Por Kateryna Rassolova
Puntos clave:
- Divergencia de Hungría respecto a las Políticas de la UE: Desde principios de la década de 2010, Hungría se ha desviado de los principios clave de la UE, en particular en lo que respecta a las políticas migratorias, el mal uso de los fondos de la UE y las violaciones de los derechos democráticos, lo que ha creado tensiones con Bruselas.
- Crisis del Estado de Derecho: Las instituciones democráticas húngaras, incluida la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación, se han debilitado bajo el gobierno de Viktor Orbán, lo que ha provocado críticas de las instituciones de la UE por violaciones del Estado de Derecho.
- Bloqueo de la Ayuda Financiera a Ucrania: Hungría ha bloqueado más de 9.000 millones de euros de ayuda financiera de la UE destinada a Ucrania en el marco del Fondo Europeo para la Paz (FEP). Esto incluye el bloqueo de reembolsos parciales de armas y otras ayudas críticas. Hungría también se ha opuesto al 41% de las resoluciones de la UE de apoyo a Kyiv, perturbando la unidad y la toma de decisiones de la UE.
- Sanciones Financieras de la UE: La UE ha congelado hasta 30.000 millones de euros en fondos destinados a Hungría, incluidas asignaciones para recuperación, cohesión y asuntos de interior, como consecuencia de las violaciones del Estado de Derecho. Las sanciones financieras han demostrado ser la herramienta más eficaz de la UE para presionar a Hungría.
- La Influencia de Hungría a través de su Poder de Veto: Hungría ha utilizado su poder de veto para bloquear importantes decisiones de la UE, especialmente las relacionadas con las sanciones contra Rusia y la ayuda financiera a Ucrania, aprovechando esta posición para negociar la liberación de los fondos congelados de la UE.
- Dependencia de los Fondos de la UE: A pesar de sus disputas con la UE, Hungría sigue dependiendo en gran medida de la financiación de la UE, que desempeña un papel fundamental en el sostenimiento de su economía. Esta dependencia es una de las principales razones por las que es improbable que Hungría se plantee abandonar la UE.
La política húngara ha estado en desacuerdo con la Unión Europea desde principios de la década de 2010. Las políticas migratorias condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el supuesto mal uso de los fondos de la UE y las constantes violaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos húngaros provocan la exasperación de muchos políticos de Bruselas. La divergencia de valores se hizo aún más evidente en febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania. En mayo de 2024, Hungría había bloqueado un total de 9.000 millones de euros en ayuda financiera a Kyiv que la UE intentó aprobar, así como el 41% de las resoluciones propuestas por la UE sobre Kyiv.
Las controvertidas acciones de Budapest han perturbado la unidad de la UE, lo que ha llevado a los Estados miembros a buscar formas de resistirse a Orbán. Como consecuencia, la UE ha iniciado múltiples procedimientos legales contra Hungría. Esta investigación pretende examinar los instrumentos que emplea la Unión Europea al respecto, analizar su eficacia y evaluar las perspectivas de futuro de Budapest en la UE.
Hungría Incumple las Políticas de la UE
En primer lugar, analizaremos cómo se han desviado exactamente las políticas húngaras de la legislación de la UE.
La Crisis del Estado de Derecho
La democracia en Hungría se ha ido debilitando desde que Viktor Orbán se convirtió en primer ministro en 2010. En 2012, el gobierno reformó el sistema electoral para beneficiar al partido gobernante Fidesz. El poder judicial también perdió eficacia, ya que el nuevo sistema de administración del Tribunal Supremo permite la selección de un líder del tribunal leal al Gobierno.
Por último, el gobierno de Fidesz también extendió su poder político al espacio público, imponiendo mecanismos de control en los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil en general. En cuanto a los medios de comunicación, uno de cada tres periodistas admitió haber ocultado o tergiversado información para evitar consecuencias negativas. La libertad académica, a su vez, fue supuestamente vulnerada en 2018, cuando una revista húngara progubernamental publicó una lista de más de 200 personas tachadas de “mercenarios” y supuestamente financiadas por George Soros para derrocar al Gobierno.
