contexto se define por una tensión renovada entre las normas internacionales, la unilateralidad de decisiones estratégicas de actores de poder y la incapacidad de los mecanismos regionales existentes para canalizar o moderar esas tensiones. En este sentido, el análisis de Francisco Márquez de la Rubia (2026) resulta ilustrativo al señalar que la política estadounidense reciente apunta a reafirmar suprimacía regional y a contener la influencia de actores extrahemisféricos. Este enfoque y su accionar reciente tienen un impacto notorio en la región, al tensionar el principio de no intervención, profundizar la fragmentación y debilitar los ya frágiles mecanismos de concertación regional, favoreciendo una bilateralización asimétrica de la política exterior.
Desde una perspectiva institucionalista liberal, la intervención estadounidense en Venezuela pone en evidencia el desgaste de los mecanismos que históricamente estructuraron la cooperación internacional y la gestión de crisis. Como advierte Robert Keohane (1984), las instituciones internacionales dependen de que los Estados perciban beneficios claros y previsibles de la cooperación. No obstante, cuando las grandes potencias optan por actuar de manera unilateral y el escenario se ve cargado de incertidumbre, esos incentivos se erosionan y las normas pierden capacidad efectiva como mecanismos de regulación.
En este caso, la estrategia adoptada por Washington combina el uso directo de capacidades coercitivas con la expansión del alcance de sus instrumentos jurídicos y económicos, desdibujando las fronteras entre acción militar, presión legal y control político de espacios estratégicos. Este desplazamiento no supone aún la desaparición del orden liberal, pero sí un funcionamiento crecientemente selectivo y condicionado por prioridades de poder. Desde la perspectiva del realismo estructural, esta dinámica resulta coherente con un sistema internacional anárquico en el que, ante la ausencia de restricciones efectivas, los Estados con mayor capacidad material privilegian la protección de intereses estratégicos por sobre compromisos normativos. Siguiendo los postulados de Kenneth Waltz (1979), es posible entender que, cuando las reglas dejan de ofrecer garantías creíbles, el poder se reafirma como principal garante del orden, redefiniendo los límites de lo que puede esperarse de la cooperación internacional.
En el caso latinoamericano, estas dinámicas sistémicas se manifiestan en una mayor vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de actores con mayor poder, reduciendo aún más los márgenes de acción colectiva y reforzando una inserción internacional predominantemente reactiva, en la que los Estados latinoamericanos ajustan sus posiciones en función de dinámicas externas más que de estrategias propias a largo plazo. Concretamente, el impacto regional de estos acontecimientos puede expresarse menos en una reconfiguración formal de alianzas y más en ajustes pragmáticos de corto plazo. En lugar de consolidarse bloques estables, es probable que predominen alineamientos flexibles y respuestas diferenciadas según la naturaleza específica de cada situación, aunque en general buscando mantener vínculos funcionales con Estados Unidos en áreas consideradas estratégicas, incluso en casos de discrepancia ideológica.
El caso venezolano, por lo tanto, no inaugura un patrón completamente nuevo; más bien, revive tendencias previas hacia una gobernanza débilmente regionalizada, aunque en este caso dentro de un contexto internacional marcado por mayores niveles de fragmentación. Esto no implica necesariamente la desaparición de los marcos institucionales regionales, pero sí sugiere una pérdida relativa de su centralidad. Este patrón es consistente con el ya anticipado vacío de gobernanza a nivel global y con la creciente prominencia de conceptos como el «minilateralismo» como alternativas al multilateralismo para abordar problemas globales.
Durante décadas, la política exterior europea se apoyó en la expectativa de que la acción colectiva, el derecho internacional y la coordinación transatlántica constituían herramientas suficientes para gestionar crisis políticas incluso fuera de su entorno inmediato. Esta concepción se articuló tanto en la práctica diplomática del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela (GIC) como en las múltiples declaraciones de la Unión Europea (UE) reclamando respeto a los derechos humanos, ayuda humanitaria y procesos electorales transparentes en Caracas. Sin embargo, la evolución del caso venezolano sugiere que ese marco ha perdido capacidad operativa. La imposibilidad de traducir condenas diplomáticas, mediación política y articulación con el liderazgo estadounidense en resultados concretos ha situado a Europa ante un escenario que desborda los marcos de acción sobre los que construyó su proyección internacional.
