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Tras reducir su dependencia de los suministros energéticos rusos, la Unión Europea se enfrenta a una decisión que va mucho más allá de la política energética. El eje meridional, y en particular el Magreb, es percibido cada vez más como un componente de la nueva arquitectura energética europea: Argelia puede aumentar rápidamente los volúmenes de gas suministrados por gasoducto, mientras que Marruecos se posiciona como una plataforma para la transición «verde» y para las futuras cadenas de valor energéticas. Sin embargo, la principal apuesta no se limita al suministro de recursos, sino que también radica en su impacto político: una asociación energética puede convertirse en un puente para la construcción de un «cinturón de estabilidad» en la Vecindad Sur de la UE, una región de la que Europa depende tanto como de su Vecindad Oriental.
No obstante, sin un marco político adecuado y sin inversiones específicas, la cooperación energética corre el riesgo de quedarse en un acuerdo coyuntural en lugar de convertirse en la base de unas relaciones estables. La ausencia de interconectores, los desafíos de gobernanza en el sector, la cuestión del Sáhara Occidental y la rivalidad entre Argelia y Marruecos influyen directamente en la capacidad de la UE para transformar el eje meridional de un mero «mercado de recursos» en un espacio de asociación y estabilidad.
El eje meridional en la política energética europea suele describirse como el anclaje más «cercano» y, por tanto, aparentemente más natural para la diversificación, especialmente tras la reducción de las importaciones procedentes de Rusia y en el marco de la estrategia REPowerEU. El Magreb resulta, en efecto, una opción atractiva: su proximidad geográfica, las rutas de suministro ya existentes hacia los Estados miembros del sur de la UE, los vínculos históricamente estrechos y un importante potencial de inversión que puede presentarse no solo como una serie de acuerdos energéticos, sino también como una asociación más amplia para el desarrollo. Según el informe de seguimiento de la Comisión Europea sobre los avances de REPowerEU, Argelia sigue siendo un proveedor importante y fiable de gas para la UE, lo que subraya la relevancia permanente del eje meridional.
Sin embargo, es precisamente aquí donde surge la principal trampa: el éxito del eje meridional no depende únicamente de cuánto gas o cuántos megavatios puedan ofrecer Argelia o Marruecos, sino de si la UE es capaz de convertir la energía en un instrumento de política exterior gestionable, predecible y escalable; en otras palabras, en un puente hacia la estabilidad y no en una herramienta provisional para «tapar carencias».
En primer lugar, incluso contando con una base de recursos y con la disposición a suministrar volúmenes adicionales, Europa se enfrenta a limitaciones internas de infraestructura. El ejemplo más claro es la capacidad insuficiente de los interconectores entre España y Francia. La península ibérica ha funcionado durante mucho tiempo como una isla energética, un cuello de botella estructural que la UE aborda ahora mediante una inversión del BEI de 1.600 millones de euros en el interconector del golfo de Vizcaya, destinado a aumentar la capacidad de intercambio de 2,8 GW a 5 GW. Como resultado, el eje meridional suele funcionar como una solución para determinados Estados miembros, pero no se convierte automáticamente en una salvaguarda sistémica para la Unión en su conjunto. Esto significa que cualquier debate sobre el Magreb como pilar de la nueva arquitectura energética europea tropieza inevitablemente con la lógica de la propia red de la UE: diversificar proveedores sin diversificar y reforzar las «arterias» internas no genera un rendimiento estratégico completo.
En segundo lugar, el eje meridional no puede considerarse al margen de la economía política de la región. A diferencia de la noción tecnocrática de un «mercado de proveedores», el Magreb es un espacio en el que las infraestructuras y las rutas energéticas pueden convertirse en parte de la competencia política y del conflicto diplomático. La rivalidad entre Argelia y Marruecos, la cuestión del Sáhara Occidental y las sospechas mutuas convierten incluso los proyectos prometedores en arreglos frágiles: dependen no solo del precio o de la tecnología, sino también de la temperatura política, del entorno de seguridad, de la legitimidad interna de las decisiones y de los equilibrios regionales. Para la UE, esto plantea un desafío práctico: construir un «cinturón de estabilidad» a través de la energía solo es posible cuando los acuerdos energéticos se ven reforzados por un marco más amplio de presencia, que incluya inversión, instituciones y seguridad, y cuando los riesgos de conflicto no solo se reconocen, sino que se gestionan activamente.