Políticas Migratorias Ilegales
En 2015, el movimiento de migrantes hacia la UE aumentó considerablemente. Las fronteras de Hungría fueron cruzadas por 411.515 migrantes irregulares. Para evitar enfrentarse a ellos, Hungría construyó vallas en las fronteras meridionales con Serbia y Croacia y redujo la protección jurídica ofrecida a los refugiados. Escalar o dañar una valla estaba penalizado. En 2016, la policía obtuvo permiso para empujar a los migrantes al otro lado de la valla. Otras modificaciones redujeron significativamente los mecanismos de apoyo ofrecidos a los solicitantes de asilo. Los refugiados que solicitaban asilo solo podían hacerlo en la denominada zona de tránsito y permanecían detenidos durante todo el tiempo que duraba el procedimiento.
La valla fronteriza desde el lado serbio, cerca de Donji Tavankut. Fotografía: Dániel Németh. Fuente: BalkanInsight
Estas políticas fueron muy criticadas en virtud del derecho internacional y de la UE. Debido a las condiciones de acogida en Budapest, varios Estados miembros de la UE paralizaron los traslados a Hungría en virtud del mecanismo de Dublín III. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condenó las medidas anteriores en el caso Ilias y Ahmed contra Hungría en marzo de 2017 y, posteriormente, en repetidas ocasiones en noviembre de 2019.
Bloqueos de la Ayuda Financiera a Ucrania
En febrero de 2022, Rusia inició una invasión a gran escala contra Ucrania. La Unión Europea se solidarizó con Kyiv y adoptó algunos paquetes de sanciones y otras medidas restrictivas contra Moscú. Poco después, la Comisión Europea propuso medidas de apoyo financiero a Ucrania. Desde entonces, se han aprobado numerosos paquetes de ayuda financiera, que han sido muy importantes para financiar la lucha contra las fuerzas rusas y apoyar la capacidad de recuperación económica y humanitaria de Ucrania.
En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, este proceso de toma de decisiones y la renovación de determinadas medidas requieren la unanimidad de los Estados miembros. Sin embargo, Hungría se ha mostrado reacia a prorrogar su acuerdo sobre la adopción de sanciones y paquetes de ayuda. En diciembre de 2022, Budapest se negó a aprobar un préstamo de 18.000 millones de euros a Kyiv para apoyar diversas necesidades, como el funcionamiento de hospitales, refugios de emergencia y el suministro eléctrico. Algunos casos recientes incluyen el bloqueo de una ayuda de 50.000 millones de euros en diciembre de 2023 y un paquete de 6.600 millones de euros en mayo de 2024.
Eludir las Sanciones Rusas sobre el Petróleo
En junio de 2022, el Consejo de la UE adoptó un sexto paquete de sanciones, que incluía la prohibición de la compra, importación y transferencia de petróleo crudo transportado por mar y productos petrolíferos específicos de Rusia a la UE. No obstante, había una excepción para los Estados miembros de la UE que dependen del crudo ruso debido a su situación geográfica, entre ellos Hungría y Eslovaquia. Hungría, al igual que otros países centroeuropeos, ha logrado hasta ahora eludir las prohibiciones mediante la exención importando petróleo ruso a través del sistema de oleoductos Druzhba.
Teniendo en cuenta la dependencia de Hungría del suministro energético ruso, no es de extrañar que Budapest expresara su frustración después de que Ucrania impusiera un embargo a la petrolera rusa Lukoil. En respuesta, empezaron a importar petróleo de otro proveedor ruso, Tatneft. Los Estados miembros de la UE mostraron su descontento por el hecho de que Budapest siguiera comprando energía rusa mientras ellos tenían que abstenerse. Sin embargo, Bruselas se negó oficialmente a intervenir.
Marco Jurídico de la UE para Sancionar a Hungría
En respuesta a muchas de las infracciones mencionadas, la UE ha utilizado medidas legales contra Budapest. En esta sección, analizaremos estos instrumentos y estimaremos su eficacia.
Artículo 7
El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) pretende garantizar que todos los Estados miembros respeten los valores comunes de la UE, incluido el Estado de Derecho. En caso de que haya un Estado miembro que viole alguno de los valores, pueden aplicarse dos procedimientos: el mecanismo preventivo y el sancionador. El primero permite a la UE advertir al Estado miembro que corre el riesgo de cometer una infracción grave, mientras que el segundo confirma la infracción y permite al Consejo suspender determinados derechos del Estado miembro, incluido su derecho de voto en el Consejo.
El procedimiento del artículo 7 se activó contra Budapest en septiembre de 2018, cuando el Parlamento Europeo concluyó que existía un “claro riesgo de violación grave de los valores fundacionales de la UE en Hungría”. En concreto, se acusó al Gobierno de Orbán de debilitar la independencia judicial, perpetuar el amiguismo, diluir el pluralismo de los medios de comunicación, abusar de los poderes de excepción, aprobar legislación anti-LGTB y obstaculizar el derecho de asilo.