Esta situación ha puesto en evidencia una dependencia estructural del liderazgo estadounidense en materia de coerción y gestión de crisis. El caso venezolano sugiere que Estados Unidos ha optado por modular su involucramiento, priorizando consideraciones de estabilidad y gestión del conflicto por sobre la imposición activa de un orden basado en reglas. Esta dinámica reduce el espacio de maniobra europeo, al debilitar el sostén estratégico sobre el cual la Unión Europea articuló tradicionalmente su acción exterior.
Desde esta perspectiva, el caso invita a una reflexión más amplia sobre la posición europea en uncontexto de creciente incertidumbre estratégica. En un escenario donde las garantías externas se han vuelto más selectivas y menos previsibles, ciertos territorios y espacios adquieren centralidad.
El territorio de Groenlandia, formalmente parte de un Estado europeo, pero crecientemente expuesto a dinámicas de competencia entre grandes potencias, ejemplifica cómo zonas clave de la arquitectura de seguridad europea pueden transformarse en focos de vulnerabilidad. La guerra en Ucrania refuerza esta lectura: aunque Estados Unidos ha demostrado capacidad de intervención cuando identifica intereses prioritarios, ese compromiso aparece condicionado y variable, más que como un sostén estructural y permanente.
En este sentido, ha tomado centralidad un debate en Europa sobre la necesidad de trascender su autopercepción tradicional como una potencia puramente normativa que dependía históricamente de la protección militar de Estados Unidos. Es así como se ha consolidado el concepto de autonomía estratégica, definida no sólo como la capacidad de tomar decisiones independientes y no coaccionadas, sino como un esfuerzo por equilibrar el realismo político con los valores fundacionales del bloque. Como expresa Kotzur (2025), ante un sistema internacional donde el multilateralismo basado en normas se ve desafiado por actores iliberales y el giro transaccional de la política exterior estadounidense, la UE se ve empujada a actuar como un actor geopolítico y económico capaz, que debe invertir en su propia defensa y diversificar sus alianzas para reducir la dependencia excesiva de un socio estratégico.
Al mismo tiempo, algunos autores advierten que la ambición de alcanzar una autonomía estratégica en seguridad y defensa enfrenta barreras considerables, incluidas divergencias entre los Estados miembros, la falta de consenso sobre las capacidades militares colectivas y limitaciones tecnológicas e industriales que dificultarían un reemplazo rápido del apoyo tradicional de Washington. En este sentido, la Unión enfrentaría desafíos que requieren un refuerzo a largo plazo y una coordinación más profunda y sostenida. Como señala Steinbach (2023), la implementación de la autonomía estratégica exige una recalibración del equilibrio entre la independencia y la interdependencia, dado que la «diversidad estratégica persistente» entre los Estados miembros y la ausencia de preferencias homogéneas mantienen a la Unión como un «cuasi-apéndice» del poder de Washington, mientras que las restricciones institucionales, en particular los requisitos de unanimidad, ralentizan la formación de una visión política coherente y sólida en materia de seguridad.
En este sentido, la situación en Venezuela no solo desafía la política europea hacia América Latina; también sirve como un recordatorio incómodo de la vulnerabilidad europea en un entorno internacional en transformación, donde el respaldo estratégico externo ya no puede darse por sentado. Esto abre un debate que debe abordarse lo antes posible: ¿cómo puede Europa fortalecer su capacidad de anticipación, disuasión, defensa y gestión de crisis en un contexto cambiante sin renunciar a sus principios normativos?
El caso venezolano pone de relieve un fenómeno que trasciende ampliamente sus fronteras: la pérdida de eficacia de los mecanismos normativos que durante décadas estructuraron la respuesta internacional frente a crisis políticas profundas. Instrumentos como las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y las políticas de reconocimiento selectivo eran componentes centrales de unorden basado en la expectativa de que la presión externa podría producir efectos tangibles. La exclusión del sistema internacional implicaba costos económicos, diplomáticos y de legitimidad con un impacto significativo en el plano interno, lo que reforzaba la capacidad de estos mecanismos para condicionar el comportamiento de los Estados. Venezuela muestra hasta qué punto esa premisa ha comenzado a resquebrajarse.
