por Vlasta Kovbasa
Puntos Clave
- Escala y Documentación: Se han documentado más de 128.000 casos de crímenes de guerra rusos en Ucrania, y los tribunales ucranianos y los organismos internacionales han realizado grandes esfuerzos para procesar a los autores.
- Acción Legal Internacional: La CPI ha dictado órdenes de detención contra altos cargos rusos, entre ellos Vladimir Putin, lo que pone de manifiesto el compromiso de la comunidad internacional con la rendición de cuentas.
- Jurisdicción Universal: Países como Alemania, Lituania y Argentina están recurriendo a la jurisdicción universal para procesar a criminales de guerra rusos, incluso sin tener vínculos directos con los crímenes.
- Tribunales Especiales: Se están estudiando varios modelos de tribunales especiales para abordar el crimen de agresión, y Ucrania se opone a los tribunales híbridos por cuestiones de inmunidad.
- Avances Tecnológicos: Plataformas como WarCrimes.gov.ua y herramientas como AI y OSINT están mejorando los esfuerzos de recopilación de pruebas y documentación.
- Participación de la Sociedad Civil: Las organizaciones ucranianas de derechos humanos están desempeñando un papel crucial en la documentación de los crímenes de guerra y el apoyo a las investigaciones.
- Precedentes Históricos: El principio de jurisdicción universal se ha aplicado con éxito en casos como el genocidio de Ruanda y el juicio a Augusto Pinochet, sentando importantes precedentes.
- Retos y Limitaciones: La jurisdicción universal se enfrenta a obstáculos como la diversidad de legislaciones nacionales y la posibilidad de juicios en rebeldía, pero sigue siendo una herramienta fundamental para la justicia.
- Cooperación Mundial: Los esfuerzos internacionales son vitales para procesar a los criminales de guerra, reducir los refugios seguros para los perpetradores y garantizar que se haga justicia.
En el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares se han documentado más de 128.000 casos de crímenes de guerra rusos en Ucrania, cada uno de los cuales ha dejado incontables vidas arruinadas a su paso. Sin embargo, la ley ya ha puesto sus miras firmemente en los criminales de guerra rusos. Con 530 acusaciones presentadas por tribunales nacionales ucranianos, las órdenes de detención de la CPI, incluida una contra Vladimir Putin, principal orquestador de la guerra, las acusaciones contra criminales de guerra rusos emitidas por Estados Unidos y las investigaciones en curso sobre crímenes de guerra llevadas a cabo por más de otros 20 países, es evidente que la rendición de cuentas puede y debe perseguirse incluso antes del pleno restablecimiento de la paz. El círculo vicioso de la impunidad no puede existir para siempre. La sociedad ucraniana exige con firmeza que se lleve a los autores ante la justicia, en todos los niveles de la jerarquía de mando. Sin embargo, la magnitud del problema plantea numerosos retos logísticos y jurídicos. Sólo mediante la acción conjunta y la ayuda de los socios internacionales podrá restablecerse la justicia. Este artículo explora diversas vías para exigir responsabilidades a los culpables, con especial atención al principio de jurisdicción universal y a la capacidad de los Estados individuales para contribuir a lograr justicia para las víctimas de guerra ucranianas.
I. Internacionales Más Graves: Vías Legales para Procesar a Rusia y a Sus Dirigentes
Al lanzar una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Rusia ha demostrado que las violaciones masivas de los derechos humanos y el flagrante desprecio del Derecho internacional humanitario constituyen la política oficial del régimen criminal del Kremlin. La comunidad internacional ha mostrado rápidamente su determinación de colaborar para restablecer el orden legal. Poco después de la invasión, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, basándose en las remisiones de 40 Estados Partes, anunció el inicio de investigaciones sobre “cualquier denuncia pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en el territorio de Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013”.
Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, visitando una fosa común en Bucha, abril de 2022. Fuente: The Guardian (Fotografía: Fadel Senna/AFP/Getty Images)
La Federación Rusa ha recurrido a la comisión de crímenes atroces contra Ucrania, incluyendo el crimen de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, según la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 27 de abril de 2023, las acciones rusas relativas a la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia o a territorios temporalmente ocupados pueden calificarse de crimen de genocidio. A pesar del carácter no vinculante de la resolución, contiene importantes llamamientos políticos y es un paso hacia una investigación legal del crimen de genocidio. De conformidad con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los cuatro crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional mencionados anteriormente.