Sin embargo, el procedimiento no ha avanzado desde entonces. Hungría lleva seis años bajo el primer capítulo del artículo 7. En mayo de 2022, el Parlamento Europeo (PE) adoptó una resolución en la que pedía a las presidencias entrantes que organizaran audiencias en virtud del artículo 7 “regularmente y al menos una vez por presidencia”. La séptima y última de estas audiencias tuvo lugar bajo la presidencia belga el 25 de junio de 2024.
En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía que se actuara en relación con el procedimiento del artículo 7. Los eurodiputados declararon estar preocupados “por varios ámbitos políticos relacionados con la democracia y los derechos fundamentales en Hungría”. También señalaron la “incapacidad del Consejo para realizar progresos significativos en la lucha contra el retroceso democrático” y advirtieron de que “cualquier nuevo retraso en la actuación en virtud de las normas del artículo 7 para proteger los valores de la UE en Hungría equivaldría a una violación del principio del Estado de Derecho por parte del propio Consejo”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los legisladores han pedido que la UE imponga el segundo paso. Con ella, el procedimiento pasaría de indicar un “riesgo de violación grave” a afirmar que la violación ya se ha producido, es decir, determinar la “existencia de una violación grave y persistente”. Sin embargo, esta fase sólo puede iniciarse después de que un tercio de los Estados miembros o la Comisión presenten una propuesta. Hasta ahora, ninguno de ellos ha manifestado su intención de hacerlo.
El procedimiento del artículo 7 también se invocó contra Polonia en 2017, después de que el entonces partido gobernante Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) asumiera el control político del poder judicial y cuestionara la primacía de la UE sobre la legislación nacional. En mayo de 2024, el procedimiento se cerró oficialmente con la explicación de que Polonia había puesto en marcha una serie de medidas legislativas y no legislativas para abordar estas preocupaciones. Aun así, algunos afirman que el cierre, basado en los “compromisos” del nuevo gobierno de coalición polaco de Donald Tusk, fue precipitado, y no se tuvo en cuenta que en realidad se aplicaron pocas medidas concretas.
En general, el procedimiento del artículo 7 parece demasiado burocrático y lento para tener éxito. No sólo las decisiones tardan años en formarse y tomarse, sino que el Estado acusado puede incluso no parecer preocupado por ellas. Al mismo tiempo, no hay que descartar por completo el potencial del Artículo 7. En caso de que el Consejo activara el siguiente paso, la retirada del derecho de voto a Hungría estaría a un solo voto de distancia. Esto despojaría a Budapest de una importante influencia y despejaría el camino para adoptar decisiones sin necesidad de negociar la retirada del derecho de veto.
Instrumentos Financieros
La legislación de la UE ofrece múltiples mecanismos punitivos que pueden dar lugar a sanciones financieras. Entre ellos se encuentran los mecanismos de condicionalidad presupuestaria y los procedimientos de infracción.
El mecanismo de condicionalidad presupuestaria, un nuevo régimen de protección de la condicionalidad, entró en vigor en 2021. Permite a la UE suspender determinados pagos o realizar correcciones financieras en relación con el Estado miembro, en caso de que haya violado algún principio de la legislación de la UE. Cabe señalar que este mecanismo es diferente e independiente del procedimiento del artículo 7, y se centra en las medidas financieras y económicas en lugar de en los valores.
El 27 de abril de 2022, la Comisión Europea activó oficialmente el mecanismo de condicionalidad contra Hungría. Esto supuso el inicio de un proceso de evaluación e intercambio de información con Budapest, que duró hasta mediados de septiembre. El 18 de septiembre de 2022, la Comisión llegó a la conclusión de que en Hungría persistían infracciones sistémicas de los principios del Estado de Derecho, por lo que el Consejo de la UE debía aplicar medidas para proteger el presupuesto de la Unión.
En diciembre de 2022, el Comité de Representantes Permanentes en la UE encontró la mayoría necesaria para imponer medidas de protección del presupuesto de la Unión frente a las consecuencias de las violaciones del Estado de Derecho en Hungría. Según la decisión, debían suspenderse unos 6.300 millones de euros en compromisos presupuestarios. Aunque el gobierno de Orbán ya había adoptado una serie de medidas correctoras, la Comisión Europea concluyó que no eran eficaces y que los fondos se congelarían a pesar de todo.