En tercer lugar, la política energética europea está determinada simultáneamente por dos horizontes temporales que no siempre resultan fáciles de conciliar. A corto plazo, la UE necesita volúmenes fiables no procedentes de Rusia y soluciones relativamente rápidas para estabilizar el mercado energético. A largo plazo, prevalece la lógica de la descarbonización: el Pacto Verde, los objetivos de neutralidad climática y la transformación industrial. En el contexto del Magreb, esto significa que las dimensiones «gasista» y «verde» de la agenda no deben contraponerse. Si la UE invierte únicamente en infraestructura de combustibles fósiles sin un plan de compatibilidad con futuras cadenas de valor bajas en carbono, corre el riesgo de crear nuevas dependencias y activos varados. Si, por el contrario, apuesta solo por tecnologías verdes, el impacto puede ser demasiado lento para las necesidades actuales. Por ello, la calidad de las inversiones y el diseño de las asociaciones se vuelven decisivos: las soluciones deben fortalecer simultáneamente la resiliencia energética «aquí y ahora», preservando al mismo tiempo margen para la conversión tecnológica y una transición «más adelante».
En última instancia, el eje energético meridional es, para la UE, una prueba de su capacidad para combinar la política interna de infraestructuras, la presencia inversora exterior y la política de vecindad en una única construcción estratégica. Precisamente por eso, la energía puede convertirse en un puente hacia contactos estables y hacia un «cinturón de estabilidad» en la Vecindad Sur, pero solo si la UE trata al Magreb no como un sustituto temporal de suministros, sino como un espacio de asociación a largo plazo, en el que la estabilidad y el beneficio mutuo requieren inversión sistémica y un marco político.
En la ecuación energética meridional de la UE, Argelia aparece como el socio más evidente, porque ofrece aquello de lo que Europa carece en un periodo de turbulencia: relativa proximidad geográfica, rutas de gasoducto ya existentes y capacidad para respaldar el sistema energético sin una exposición constante a la competencia global por los buques de GNL y los cuellos de botella marítimos. Por eso, después de 2022, la vía argelina empezó a percibirse no simplemente como una opción entre otras, sino como un instrumento práctico para fortalecer rápidamente la resiliencia, especialmente para los Estados miembros del sur de la UE. Italia y Argelia, por ejemplo, acordaron aumentar el suministro de gas a 9 bcm/año para 2024 a través del gasoducto TRANSMED. En este sentido, Argelia representa la distancia corta: puede generar efectos con mayor rapidez que cualquier gran proyecto verde que requiera años de preparación, financiación y despliegue de infraestructuras.
Sin embargo, una asociación estratégica con Argelia no puede reducirse a la lógica de que «más metros cúbicos equivalen a más seguridad». La realidad es más compleja, y es precisamente en esa complejidad donde se encuentran las principales lecciones para la UE. En primer lugar, incluso cuando Argelia tiene potencial para aumentar los suministros, el impacto sobre la situación energética europea en su conjunto sigue siendo desigual: el gas entra en Europa por rutas concretas y refuerza principalmente aquellos mercados que están físicamente más cerca o mejor conectados. Sin interconectores internos más sólidos dentro de la UE, Argelia no se convierte en un «proveedor para todos»; sigue siendo de importancia crítica, pero sobre todo para una parte de la Unión.
En segundo lugar, el sector energético argelino tiene sus propios «límites internos»: infraestructuras envejecidas, restricciones regulatorias y un entorno de inversión nacionalista que disuade al capital extranjero, todo lo cual afecta directamente a la capacidad del país para ampliar sus exportaciones de manera sostenible. Italia, el mayor cliente de Argelia dentro de la UE, ya vio cómo la proporción argelina en sus importaciones de gas cayó del 44 % en 2022 al 36 % en 2024.