La comisión del crimen de agresión implica esencialmente a las más altas autoridades políticas y militares del Estado; en otras palabras, es un crimen de liderazgo. De conformidad con las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión, la Corte Penal Internacional está autorizada a ejercer su competencia únicamente sobre los Estados Partes en el Estatuto de Roma. Esta disposición no se aplica a Rusia, ya que no es parte en el Estatuto. Aunque Ucrania aún no ha ratificado el Estatuto de Roma, ha aceptado en dos ocasiones la jurisdicción de la Corte sobre crímenes atroces cometidos en su territorio, siendo la segunda declaración, de febrero de 2014, de carácter abierto. De hecho, la CPI también puede investigar el crimen de agresión si se lo remite el Consejo de Seguridad de la ONU; sin embargo, este último está paralizado por el poder de veto de Rusia. Esto crea una importante laguna en la rendición de cuentas en relación con el crimen de agresión.
Dado que la CPI no es una opción viable en el enjuiciamiento de los crímenes de agresión perpetrados contra Ucrania, se ha estado debatiendo la creación de un tribunal especial que pueda llevar ante la justicia a los más altos cargos, principalmente a Putin. Los modelos potenciales para un futuro tribunal varían ampliamente, incluyendo uno creado sobre la base de un acuerdo entre Ucrania y la ONU con la aprobación de la Asamblea General, otro establecido por un tratado bajo los auspicios del Consejo de Europa, e incluso un tribunal híbrido que se integraría en el sistema judicial ucraniano. Y aunque hasta ahora los Estados del G7 han promovido la última opción, la postura de Kyiv es de principio: un tribunal híbrido no tiene cabida, ya que no podrá superar las inmunidades de la llamada “troika” (el presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores rusos). Esta postura es crucial, ya que subraya que la sangre del pueblo ucraniano mancha no sólo las manos de los perpetradores, sino también las conciencias de quienes emiten órdenes criminales.
Sin subestimar la importancia de encontrar un mecanismo para investigar el crimen de agresión, es necesario destacar la importante labor de la CPI en la investigación de otros crímenes fundamentales. El 17 de marzo de 2023, la CPI emitió órdenes de detención contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria rusa de Derechos del Niño, acusándoles del traslado ilegal de niños ucranianos a la Federación Rusa. Según la iniciativa Children Of War, más de 19.500 niños han sido deportados por Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala, aunque las cifras reales pueden ser mayores.
De conformidad con el artículo 8 bis (1) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es “la planificación, preparación, iniciación o realización, por una persona que esté en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.
Fuente: Atlantic Council
Los niños han sido ampliamente instrumentalizados por la propaganda del Kremlin: bajo el pretexto de “rescatar” a los niños ucranianos, Rusia ha creado una red criminal mafiosa formada por múltiples entidades, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se dedica a deportar, reeducar y adoctrinar a estos niños con los “valores tradicionales rusos”.
Un año después, el 5 de marzo de 2024, la CPI emitió otras dos órdenes de detención contra dos altos mandos militares rusos responsables de los crímenes de guerra de atacar objetivos civiles y causar daños excesivos a civiles en violación de los Convenios de Ginebra, de los que Rusia sigue siendo parte. El número de órdenes de detención aumentó el 24 de junio de 2024, cuando la CPI consideró que las pruebas eran suficientes para dirigirse contra Sergei Shoigu, ex ministro de Defensa ruso, y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Son responsables a título individual, entre otros delitos, de los ataques con misiles del ejército ruso contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Esto implica que si los sospechosos se encuentran en el territorio de uno de los 124 Estados Partes en el Estatuto de Roma, serán detenidos y entregados sin demora a la CPI, lo que supone un paso importante para reducir significativamente el número de refugios seguros para criminales de guerra individuales.
Los crímenes de guerra rusos también pueden ser investigados y enjuiciados en los tribunales nacionales ucranianos, así como en otros países, lo que abre más perspectivas a la justicia.
II. Documentar los Crímenes de Guerra: Ningún Perpetrador Pasará Desapercibido
Mientras que exigir responsabilidades a la cúpula rusa podría llevar años debido a la necesidad de demostrar su intención criminal, Ucrania se centra en investigar los crímenes de guerra cometidos por ” perpetradores directos”. Según el Fiscal General de Ucrania, las fuerzas del orden ucranianas investigan actualmente 128.000 crímenes de guerra. Un número tan elevado de casos supondría un reto para cualquier sistema que intentara adoptar un enfoque centrado en el ser humano para evitar volver a traumatizar a las víctimas de crímenes de guerra. Además, Ucrania se enfrenta a una gama más amplia de crímenes de guerra que no habían sido objeto de enjuiciamiento anteriormente, como los delitos contra el medio ambiente y los ciberataques.