Las transformaciones en curso en el sistema internacional se están volviendo cada vez más visibles. Como señala G. John Ikenberry (2018), el orden liberal internacional de la posguerra estuvo estrechamente vinculado al liderazgo hegemónico de Estados Unidos y a una comunidad de Estados relativamente homogénea en torno a normas compartidas. La progresiva difusión del poder global, el debilitamiento de la autoridad estadounidense y la emergencia de actores dispuestos a desafiar abiertamente ese marco han erosionado los fundamentos sobre los cuales descansaban los instrumentos normativos tradicionales. En este contexto de fragmentación y transición, la presión basada en sanciones, aislamiento y legitimidad internacional encuentra crecientes dificultades para traducirse en resultados cuando ya no existe un consenso mínimo sobre las reglas ni un actor con la capacidad de sostenerlas de forma efectiva.
Más allá de su impacto doméstico, la persistencia del régimen venezolano, a pesar de sanciones y condenas internacionales, ha generado efectos demostrativos en el plano global. El caso debilita la expectativa de que estos instrumentos puedan operar como mecanismos decisivos de coerción y refuerza la percepción de que su aplicación ya no garantiza desenlaces políticos claros. En este contexto, donde existen apoyos externos alternativos y márgenes de adaptación interna suficientes, la presión normativa tiende a quedar integrada en escenarios de estabilidad precaria: los regímenes aprenden a convivir con ella, administrar sus costos y ajustar sus estrategias sin alterar de manera sustantiva las bases de su poder.
En este sentido, Venezuela refleja una tendencia más amplia que se hace cada vez más visible en lapolítica global: un desplazamiento hacia un orden internacional en el que las normas aún conservan una importancia simbólica y retórica, pero están perdiendo su papel central como herramientas efectivas de gobernanza. La disminución de la eficacia de la presión normativa no solo reconfigura las opciones disponibles para abordar crisis políticas prolongadas; también obliga a reconsiderar lo que la acción internacional puede lograr de manera realista en un mundo que se vuelve menos predecible y cada vez más estructurado por relaciones de poder que por normas compartidas.
La supervivencia del régimen venezolano bajo un esquema prolongado de sanciones, aislamiento diplomático y presión política no puede explicarse únicamente por la ineficacia de la coerción externa. Más bien, el caso pone de manifiesto la emergencia de estrategias activas de adaptación autoritaria que combinan recursos internos, apoyos externos y aprendizajes acumulativos frente a un entorno adverso. En este sentido, Venezuela no sólo resiste la presión internacional, sino que desarrolla capacidades para operar dentro de ella, transformándola en un elemento estructural del escenario político.
Uno de los pilares de esta resiliencia ha sido la construcción de mecanismos alternativos desostenimiento económico, orientados a reducir la dependencia de los circuitos formales controlados por Occidente. La reorganización del sector petrolero a través de redes opacas de comercialización, el uso de intermediarios, rutas no convencionales y lo que normalmente se conoce como «flota fantasma» han permitido mantener flujos de exportación aún bajo fuertes restricciones. Estas prácticas no eliminan los costos de las sanciones, pero los vuelven administrables, integrándolos a un esquema defuncionamiento que privilegia la continuidad del régimen por sobre la normalización económica.
De acuerdo a la investigación realizada por Bull y Rosales (2020), las sanciones, junto a las contra estrategias empleadas por el Estado venezolano, han producido múltiples transformaciones en una economía previamente afectada por tendencias económicas y políticas adversas. Entre ellas, se ha observado una mayor informalización y criminalización de la economía, que se manifiesta en «un aumento de la economía de trueque, la dolarización de facto, la expansión de actividades informales como la minería y el uso de criptomonedas, así como la proliferación de actores ilegales e intervención militar en sectores críticos».
A ello se suma el respaldo de potencias no occidentales, particularmente Rusia y China, que han operado como proveedores de apoyo diplomático, financiero y estratégico sin exigir contrapartidas en términos de reformas políticas o estándares democráticos. Este respaldo ha implicado la construcción de redes paralelas de apoyo que reducen la vulnerabilidad del régimen frente al aislamiento. En efecto, han resultado aliados clave en la construcción del llamado «Modelo Caracas» de elusión de sanciones.