También existe el factor del horizonte temporal: la UE piensa en términos de transición, descarbonización y una futura economía del hidrógeno, mientras que el modelo de ingresos de Argelia sigue estando en gran medida vinculado a los hidrocarburos. El Diálogo Energético de Alto Nivel UE-Argelia más reciente, celebrado en febrero de 2026, reflejó esta tensión, con debates sobre cooperación gasista, energías renovables e hidrógeno, lo que indica que Bruselas busca ampliar la relación más allá de los combustibles fósiles. Esto no genera un conflicto, sino una tensión de intereses que debe calibrarse correctamente para que la asociación no se convierta en una transacción temporal.
Por lo tanto, para la UE, Argelia representa tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad consiste en que puede ayudar a amortiguar el impacto sobre Europa durante el período de transición. El desafío radica en que lograr un verdadero rendimiento estratégico exige una calidad distinta de implicación: no solo comprar un recurso, sino construir un marco de confianza y previsibilidad que incluya inversiones en la modernización del sector, infraestructura, reglas del juego transparentes y la alineación gradual del diálogo energético con los objetivos a largo plazo de la UE.
En la lógica de un «cinturón de estabilidad», esto es especialmente importante: los suministros estables surgen allí donde existen condiciones institucionales y económicas estables, no solo allí donde hay yacimientos.
Si Argelia representa en esta historia un socio para la seguridad energética de «hoy», Marruecos se perfila más bien como un socio para la arquitectura energética del «mañana». El país no dispone de reservas comparables de gas o petróleo; en cambio, está construyendo su papel energético en torno a la generación renovable y a la idea de convertir su proximidad geográfica a Europa en una ventaja económica. La Asociación Verde UE-Marruecos, firmada en octubre de 2022 y primer acuerdo de este tipo en el marco de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo, estableció un diálogo político sobre clima, energía y economía verde, incluyendo explícitamente el desarrollo de la economía del hidrógeno. Para la UE, esto abre un tipo diferente de cooperación: no una sustitución rápida de suministros, sino una asociación de inversión capaz de crear nuevas cadenas de valor.
Las ambiciones de Marruecos en este ámbito son considerables. En marzo de 2024, el Gobierno lanzó el programa de inversión Morocco Offer, destinando 300.000 hectáreas a proyectos de energías renovables e hidrógeno verde por un valor aproximado de 32.500 millones de dólares, centrados en amoníaco verde, e-combustibles y acero verde. Para marzo de 2025, cinco consorcios de inversores ya habían sido preseleccionados para la primera fase. El país aspira a que las energías renovables representen el 52 % de la capacidad instalada total para 2030. Alemania, los Países Bajos y otros socios europeos ya han firmado planes de acción bilaterales y memorandos de entendimiento destinados a impulsar el hidrógeno, la infraestructura portuaria y los corredores marítimos verdes.
Es precisamente aquí donde la energía funciona mejor como un «puente». La vía marroquí permite a la UE vincular sus intereses energéticos con la lógica más amplia de la Política Europea de Vecindad: desarrollo, infraestructura, cooperación tecnológica, empleo y fortalecimiento de la resiliencia de los socios. Desde una perspectiva más amplia, esto encaja con la concepción europea de estabilidad a través del desarrollo, en la que un socio no se limita a suministrar un recurso, sino que se convierte en participante de una transformación compartida. Cabe señalar, sin embargo, que a partir de 2026 la electricidad quedará sujeta al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE, lo que desplaza el poder de negociación hacia Bruselas y refuerza la urgencia de la descarbonización para los productores marroquíes.
Sin embargo, el potencial de Marruecos no existe en el vacío. Se enfrenta a riesgos políticos y tensiones regionales, especialmente en torno al Sáhara Occidental, así como a la necesidad de realizar inversiones cuantiosas y de largo plazo que requieren un elevado grado de previsibilidad y confianza.
Es importante subrayarlo para evitar crear falsas expectativas: la agenda «verde» en el Sur puede convertirse en una historia de éxito para la UE, pero no es automática ni constituye una solución rápida. Por ello, Marruecos no debe presentarse como una alternativa a Argelia, sino como otra capa de una misma estrategia: Argelia puede reforzar la resiliencia a corto plazo, mientras que Marruecos puede ayudar a Europa a invertir en un futuro modelo energético y, en un sentido más amplio, en la estabilidad a largo plazo de la Vecindad Sur.