Las acciones ilegales rusas en Ucrania no son esporádicas: existe un claro patrón de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen, entre otras, asesinatos, privación de libertad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, ataques contra infraestructuras civiles y ejecuciones extrajudiciales. Al negar el acceso a los lugares de detención de los prisioneros de guerra ucranianos y de los civiles detenidos ilegalmente, Rusia sigue ignorando el mandato del CICR y de los organismos pertinentes de la ONU.
Para aunar los esfuerzos de las autoridades estatales y la sociedad civil, Ucrania puso en marcha plataformas especiales para que el público denuncie los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Rusia en Ucrania, como WarCrimes.gov.ua y Svidok. Las tecnologías modernas son relativamente nuevas pero extremadamente útiles en el proceso de recopilación de pruebas: por ejemplo, Palantir se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, y Microsoft se emplea para el reconocimiento de voz de criminales que supuestamente llaman al genocidio. El uso de herramientas de IA y OSINT permite recopilar pruebas en tiempo real y desvelar graves violaciones de los derechos humanos, lo que permite albergar la esperanza de que ningún perpetrador quede sin identificar.
Gran parte del trabajo de documentación de los crímenes de guerra lo llevan a cabo organizaciones ucranianas de derechos humanos que unieron sus esfuerzos fundando la ” Ukraine. 5 AM Coalition” poco después de la invasión a gran escala. Entre los participantes se encuentran ZMINA, Media Initiative for Human Rights, Truth Hounds, Ukrainian Helsinki Human Rights Union y otras organizaciones con experiencia. Su metodología incluye la organización de misiones sobre el terreno a las zonas desocupadas, el contacto directo con víctimas y testigos, y la integración de la información obtenida de fuentes abiertas. Sus conclusiones mejoran significativamente las investigaciones llevadas a cabo por la CPI, los tribunales nacionales ucranianos y, potencialmente, los tribunales extranjeros que puedan iniciar causas en virtud del principio de jurisdicción universal.
Fuente: Foto Roman Pilipey/European Pressphoto Agency. Disponible en: https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/ (los datos se actualizan constantemente)
III. Jurisdicción Universal: Justicia Sin Fronteras
Los orígenes de la jurisdicción universal se remontan a la época en que los piratas eran considerados los mayores enemigos de la humanidad: los Estados podían castigarlos con independencia de su nacionalidad. Hoy en día, la comunidad internacional reconoce que ciertos delitos son de tal magnitud que suponen una amenaza para todo el orden mundial y, por tanto, no pueden tolerarse. Entre ellos se encuentran los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y la tortura.
El principio, que adquirió su forma moderna tras la Segunda Guerra Mundial, obtuvo un reconocimiento significativo en la Convención sobre el Genocidio de 1948, los Convenios de Ginebra de 1949 sobre las leyes de la guerra y la Convención contra la Tortura de 1984, y se reforzó a través de otros tratados de derechos humanos. El principio postula que las autoridades nacionales de cualquier Estado pueden investigar y enjuiciar a los perpetradores individuales de crímenes internacionales con independencia del lugar del presunto crimen y de la nacionalidad y residencia de los perpetradores y las víctimas. En otras palabras, sin tener ningún “vínculo” con el delito cometido, los Estados pueden perseguirlo en nombre de la salvaguarda de los valores universales.
Hasta la fecha, unos 150 Estados han incorporado en cierta medida la jurisdicción universal a su legislación, como informa Amnistía Internacional. La participación de diversos sistemas de jurisdicción, especialmente en países donde residen actualmente supervivientes de crímenes de guerra rusos, así como testigos, es extremadamente importante para Ucrania. Varios Estados ya han puesto en marcha investigaciones preliminares de jurisdicción universal, empezando por Alemania a principios de marzo de 2022, y siguiendo por Lituania, Letonia, Estonia, Suecia, España, Polonia, Eslovaquia, Francia, Noruega y Suiza. Algunos de estos casos no se dirigen contra personas concretas, sino que se llevan a cabo con el fin de recopilar pruebas y patrones de crímenes de guerra. El caso más reciente de presentación de una demanda ante un tribunal extranjero (fuera de Europa y Estados Unidos) tuvo lugar el 15 de abril de 2024 en Argentina: The Reckoning Project presentó una demanda en nombre de un ucraniano torturado por los ocupantes rusos. Si Argentina, que ya tiene una amplia experiencia en la lucha por la justicia a través de la jurisdicción universal, decide abrir una investigación, pondrá de relieve una vez más el hecho de que el puerto seguro para los criminales rusos se está reduciendo.