Por otro lado, el llamado procedimiento de infracción se deriva de los tratados de la UE y puede aplicarse contra el Estado miembro en caso de que no aplique la legislación de la UE o de que la legislación nacional recién adoptada infrinja la legislación de la UE. El proceso lo inicia la Comisión. A continuación, puede remitir el caso al Tribunal de Justicia, que puede imponer sanciones económicas.
Desde 2017, la UE abre de 22 a 32 procedimientos de infracción contra Hungría al año. Sin embargo, llevar el procedimiento de infracción ante el tribunal es un camino lleno de obstáculos. La Comisión puede tardar hasta un año en remitir el asunto al Tribunal de Justicia, seguido de uno o dos años más para que se celebren las vistas. Incluso si el riesgo de violación se declara al principio, puede desestimarse fácilmente porque las consecuencias de la infracción van más allá de las competencias de la UE. Además, aunque el tribunal confirme la violación e imponga medidas, aplicarlas realmente puede llevar otros varios años.
Uno de los casos de infracción se remonta a 2021, cuando Budapest aprobó la ley comúnmente conocida como ley anti-LGBTQ+. Prohibía o limitaba el acceso a contenidos que retrataran la denominada “divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad” para menores de 18 años. La Comisión inició un procedimiento de infracción en julio de 2021, alegando una posible vulneración de la legislación de la UE. Tras cinco meses, se concluyó que Hungría había incumplido sus obligaciones. En 2022, al no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
En febrero de 2023, el caso se publicó en el diario oficial de la UE. Llegados a este punto, era importante conseguir el apoyo de los Estados miembros. Las ONG de derechos humanos trabajaron duro para conseguirlo y lograron reunir el apoyo del mayor número de Estados intervinientes de la historia. La vista debía celebrarse en verano de 2024, pero hasta ahora no ha habido novedades al respecto.
Activistas se reúnen frente a un enorme globo arcoíris colocado por miembros de Amnistía Internacional y Hatter, una ONG que promueve los derechos LGBT, en el Parlamento de Hungría en protesta contra la ley anti-LGBT en Budapest, Hungría, 8 de julio de 2021. Fuente: Reuters
Otro caso de infracción digno de mención se inició contra Budapest hace dos años y se renovó este verano. En concreto, se refería a las políticas migratorias antes mencionadas. En diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia dictaminó que Hungría había limitado el acceso a los procedimientos de asilo para los solicitantes de protección internacional. En concreto, mantenía ilegalmente a los solicitantes de asilo en las llamadas “zonas de tránsito” en condiciones similares a la detención y violaba su derecho a recurrir. Sin embargo, el gobierno húngaro protestó contra estas acusaciones e ignoró en gran medida el veredicto. Desde entonces, sólo se han cerrado las “zonas de tránsito”.
Debido a la inacción, la Comisión Europea volvió a interponer una demanda judicial. Como resultado, en junio de 2024, el Tribunal reiteró que Hungría estaba “haciendo caso omiso del principio de cooperación leal” y “eludiendo deliberadamente” la aplicación de las leyes de asilo de la UE, causando importantes repercusiones en los Estados miembros vecinos. Esta vez también se impuso una multa de 200 millones de euros en un pago único, más una multa de un millón de euros por cada día que persista la infracción. Orbán expresó su frustración por tal decisión, negándose a pagar nada. En agosto de 2024, incluso se ofreció a enviar a los inmigrantes a Bruselas en autobús. Si Bruselas quiere inmigrantes ilegales, Bruselas puede tenerlos”, dijo el secretario de Estado.
No obstante, gracias a la existencia de numerosos procedimientos, se han aplicado con éxito diversas sanciones financieras. En total, el número de fondos de la UE congelados para Hungría ascendía a 28.600 millones de euros en diciembre de 2023. Estos fondos pueden dividirse en tres macroáreas, que proceden en paralelo:
- Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (5.800 millones), bloqueado por violaciones del Estado de Derecho y de la independencia judicial;
- Los Fondos de la Política de Cohesión (22.600 millones), de los cuales 6.300 millones se congelaron a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, 12.900 millones se vincularon únicamente a la aplicación de reformas judiciales y 3.400 millones se bloquearon por incumplimiento de las condiciones de habilitación horizontales (la mencionada ley anti-LGBTQ+, la ley sobre independencia académica y la ley sobre el trato a los solicitantes de asilo);
- Fondos de Asuntos de Interior (223 millones), de los cuales 69,8 millones proceden del Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), 102,8 del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (BMVI) y 50,5 del Fondo de Seguridad Interior (ISF).