En el momento en que la UE intenta construir un «cinturón de estabilidad» a largo plazo en el Norte de África, el elemento más difícil de esta construcción no es la falta de recursos ni siquiera la escasez de financiación, sino la geometría política de la región. Desde 2021, cuando Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos, ambos vecinos se encuentran inmersos en una profunda crisis. Según el International Crisis Group, los incidentes en el Sáhara Occidental entrañan el riesgo de una escalada directa entre ambos países, mientras que las sospechas mutuas se han intensificado considerablemente.
Para Bruselas, Argelia y Marruecos suelen aparecer como dos vías de cooperación separadas: cada una importante, cada una prometedora y cada una con sus propios intereses y formatos de diálogo con la UE. En la práctica, sin embargo, estas vías se cruzan. La rivalidad entre ambos países significa que la energía casi nunca permanece en el terreno de la «economía pura». Rápidamente se convierte en un lenguaje de señales políticas, un instrumento de competencia por la influencia y una herramienta de presión. Ambos países han recurrido al uso de la energía y el comercio como instrumentos para promover sus ambiciones estratégicas: Argelia mediante su influencia gasista sobre Italia y Alemania, y Marruecos a través del proyecto de gasoducto con Nigeria y de sus asociaciones con los países del Golfo. Por ello, cualquier estrategia europea que ignore este contexto corre el riesgo de funcionar únicamente mientras la región disfrute de una especie de «buen tiempo político».
El nudo central de la rivalidad es la cuestión del Sáhara Occidental y el apoyo asociado de Argelia al Frente Polisario. La manifestación energética más evidente de este conflicto fue la decisión de Argelia, en 2021, de suspender las exportaciones de gas a través del gasoducto Magreb-Europa que atravesaba territorio marroquí. Como señala un análisis reciente del German Marshall Fund, la rivalidad entre Argelia y Marruecos influye directamente en la diplomacia energética argelina y limita la capacidad de la UE para considerar el corredor norteafricano como una zona de suministro coherente. Esta complejidad geopolítica se ve agravada además por la dependencia argelina del armamento ruso.
Para Marruecos, se trata de una cuestión de integridad territorial y legitimidad interna, por lo que constituye una línea roja que condiciona la lógica general de su política exterior. Para Argelia, el apoyo al Polisario no es solo un elemento de la política regional, sino también una forma de preservar su propio papel en el equilibrio de poder del Magreb. Como resultado, un conflicto que a primera vista podría parecer «separado» de la energía termina entrelazándose con las rutas energéticas, las perspectivas de grandes proyectos de infraestructura y el nivel general de confianza. Y es precisamente aquí donde la UE debe comprender que incluso los mejores proyectos técnicos pueden perder su sentido si no se ajustan a la realidad política de la región.
Precisamente por ello, la cooperación energética entre la UE y el Magreb es vulnerable a fluctuaciones bruscas. Un deterioro de las relaciones diplomáticas o una escalada de la retórica puede bastar para que el suministro, el tránsito o la coordinación se vean sometidos a presión. Para Europa, esto significa que una apuesta por el eje meridional no puede basarse exclusivamente en acuerdos bilaterales entre las partes. Si la UE quiere que la energía funcione como un puente hacia relaciones estables, necesita al menos mecanismos mínimos que reduzcan el riesgo de un «efecto dominó», en el que las tensiones entre Argelia y Marruecos desestabilicen el panorama regional en su conjunto.
En este contexto, resulta pertinente establecer un paralelismo prudente con la Vecindad Oriental: tanto en el Este como en el Sur, la UE se enfrenta a la realidad de que los grandes conflictos políticos pueden redefinir las decisiones en materia de energía e infraestructura. La diferencia es que, en el Magreb, Europa todavía dispone de un margen más amplio para impulsar una «agenda positiva»: inversión, desarrollo, cooperación tecnológica y proyectos de infraestructura a largo plazo. Y es precisamente este espacio el que puede utilizarse como salvaguarda. Sin embargo, la lógica subyacente es la misma: si la UE no incorpora los riesgos políticos al diseño de sus asociaciones energéticas, se condenará a una gestión reactiva de las crisis, en la que cada escalada exigirá «apagar incendios» en lugar de avanzar de forma constante hacia una resiliencia duradera.