Fuente: Justiceinfo
Uno de los casos más destacados del uso de la jurisdicción universal son los juicios a los responsables del genocidio de Ruanda de 1994. En 2001, Bélgica condenó y dictó sentencias de entre 12 y 20 años contra cuatro ciudadanos ruandeses, y en 2010, Finlandia condenó a Francois Bazaramba, ex pastor ruandés, a cadena perpetua por su implicación en el genocidio de Ruanda de 1994.
Recientemente, el 15 de mayo de 2024, el máximo tribunal penal de Suiza condenó al ex ministro del Interior gambiano Ousman Sonko a 20 años por cometer crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas, violaciones y detenciones ilegales. Anteriormente, había abandonado Gambia y pedido asilo en Suiza. La condena de un funcionario de tan alto rango supone un éxito sin precedentes de la jurisdicción universal en Europa. Como declaró el periodista Madi MK Ceesay, “el juicio demuestra que, pase lo que pase, el largo brazo de la justicia siempre puede atrapar al culpable”, informa The Associated Press.
Un caso importante relacionado con las inmunidades de los dirigentes estatales y la jurisdicción universal es el de Augusto Pinochet. Aunque finalmente no fue extraditado, su detención en Londres en 1998 tras la orden de detención dictada por un tribunal español demuestra la aplicación de la jurisdicción universal y sienta un importante precedente. A pesar de las reclamaciones de inmunidad presidencial, el más alto tribunal del Reino Unido dictaminó que dicha inmunidad no se extiende a delitos graves como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
IV. Obstáculos y Ventajas de la Jurisdicción Universal
Mientras que cuestiones como la creación de un tribunal especial requieren un consenso internacional, la decisión de recurrir a la jurisdicción universal corresponde a cada país, en función de su voluntad política y de los entresijos de la legislación nacional. Merece la pena centrarse en este último aspecto, ya que los países varían en su interpretación y establecimiento de las condiciones para la jurisdicción universal. De hecho, algunos países ni siquiera exigen denuncias de las víctimas, y los procedimientos judiciales pueden avanzar en caso de que existan pruebas suficientes. Por el contrario, en otros sistemas, ni siquiera la presencia de las víctimas permite iniciar la investigación debido a diversas limitaciones.
La jurisdicción universal puede clasificarse en dos tipos: absoluta y condicional.
En virtud de la jurisdicción universal absoluta, el enjuiciamiento de los crímenes más horrendos puede iniciarse con independencia del lugar en que se haya cometido el delito y de la nacionalidad tanto de la víctima como del perpetrador. En Europa, varios Estados ejercen este tipo de jurisdicción universal, siendo Alemania el ejemplo más destacado. En noviembre de 2021, se convirtió en el primer país en condenar a un miembro del Estado Islámico (EI) por genocidio contra los yazidíes, una minoría étnico-religiosa de Irak, y crímenes contra la humanidad. Además, en enero de 2024, un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un ex coronel sirio por cometer crímenes contra la humanidad. Ninguno de ellos tenía relación alguna con Alemania.
Aun así, la mayoría de los Estados sólo pueden ejercer la jurisdicción universal si existe un vínculo más fuerte entre el presunto delito y el propio Estado. Por ejemplo, Austria, España y Suiza sólo pueden iniciar procedimientos penales si el sospechoso se encuentra en su territorio. Francia invoca la jurisdicción universal únicamente si la víctima es nacional suya o el presunto perpetrador es ciudadano o residente francés. Antes de 2022, el estatuto federal de crímenes de guerra de Estados Unidos permitía la investigación de crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar, siempre que la víctima o el sospechoso fueran miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o nacionales estadounidenses.
Tres meses después de la brutal invasión rusa de Ucrania, se presentó la Ley estadounidense de Justicia para las Víctimas de Crímenes de Guerra (JVWC, por sus siglas en inglés) y posteriormente, el 5 de enero de 2023, el presidente Biden la promulgó. Esta ley permite el enjuiciamiento de presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero si éstos se encuentran en territorio estadounidense. Esta decisión, aunque no tiene efectos retroactivos, sienta las bases para que Estados Unidos lleve ante la justicia a quienes cometan crímenes de guerra contra el pueblo ucraniano.