Hasta ahora, la condicionalidad presupuestaria es potencialmente la herramienta más eficaz disponible. Se distinguen de otras herramientas por trasladar los procedimientos del ámbito subjetivo de los valores al ámbito objetivo de las finanzas, ofreciendo así un método claro para ilustrar el funcionamiento de la corrupción. Además, los Planes de Recuperación (como el mencionado anteriormente) dependen principalmente de que los Estados cumplan sus compromisos financieros, centrándose en criterios económicos y no en valores ambiguos, lo que aumenta su eficacia. Al combinar la condicionalidad presupuestaria con los hitos esbozados en los Planes de Recuperación, la UE aumenta considerablemente su capacidad para imponer las reformas del Estado de Derecho entre los Estados miembros.
Soluciones Jurídicas
La UE ha encontrado otra forma de hacer frente a los bloqueos por parte de Hungría de los paquetes de ayuda financiera a Ucrania. Desde uno de los primeros intentos de bloqueo en diciembre de 2022, algunos Estados miembros han buscado una forma de eludir la necesidad de unanimidad y aprobar un paquete sin el consentimiento de Hungría. Por aquel entonces, se propuso que los 18.000 millones de euros de ayuda no se sufragaran con cargo al presupuesto de la UE, como estaba previsto, sino que se distribuyeran entre los distintos Estados miembros. En ese caso, ya no sería necesaria una decisión unánime. Sin embargo, Budapest acabó abandonando su veto contra el paquete.
En junio de 2024, la UE volvió a proponer una solución que permitía liberar hasta 1.400 millones de euros para adquirir ayuda militar para Kyiv. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, explicó que, dado que Hungría se abstuvo de un acuerdo anterior para asignar los ingresos procedentes de los activos congelados de Rusia, “no debería formar parte de la decisión de utilizar este dinero”.
Respuesta de Hungría a las Medidas
El gobierno de Orbán parece reacio a renunciar a su poder en favor de la mejora del Estado de derecho y, por ello, se ha resistido activamente a cualquier sanción legal por parte de la UE. Por ejemplo, en 2022, el primer ministro húngaro descalificó repetidamente a toda la UE y describió a “Bruselas” que “cumple órdenes de una élite globalista” como una amenaza para la soberanía de Hungría.
Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Budapest ha adquirido una nueva influencia frente a la UE. El gobierno húngaro ha estado empleando activamente su posición de veto para resistirse a las decisiones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) sobre la imposición de paquetes de sanciones contra Rusia. Por ejemplo, en febrero de 2023, insistieron en la retirada de determinadas personas de la lista de sanciones de la UE. El bloqueo de la propuesta de reducir el periodo de renovación de las sanciones de seis a doce meses demostró una vez más que Budapest valora su influencia sobre la UE.
El objetivo de esa resistencia podría ser negociar algunos beneficios, como garantizar la liberación de determinados fondos. En diciembre de 2023, la UE liberó 10.000 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría. La explicación oficial de la Comisión afirma que se fijaron en “las garantías de que se reforzará la independencia del poder judicial”. Sin embargo, coincidió con la campaña de la oposición de Orbán para bloquear 50.000 millones de euros en fondos especiales para sostener el presupuesto de Ucrania, así como algunos otros paquetes de ayuda militar. La convergencia de estos acontecimientos plantea la cuestión de si la UE intentaba apaciguar a Hungría para obtener su consentimiento a la ayuda a Ucrania. Sin embargo, la Comisión negó tales acusaciones. En marzo de 2024, el Parlamento Europeo decidió demandar a la Comisión por un pago de 10.000 millones de euros a Hungría, alegando que incumplía el deber del ejecutivo de la UE de salvaguardar el dinero de los contribuyentes frente a usos indebidos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes del inicio de la cumbre de líderes de la UE en el Consejo Europeo de Bruselas, el 26 de octubre de 2023. Foto: Ludovic Marin / AFP. Fuente: Telex
¿Por Qué Se Queda Hungría?
En julio de 2024, la situación se agravó hasta el punto de que el viceministro de Asuntos Exteriores polaco expresó sus dudas sobre la pertenencia de Hungría tanto a la UE como a la OTAN. Sin embargo, Orbán no reaccionó. Parece que la pertenencia a la UE sigue siendo crucial para el gobierno húngaro a pesar de las frecuentes críticas a la UE y los numerosos desacuerdos con los valores europeos. Esto se debe principalmente a que la inestable economía húngara depende en gran medida de los fondos de la UE, por lo que es poco probable que se plantee abandonar la UE.