Construir un cinturón de estabilidad a través de la energía es posible, pero solo si Europa comprende que la estabilidad de las rutas y la estabilidad de la región están interconectadas, y que la inversión sin un marco político puede, en ocasiones, únicamente aumentar el coste de futuras crisis.
Cuando la UE habla del Norte de África como parte de una nueva arquitectura energética europea, la cuestión clave no es «si cooperar», sino «cómo hacerlo»: con qué lógica, mediante qué instrumentos y con qué horizonte temporal. En la práctica, la Unión dispone de al menos tres trayectorias diferenciadas, cada una de las cuales responde de manera distinta al dilema entre garantizar una seguridad energética rápida y convertir la energía, a largo plazo, en un puente hacia la estabilidad en la Vecindad Sur.
La opción más sencilla consiste en continuar con vías bilaterales paralelas: profundizar la cooperación con Argelia y Marruecos por separado, sin avanzar hacia formatos más complejos en los que la UE tendría que desempeñar un papel de moderador o mediador entre dos competidores. Este modelo resulta atractivo por su «ligereza» política: permite a la UE evitar cuestiones que rápidamente pueden volverse tóxicas y concentrarse en asuntos prácticos, como contratos, acuerdos de inversión y proyectos específicos. Sin embargo, su principal limitación es evidente: un enfoque bilateral no elimina la fragilidad regional, sino que simplemente enseña a la UE a convivir con ella. Puede funcionar en períodos de relativa calma, pero cuando la rivalidad se intensifica o la confianza se deteriora, la energía vuelve a quedar expuesta al riesgo y Europa termina pagando el precio de la ausencia de salvaguardias sistémicas.
La segunda opción, y la que mejor se ajusta a la idea de un «cinturón de estabilidad», consiste en considerar la infraestructura y la inversión como una estrategia y no como una mera suma de proyectos individuales. En este enfoque, la UE reconoce que la diversificación solo funciona cuando la red interna europea es capaz de distribuir los recursos y cuando los países socios disponen de la capacidad institucional y regulatoria necesaria para actuar como proveedores o plataformas de producción fiables.
Esto implica invertir no solo «allí», en el Magreb, sino también «aquí», en el corazón de Europa: en conexiones, flexibilidad del sistema, interconectores y modernización de las redes. Paralelamente, supone invertir en los sectores energéticos de los países socios de manera que se fortalezca no solo el volumen de suministro o los megavatios generados, sino también una resiliencia más amplia: gobernanza, reglas del juego transparentes, desarrollo de infraestructuras y efectos socioeconómicos. Así es como la energía puede funcionar como un puente: proporciona a la UE una base concreta para una asociación a más largo plazo, en la que la estabilidad se construye a través del desarrollo y la interdependencia, y no únicamente mediante compras realizadas en tiempos de crisis.
La tercera opción consiste en una apuesta tecnológica verde, en la que la UE centre principalmente su cooperación en Marruecos como futura plataforma para las energías renovables, el hidrógeno verde y los productos derivados. Este enfoque es el que mejor se ajusta a la lógica climática de la UE y puede generar una integración más profunda en las futuras cadenas de valor. Sin embargo, presenta dos limitaciones naturales: el tiempo y el coste. Los proyectos verdes rara vez producen resultados inmediatos; requieren ciclos de inversión prolongados, infraestructura, marcos regulatorios y, sobre todo, un entorno político estable. Por ello, una «apuesta verde» puede constituir un elemento sólido de una estrategia a largo plazo, pero no puede sustituir plenamente las soluciones a corto plazo mediante las cuales la UE busca reforzar rápidamente su resiliencia energética.
En términos prácticos, estos tres paquetes de medidas no son necesariamente excluyentes entre sí; la UE puede combinarlos. No obstante, es importante no perder de vista el eje estratégico central. Si el objetivo no es únicamente la diversificación física de los suministros, sino también la creación de un cinturón meridional de estabilidad, la energía debe convertirse en un «principio organizador» de una asociación más amplia, basada en una comprensión clara de las propias limitaciones de infraestructura de Europa, de los riesgos políticos regionales del Magreb y del largo proceso de la transición verde. Esta conexión entre recursos, inversión, instituciones y estabilidad es lo que puede convertir al eje meridional en un ancla estratégica de largo plazo, y no en una respuesta coyuntural a la próxima crisis.
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