Condiciones para el ejercicio de la jurisdicción universal. Fuente: Eurojust
Otra limitación para el sistema de jurisdicción universal es la posibilidad de celebrar juicios en ausencia, es decir, sin la presencia física del acusado. Muchos países consideran que los juicios en ausencia son problemáticos debido a las dificultades que plantean para garantizar el derecho a un juicio justo. A diferencia de Ucrania, que permitió la posibilidad de juicios en ausencia en 2014, este procedimiento es imposible en muchos Estados, aunque ningún tratado internacional prohíbe explícitamente el ejercicio de la jurisdicción en ausencia. Con el fin de que se haga justicia lo antes posible, Ucrania sigue garantizando la presencia de un abogado defensor para los acusados, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por supuesto, la mayoría de estos criminales se encuentran en territorio ruso, y es muy poco probable que Rusia acceda a extraditar a sus ciudadanos. No obstante, estos casos pretenden enviar un mensaje claro a los perpetradores de que su libertad de movimiento está significativamente restringida, la rendición de cuentas es inevitable y la amenaza de enjuiciamiento se cernirá sobre ellos para siempre. Además, proporciona a las víctimas una sensación de reconocimiento y validación. Esto concuerda con una de las máximas jurídicas: “Justicia retrasada es justicia denegada”.
Hay razones para creer que la comunidad internacional desempeñará un papel crucial a la hora de ayudar a las víctimas en su búsqueda de justicia. En diciembre de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro soldados rusos por confinamiento ilegal, tortura y trato inhumano de un ciudadano estadounidense durante la guerra de Ucrania. La Fiscalía General de Ucrania señaló que “era el primer caso de rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos durante la agresión rusa bajo la jurisdicción de países extranjeros.”
En lo que respecta a Europa, en octubre de 2023, la ONG “Clooney Foundation for Justice” presentó en Alemania tres casos relativos a crímenes de guerra de los soldados rusos. Los casos están relacionados con el ataque con misiles cerca de Odesa que causó la muerte de 22 civiles, la detención ilegal y ejecución de 4 hombres en la región de Járkiv, y una secuencia de ejecuciones y violencia sexual cometida cerca de la región de Kyiv a principios de 2022. Cuando las autoridades alemanas consideren que las pruebas son convincentes, podrán iniciar una investigación penal, que podría conducir a la emisión de órdenes de detención contra los sospechosos. A través de los sistemas de Europol e Interpol, la ejecución de estas órdenes de detención puede extenderse mucho más allá de Alemania.
Además, según el ministro federal de Justicia de Alemania, en el procedimiento relativo a los disparos selectivos contra civiles que huían en Hostomel, ya se ha identificado a cinco tiradores rusos. Francia también ha iniciado una investigación tras la muerte del periodista de France-Presse por un cohete ruso en la región de Donetsk, y las fuerzas de seguridad lituanas están investigando el asesinato del cineasta lituano en Mariúpol junto con otras violaciones del Derecho internacional humanitario.
En Borodianka, al noroeste de Kyiv, una bandera ucraniana ondea sobre una zona residencial destruida por las fuerzas rusas. Fuente: Serhiy Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Images/LightRocket/Getty Images
Conclusión
Los atroces crímenes rusos cometidos en Ucrania han llevado a la comunidad internacional a explorar diversas vías para llevar ante la justicia a los altos dirigentes rusos y a los delincuentes subordinados. La Corte Penal Internacional y los posibles tribunales especiales son, sin duda, mecanismos clave, pero el sistema ucraniano necesita ayuda y socorro más inmediatos. Por ello, es crucial que otros países utilicen mecanismos de jurisdicción universal para procesar a los criminales, reunir pruebas para los procesos judiciales posteriores y garantizar que las víctimas se sientan validadas en sus experiencias.
En la situación ucraniana, la comunidad internacional dispone de muchas vías para recabar pruebas, dado que la guerra continúa. No hay obstáculos como recrear acontecimientos históricos milenarios y acceder a testigos. Muchos actores participan en la documentación de los crímenes de guerra rusos y están dispuestos a compartir las pruebas – desde las autoridades nacionales hasta las organizaciones de la sociedad civil – y las expectativas de la sociedad son altas, con más de un 70% de personas que exigen que se persigan los crímenes.
La administración de la justicia internacional es un proceso intrincado, que requiere mucho tiempo y recursos, y que se ve obstaculizado por diversos problemas inherentes. No obstante, la jurisdicción universal puede ser un complemento eficaz de los mecanismos de justicia internacional para exigir responsabilidades a los perpetradores de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, y enviar una señal de que el ciclo de impunidad acabará por romperse.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados en los documentos publicados en este sitio pertenecen únicamente a los autores, y no necesariamente al Centro de Diálogo Transatlántico, sus comités o sus organizaciones afiliadas. Los documentos están destinados a estimular el diálogo y la discusión y no representan posiciones políticas oficiales del Centro de Diálogo Transatlántico o cualquier otra organización con la que los autores puedan estar asociados