Este modelo comenzó a consolidarse a partir de 2018, cuando Venezuela reorientó su integración económica y financiera hacia circuitos no occidentales. En el ámbito energético, una parte considerable de las exportaciones de petróleo se canalizó a través de acuerdos bilaterales con Rusia y China, incluyendo ventas denominadas en yuanes y mecanismos de pago fuera del sistema financiero dominado por el dólar. China, que desde 2007 ha otorgado a Venezuela aproximadamente 100 mil millones de dólares en préstamos respaldados por crudo, continuó recibiendo volúmenes significativos de crudo, estimados entre 600 000 y 800 000 barriles diarios en los últimos años, según diversas fuentes. Según Reuters, tras las amenazas de Donald Trump, la empresa estatal China National Petroleum Corp (CNPC) suspendió oficialmente las importaciones de petróleo venezolano. No obstante, el crudo de PDVSA continuó llegando a China, «con la ayuda de una subsidiaria c onsede en Suiza de Rosneft, la empresa estatal rusa, y mediante un método de entrega indirecta que hacía que el petróleo pareciera originarse en Malasia». Rusia, por su parte, profundizó su participaciónen empresas mixtas del sector energético, como Boquerón y Petroperijá, con acuerdos extendidos hasta 2041, combinando inversión, asistencia técnica y suministros energéticos.
En el plano financiero y logístico, el régimen avanzó en la creación de canales alternativos de transacciones y transporte. La integración en sistemas de pago paralelos, como el CIPS chino y mecanismos asociados al sistema MIR ruso, junto con el creciente uso de criptomonedas y flotas fantasma, hizo posible sostener exportaciones y flujos de ingresos fuera del alcance de las sanciones occidentales. Finalmente, esta red se complementó con cooperación en materia de defensa y seguridad. Las entregas previas de sistemas de defensa aérea, aeronaves y entrenamiento militar, junto con señales periódicas de apoyo estratégico, elevaron los costos de una intervención directa y reforzaron la percepción de que el régimen contaba con apoyos externos dispuestos a sostenerlo.
Desde esta perspectiva, Venezuela se ha convertido en un laboratorio de aprendizaje para actores revisionistas y regímenes bajo presión prolongada, al demostrar que la supervivencia institucional puede articularse dentro de circuitos comerciales, financieros y estratégicos alternativos a los del orden liberal tradicional. Los patrones descritos contribuyen a normalizar la idea de que la resistencia prolongada a la presión sancionatoria no sólo es viable, sino que puede integrarse como parte de una estrategia de supervivencia política de largo plazo, basada en la capacidad de sostener control, acceso a recursos y márgenes de gobernabilidad aún bajo condiciones persistentes de coerción y aislamiento.
Sobre la base del análisis precedente, el caso venezolano permite situar una crisis política concretadentro de transformaciones más amplias del sistema internacional contemporáneo. Lejos de constituir una anomalía aislada, su trayectoria puede leerse como un indicador de un orden en transición, en el que las normas y los foros multilaterales conservan relevancia formal, pero enfrentan crecientes dificultades para producir resultados sostenidos. La gestión internacional del conflicto venezolano revela así una tensión entre principios, instituciones y capacidades efectivas de enforcement, en un contexto marcado por la fragmentación del poder, asociada al debilitamiento delliderazgo hegemónico y la presencia de actores revisionistas, la competencia estratégica y la pérdida de consensos normativos mínimos.
Desde esta perspectiva, el caso en cuestión contribuye a ilustrar un diagnóstico ya presente en los estudios sobre gobernanza global: la brecha creciente entre las expectativas depositadas en el multilateralismo y su capacidad efectiva de resolución de crisis. Las instancias multilaterales siguen operando como canales de diálogo y coordinación limitada, pero su capacidad para generar compromisos compartidos e inducir transformaciones políticas sustantivas aparece condicionada por relaciones de poder cada vez más asimétricas y por la presencia de actores que cuestionan o reinterpretan los marcos normativos vigentes.
De esta forma, el caso de Venezuela se presenta como una advertencia: en un mundo donde las expectativas de orden vuelven a organizarse alrededor del poder, más que sobre las bases institucionales, la cooperación internacional se enfrenta a crecientes desafíos y las capacidades materiales de los actores importan tanto o más que sus compromisos declarativos. No obstante, como señalan Walt y Rodrik (2022), la erosión de marcos normativos universales no implica necesariamente ausencia de orden, sino que puede dar lugar a formas alternativas de coordinación, negociación y gobernanza, cuya configuración dependerá de las decisiones de los actores y de los arreglos que logren construir.
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