Aun así, Budapest parece utilizar esos fondos sólo a su favor. Hungría encabeza el número de investigaciones iniciadas por la agencia antifraude de la UE, la OLAF, en relación con el uso indebido de fondos comunitarios. Además, las investigaciones han indicado que los fondos de la UE no han aumentado sistemáticamente la productividad: las empresas que recibieron fondos crecieron más despacio que las que no los recibieron. Los ciudadanos húngaros parecen comprender que una parte importante de los fondos se malversó o se distribuyó entre grupos progubernamentales. Sin embargo, la mayoría de ellos aún no está dispuesta a considerar la idea de abandonar la UE. Según la encuesta publicada por el Departamento de Investigación de Statista en 2024, tanto los partidarios de Fidesz como los que no lo son están mayoritariamente de acuerdo en que la UE promueve la prosperidad: las cifras ascienden al 60% y al 76%, respectivamente. Aunque sólo el 32% de los partidarios de Fidesz piensa que la UE trata a su país con justicia, alrededor de dos tercios de los no partidarios de Fidesz están de acuerdo con esta afirmación. En general, hay una tendencia a la crítica por parte de los que votan a Fidesz y un apoyo significativamente mayor por parte de los que no lo son.
Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con afirmaciones sobre la Unión Europea en Polonia y Hungría según el apoyo a los respectivos partidos gobernantes. 2024. Fuente: Statista
Otra encuesta indica que cerca de la mitad de los húngaros apoya una mayor integración con la UE, mientras que el 35% se alinea con la opinión soberanista de Orbán de que Bruselas debería “darnos el dinero y dejarnos en paz”. Entre este grupo, el 15% apoya abiertamente un “Huxit” (salida de Hungría de la UE), aunque sigue siendo una pequeña minoría, incluso entre los votantes de Fidesz. El 73% de los húngaros sigue estando a favor de la pertenencia a la UE, según datos del Eurobarómetro (2023).
Conclusión
Hungría ha violado sistemáticamente la legislación de la UE durante más de diez años. En particular, ha habido graves déficits en el Estado de derecho; los derechos humanos y las libertades no estaban garantizados para todos los húngaros; los solicitantes de asilo recibían un trato deficiente y contrario al derecho internacional. Budapest también se ha mostrado desafiante con las políticas oficiales de la UE al negarse a apoyar los múltiples paquetes de ayuda a Ucrania y de sanciones a Rusia. El país sigue importando energía rusa a pesar de que la mayoría de los Estados miembros evitan hacerlo.
Para hacer frente a estas infracciones, la UE recurrió a una serie de mecanismos punitivos contra Hungría. En primer lugar, está el procedimiento del artículo 7, que hasta ahora ha logrado confirmar un “riesgo claro de infracción grave” de la legislación de la UE, pero no ha avanzado más hasta la adopción de medidas concretas. Además, existen múltiples instrumentos financieros, como el mecanismo de condicionalidad presupuestaria, que permite a la Unión bloquear parte de la financiación a Hungría, y los procedimientos de infracción, que requieren una sentencia del Tribunal de Justicia para imponer sanciones de este tipo.
En esencia, los instrumentos financieros han demostrado ser los más eficaces. La restricción del acceso a la financiación parece ser un problema para el gobierno de Orbán, teniendo en cuenta su frustración por estas medidas y el hecho de que la economía húngara depende de la financiación de la UE. Al mismo tiempo, también ha llevado a Budapest a militar su posición de veto y a utilizarla como palanca política para bloquear las decisiones cruciales de la UE sobre Ucrania. Presumiblemente, estas acciones tienen como objetivo negociar beneficios, como la liberación de algunos fondos.
Como Hungría no tiene previsto abandonar la Unión en breve, la UE sólo puede presionar al gobierno húngaro mediante diversos instrumentos jurídicos. De momento, Budapest tiene congelados unos 30.000 millones de euros. Se trata de una gran cantidad de dinero: equivale aproximadamente al 5% del producto interior bruto de Hungría en 2023. Esto da a la UE una importante ventaja propia. Si los procedimientos avanzan, Hungría no sólo sentirá las consecuencias económicas de sus violaciones, sino que el segundo paso del procedimiento del artículo 7 también suspenderá sus derechos de voto en el Consejo. Esto limitaría considerablemente la capacidad de Orbán para expresar sus opiniones antidemocráticas e impediría que siguiera socavando los valores europeos fundamentales.
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